El gran reto pendiente: las zonas de bajas emisiones se dejan para después del 28M

Están obligados desde el 1 de enero de este año, pero ninguno de los ocho municipios de la provincia de Alicante que tienen que implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) lo ha hecho hasta el momento. ¿El motivo principal? El temor de las diferentes formaciones políticas que gobiernan a recibir un castigo en las elecciones del próximo domingo. Y es que las políticas relacionadas con la movilidad se están viendo rodeadas por la polémica, tal y como se ha podido comprobar con medidas puestas en marcha en algunas poblaciones en materia de peatonalización o de carriles bici, que han tropezado con una fuerte contestación por parte de diferentes colectivos. Los expertos, además, destacan que estas políticas están siendo utilizadas por los partidos de la oposición, principalmente los de la derecha, como un ariete para desgastar al adversario.

La implantación de las zonas de bajas emisiones es una exigencia de la Unión Europea (UE) para todas aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes, y tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y contribuir a combatir el cambio climático a través de una serie de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento. En el caso de la provincia son Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy y Elda los municipios que están afectados por esta exigencia, pero, hasta la fecha, ninguno de ellos la ha implementado. 

Con todo, este incumplimiento masivo no se limita solo al territorio alicantino, toda vez que solo una veintena de ciudades de toda España, del total de 149 que están obligadas por ley, arrancaron el año con un mecanismo que conlleva limitaciones al tráfico y que el Gobierno central exigía que estuviese en marcha coincidiendo con el inicio de 2023. Entre los municipios que empezaron el año con zonas de bajas emisiones figuran Madrid y Barcelona.

En el caso de Alicante, su ZBE está previsto que suponga limitaciones al tráfico en busca de una movilidad más sostenible alrededor de dos anillos, uno exterior definido por la Gran Vía, y otro interior que comprende el casco urbano, denominado Centro Tradicional, y que incluye al casco histórico. Elche, por su parte, prevé extender su zona de restricciones a los vehículos sobre una superficie de 536 hectáreas del centro, El Pla, Altabix y El Raval.

Sin embargo, estos son los planes sobre el papel, porque, de momento, están pendientes de aplicación. Y uno de los motivos principales, más allá del mayor margen de maniobra solicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el retraso en la aprobación del decreto ley, ha sido la cercanía de las elecciones municipales. 

Polémica

Y es que a nadie se le escapa que las políticas relacionadas con la movilidad están generando controversia allí donde se aplican. En la propia capital de la provincia, solo por poner un ejemplo, el Gobierno municipal se ha encontrado con la oposición de los vecinos del Raval Roig a que se peatonalice la calle Virgen del Socorro, sobre la base de que cuenta con numerosos garajes. También en Elche hay críticas vecinales por los problemas de circulación que genera el carril bici que va desde el Hospital General hasta la calle Pedro Juan Perpiñán, así como por la eliminación de plazas de estacionamiento en otros carriles proyectados. También está soportando reproches el Gobierno municipal de Alcoy por el carril bici actualmente en ejecución entre el centro de la ciudad y la Zona Norte, así como por la reciente peatonalización de diversas calles del casco antiguo. 

Así que no es de extrañar, a la vista de todo ello, que los gestores municipales de los diferentes ayuntamientos hayan decidido posponer la implantación de las zonas de bajas emisiones, por temor a que pudiese repercutir de forma negativa sobre sus perspectivas electorales.

Un aplazamiento que viene sustentado no solo por la respuesta que pueda tener por parte de los vecinos o de colectivos como los comerciantes, sino también por el uso que puedan hacer de estas polémicas los partidos en la oposición. Carlos Gómez Gil, sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante (UA), no duda a la hora de señalar que los temas de movilidad se están usando como un ariete por parte de la derecha. Según sus palabras, «Vox lo ha convertido en una de sus líneas rojas, dentro de su postura negacionista del cambio climático. Y el problema es que, en la medida en que el PP gobierna con esta formación, está teniendo que transigir con algunos de los postulados de la extrema derecha», subraya.

