El TSJ obliga al Ayuntamiento de Elche a indemnizar a tres aparcamientos por las pérdidas durante el covid

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana entiende que la empresa Saba Infraestructuras SA, que construyó y ahora explota en Elche en régimen de concesión por cincuenta años los aparcamientos subterráneos de Traspalacio, avenida Comunidad Valenciana (tramo II) y calle Diagonal (tramo norte) tiene derecho a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Elche por las pérdidas que sufrió por la caída de ingresos durante la pandemia del covid. La sentencia viene a revocar otra del Juzgado de lo Contencioso que entendía, al igual que el equipo de gobierno (PSOE y Compromís), que esas pérdidas de recaudación debían asumirlas «a su riesgo y ventura» dentro de lo que se considera un contrato de obra pública.

Fue en 2021 cuando en una junta de gobierno se desestimaron las pretensiones indemnizatorias de Saba, que nacían de una reclamación realizada meses antes en las que alegaba pérdidas entre marzo y agosto de 2020 por el virus y para lo cual aportaba como prueba un informe realizado por la empresa KPMG Asesores SL. En ese periodo, aseguraba que había dejado de recaudar 127.000 euros. Cuantía que reclamaba al Ayuntamiento de Elche porque consideraba que «la gravedad causada por la pandemia de covid-19, la declaración del estado de alarma y las consiguientes limitaciones a la libertad de circulación» le habían supuesto la «pérdida de ingresos», y no solo durante los meses en los que fue decretado el confinamiento por el Gobierno, sino en los dos siguientes. Como se trataba de una concesión, entendía, el Ayuntamiento debía restituir el desequilibrio financiero del contrato de concesión pública existente al no ser una causa que le fuera imputable.

Equilibrio

Pero el equipo de gobierno estimó que «no hay razón para subsanar el equilibrio» del contrato porque, a su vez, entendía, «los perjuicios derivados (...) quedan situados dentro del ámbito del riesgo operacional del contratista». Y sentenciaba en la respuesta a la mercantil que «la ley no permite el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por lo que respecta a la disminución del volumen de ingresos resultado de la aplicación del principio de riesgo y ventura». Ese 21 de marzo de 2021, conocido el rechazo de la junta de gobierno, Saba tuvo abiertas las puertas para acudir a los tribunales. Se dio la circunstancia de que, a diferencia de la concesionaria, el equipo de gobierno sí aprobó (y de hecho a día de hoy sigue haciéndolo y han pasado casi cuatro años del inicio de la pandemia) medidas para ayudar a empresas que han sufrido pérdidas por el covid, caso de bares y restaurantes, por ejemplo, que siguen exentos del pago de tributos por mesas y sillas en la vía pública.

Para revocar el fallo, la sala apela a dos resoluciones previas que ha dictado, una del parking del Hospital La Fe de Valencia, que solicitó el alargamiento del contrato con base a los menores ingresos durante las restricciones de movilidad; y una reclamación de una empresa que tuvo que asumir gastos extraordinarios por el aumento de la eliminación de residuos sanitarios y peligrosos en pandemia. Ahora bien, Saba en su recurso reclamó pérdidas por un periodo mayor al de aquel escrito y lo elevó del 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2021.

Confinamiento

El fallo del TSJ apela a dos cuestiones básicas: «El servicio de rotación representa la parte más sustancial de los ingresos de Saba» y «es notorio que la pandemia ha provocado importantes restricciones a la movilidad de las personas y al ejercicio de las actividades económicas». Después analiza el informe pericial que constata esta caída de ingresos. En marzo de 2020 fue del 54 % (el confinamiento se acordó el día 14); en abril, del 89 %; y en mayo, del 76 %. Del 32 % en julio, del 43 % en agosto, del 16 % en septiembre; del 37 % en octubre y noviembre; y del 28 % en diciembre.

Entiende el TSJ que «la pandemia generada por el virus del covid es un motivo suficiente para hacer uso de los conceptos fuerza mayor, riesgo imprevisible», pero rechaza una indemnización por un periodo de 15,5 meses, «esta situación alcanza, de forma única, a los meses en los que se produjo una plena restricción de movilidad; es decir, a marzo, abril y mayo de 2020». Cantidad que la sala dice se fijará en la ejecución de sentencia.

El problema del aparcamiento en Elche se ha agudizado. El Ayuntamiento hizo público hace 16 años una ordenanza para regular este tipo de negocios.