Los ayuntamientos proponen multas de 200 euros a los conductores que incumplan las Zonas de Bajas Emisiones

Infracciones de 200 euros a los conductores que incumplan las restricciones al tráfico que recojan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta es la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se incluye en la ordenanza tipo sobre las áreas que Europa obliga a implantar para mejorar la calidad del aire, que se aprobó por unanimidad en la reunión de la Junta de la FEMP celebrada en Alicante la pasada semana, en la que Luis Barcala ejerció de anfitrión. Se trata del documento al que los ayuntamientos suelen recurrir como base (en ocasiones, se traslada todo el articulado) para impulsar sus respectivas ordenanzas.

El texto, de 29 páginas, señala que las sanciones establecidas en la ordenanza se imponen en base a las infracciones del artículo 76-z3, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas referidas a no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las ZBE".

El régimen sancionador de las ZBE propuesto por la FEMP se fundamenta en las "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en las ZBE, por determinación de la autoridad municipal en el ejercicio pleno de sus competencias, que es de plena aplicación, logre o no, alcanzar los objetivos perseguidos, sean estos los que sean, relativos a la calidad de aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética, ruido o cualquier otro, que se establecieron en el proyecto de ZBE".

Las zonas de bajas emisiones alejan los coches más contaminantes del centro de las ciudades

Para los miembros de la FEMP, la entidad que engloba principalmente a ayuntamientos y diputaciones, debe tener "consideración de infracción grave el no respetar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento", en particular el incumplimiento de la prohibición de circular o estacionar dentro de la ZBE por parte de los vehículos sin permiso.

Las sanciones propuestas de 200 euros, una cantidad que los ayuntamientos en aplicación de su autonomía local deben decidir si mantienen o modifican, podrán incrementarse en un 30%, en caso de reincidencia de la persona responsable. "Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido, en el plazo de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme", según recoge la ordenanza tipo aprobada por la FEMP por unanimidad en la reunión celebrada en Alicante.

Por ahora, ninguno de los ocho ayuntamientos de la provincia de Alicante obligados a implantar una ZBE -es decir, los de más de 50.000 habitantes- ha puesto en marcha restricciones de vehículos, a pesar de que el Gobierno central marcó el 1 de enero de 2023 como fecha límite. Ni Alicante, ni Elche, ni tampoco Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy ni Elda.

Ni rastro en la provincia, por ahora

Este incumplimiento masivo de la ley de cambio climático no se limita a la provincia de Alicante. Es un hecho generalizado. Tal es así menos de una veintena de municipios de toda España, del total de 149 que están obligados por ley, arrancaron el año con un mecanismo que conlleva limitaciones al tráfico y que el Ejecutivo central exigía que estuviera en marcha con el inicio de este año, aunque la FEMP había solicitado un mayor margen de maniobra por el retraso en la aprobación del decreto. Entre los municipios que empezaron el año con zona restringida al tráfico destacan Madrid y Barcelona.

En la capital alicantina, la ZBE ha estado presente en el inicio del año, pero no por su implantación, sino por ser objeto de "censura" por parte de Vox. De hecho, ha sido el motivo al que se ha acogido la formación ultra para no desbloquear las cuentas municipales de 2023, lo que ha obligado al bipartito a prorrogar las cuentas de 2022.

Alicante, aunque aún no tiene desarrollada la letra pequeña, ya ha previsto que su zona de bajas emisiones supondrá limitaciones al tráfico en busca de una movilidad más sostenible en torno a dos anillos delimitados en la ciudad, uno exterior, que se define por la Gran Vía, como arteria principal de distribución de tráfico en la ciudad y todo el frente litoral, y uno interior, que comprende el centro urbano, denominado Centro Tradicional y que incluye el Casco Histórico, que se configura por las avenidas Alfonso El Sabio, Doctor Gadea y Federico Soto.

Elche, por su parte, prevé extender su zona de restricciones al uso de vehículos sobre una superficie de 536 hectáreas del centro, El Pla, Altabix y El Raval. El Ayuntamiento ha diseñado tres zonas de bajas emisiones donde el autobús tendrá prioridad. En la ciudad de las palmeras, el gobierno local ya ha avanzado que trabaja en el desarrollo de una ordenanza que deberá aprobar el Pleno municipal. Se espera, que la puesta en marcha de la ZBE llegue en el segundo semestre de este 2023.

En ninguna de las dos principales ciudades de la provincia, al menos según las palabras de los responsables políticos a las puertas de las elecciones, se cuenta con que haya limitaciones severas al tráfico, alegando que los datos de contaminación son correctos.

En València, por su parte, el Ayuntamiento tiene previsto abrir espacios de participación con agentes sociales para abordar la nueva ordenanza municipal sobre la ZBE, para alcanzar un texto equilibrado donde se recojan excepciones a la norma.

La justicia y otras prohibiciones de Europa

Hace un mes,  el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón, que contempla restricciones de circulación y aparcamiento en el municipio a los vehículos que carezcan de etiqueta medioambiental, al reconocer las carencias en la memoria económica. Se estimaron así los recursos presentados por el grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón y el presidente del PP de Gijón, Pablo González, contra la ordenanza aprobada en marzo de 2021. Contra el fallo, cabe recurso de casación. Previamente, la Justicia también tuvo mucho que decir en las ZBE implantadas tanto en Madrid como en Barcelona.

A finales de 2022, Europa acordó prohibir la venta de coches y furgonetas nuevas con motor de combustión a partir de 2035. El acuerdo envía “una fuerte señal a la industria y a los consumidores: Europa está adoptando el cambio hacia la movilidad de emisiones cero”, según dijo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, para quien “los fabricantes de automóviles europeos ya están demostrando que están preparados para dar un paso adelante, con la llegada al mercado de coches eléctricos cada vez más asequibles”.