Y pone como ejemplo a Alicante, donde, destaca, «el alcalde Barcala tiene la zona de bajas emisiones escondida en un cajón, porque no quiere descubrir su estrategia ante lo que pueda pasar».

Gómez Gil, asimismo, destaca que el tema de la movilidad forma parte del mismo paquete que los impuestos, la sanidad o el agua, dentro de la estrategia de confrontación política por parte de la derecha. «Estamos viendo cómo se niega el papel de la fiscalidad cuando se tienen que sostener los servicios públicos, o cómo se pide agua cuando no llueve. En este asunto, la extrema derecha ha convertido la Agenda 2030 y las medidas para el desarrollo sostenible en su particular demonio, y convierte en elementos de enfrentamiento cuestiones que son de sentido común».

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Y va más allá, señalando que se está apelando a un voto visceral sin entrar a analizar unas medidas que son obligatorias por parte de la UE, ante la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de CO2. «Se están negando las evidencias científicas», enfatiza.

Con todo ello, al profesor de la UA no le extraña que las formaciones políticas que gobiernan «no hayan querido meterse en líos antes de las elecciones, porque se trata de un asunto que se ha ido emponzoñando y temen salir trasquilados en las urnas».

Gómez Gil, asimismo, lamenta que «no se haga pedagogía con estos temas, y que se estén abordando desde el exabrupto y la negación científica». El experto reconoce que este tipo de políticas tocan la fibra de la gente, «pero no se trata de prohibir de un día para otro, sino de planificar y de ofrecer alternativas a la ciudadanía. Hay que dejar margen para la pedagogía social».

Aceleración

Y aquí es donde entra Armando Ortuño, profesor de Territorio, Transporte y Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, quien recuerda que las políticas para mejorar la calidad del aire y reducir tanto los ruidos como los accidentes nacieron hace 30 años, y que desde entonces se ha ido avanzando lentamente. Con todo, la implantación de las zonas de bajas emisiones que exige ahora la Unión Europea, resalta, «es poner el pie en el acelerador. Nos ha costado un poco y los ayuntamientos se han ido haciendo los remolones por miedo a que la sociedad no lo asuma, pero se trata de un camino imparable para el que ya no hay vuelta atrás».

Y, en este sentido, deja claro que no hay que inventar nada nuevo. «Al final, las medidas son las de siempre: reforzar el transporte público, contar con una buena red de carriles bici y realizar un buen diseño de la infraestructura urbana». Además, coincide con Gómez Gil con que hay que actuar desde la pedagogía y dialogando con los vecinos. Según sus palabras, «las peatonalizaciones se ha demostrado que estimulan el comercio y que son compatibles con la carga y descarga. También se pueden poner báculos para permitir el paso de los residentes». Para Armando Ortuño, «hoy en día no hay excusas para no avanzar», asevera.

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Pero, con todo ello, la mayor parte de las formaciones políticas pasan de puntillas sobre estas cuestiones en sus programas electorales, sobre la base de que se trata de competencias municipales. Sí que se muestra contundente Vox, que afirma que derogará las zonas de bajas emisiones al considerar que «solo traerán la ruina y la miseria al pequeño comercio y a la hostelería», destacando, además, que solo habilitará carriles bici «allá donde no perjudiquen a la circulación de vehículos y peatones». Por contra, tanto Compromís como Unides Podem apuntan en la dirección contraria. Los valencianistas reiteran su apuesta por la peatonalización de los centros y núcleos antiguos y por favorecer el uso de la bicicleta, poniendo como ejemplo lo llevado a cabo en ciudades como València o Elche, mientras que los morados abogan por el desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible en los municipios de más de 20.000 habitantes

El PSPV apuesta por el transporte público, con la ampliación de las líneas de TRAM entre Orihuela y Torrevieja, y entre este municipio y el aeropuerto, al tiempo que el PP plantea planes de movilidad e integración de medios de transporte también en localidades de más de 20.000 vecinos. Ciudadanos, por último, pone el acento en los aparcamientos disuasorios en puntos cercanos a las grandes ciudades.