Ponsatí es un síntoma

Recientemente hemos asistido a un nuevo episodio de sainete en nuestra política cotidiana. La tal señora Ponsatí, consejera de educación del gobierno de la Generalitat de Catalunya bajo la presidencia de Carles Puigdemont, entre los meses de julio y octubre del 2017, fue quien dio las órdenes para que las escuelas públicas se convirtieran en colegios electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de este año. El 28 de octubre y sin estar requerida por la justicia huyó a Bruselas junto con su valedor político, Luis Puig y Tony Comin.

A partir de ahí es conocida la tragicomedia que montaron los independentistas huidos con elecciones europeas de por medio, inmunidades que aún no han sido concedidas y desprecio a la justicia española. Posteriormente, el gobierno español de Pedro Sánchez presentó una proposición de ley que suprimía el delito de sedición, sustituyéndole por el de desórdenes públicos agravados y se introducía un tipo leve de malversación, que entró en vigor el 12 de enero pasado.

La tal señora Ponsatí se paseó por Barcelona la semana pasada con la chulería de quien ha conseguido torcer el brazo del gobierno central. El señor Sánchez asumió como compromiso personal los indultos, la supresión de la sedición y el alivio de la malversación. Todo a cambio del apoyo de los 13 diputados de ERC más los cinco de Bildu y seguramente de sus aliados podemitas.

Alguien ha dicho, con mucha razón, que el gobierno negoció con los delincuentes su impunidad.

¿Por qué viene ahora a la señora Ponsatí a España?

Clara Ponsatí: ¿cuál es su situación judicial? ¿qué pasará si no se presenta en el Supremo el 24 de abril?

Es difícil de entender, porque para la inmensa mayoría de los españoles estos gestos nos revuelven las vísceras digestivas y solo para un minúsculo grupo, entre los que se encuentran independentistas de variado calado, exhibiciones cómo está recargan sus depósitos de autoestima.

Pero el mismo día de este acontecimiento, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que obliga a la readmisión del coronel de la guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, que ha sido relegado por el ministerio del interior bajo la coartada de “pérdida de confianza”.

El coronel Pérez de los Cobos, que sepamos, es un servidor público que negó a sus superiores jerárquicos un informe siguiendo las instrucciones de una jueza, ya que estaba actuando como policía judicial. Ahora el Tribunal Supremo acusa al ministro del interior de interferir una investigación judicial.

Contrasta dolorosamente la dulzura y la empatía que el gobierno actual aplica a declarados enemigos del Estado y la soberbia y rigidez con que se afana con otras personas, en este caso un servidor de ese Estado.

Independientemente de que el coronel Pérez de los Cobos sea o no un santo varón, el ministro del interior debería haber dimitido tras la sentencia del Tribunal Supremo, en un país civilizado. Pero claro, en cualquier estado de derecho sería impensable que el gobierno de turno se apoye y negocie con delincuentes condenados y enemigos del Estado, que reforme el código penal a la carta o mantenga ministros a todas luces incompetentes y perniciosos para el país.

Aunque nuestra nación no sea un ejemplo de estado de derecho, al menos tenemos la posibilidad de echar a estos tipos de sus poltronas mediante las urnas.

Difícilmente los que les sucedan empeorarán su balance.