Sobre la justicia

Entre aquello que consideramos justo y su contrario, suele haber una infinidad de posibilidades, dependiendo de quién lo analice, de qué se trate o con qué objetivo se haga. Por eso estamos aún lejos de que la justicia sea indiscutiblemente equitativa, equilibrada y que no medie en ella abuso o presión alguna.

El pueblo llano, el que la utiliza y la sufre más contundentemente, sospecha que no existe una jurisprudencia ecuánime, porque se encuentra presuntamente mediatizada, interpretada e influida por los que la promulgan y la imparten, amparados en el llamado «espíritu de la ley».

Existen dos caminos para caer en el embrollo judicial, el voluntario y el involuntario. Desde el primero, se precisa tener un motivo justificado para que un tribunal dirima sobre algún asunto que podría haber quebrantado tus derechos.

El involuntario, por su parte, es en el que te meten a la fuerza por una o varias eventualidades, como haber sido testigo de un delito, haber trasgredido alguna norma o haber sido elegido como miembro de un jurado popular.

De ninguna de ellas hay posible escapatoria una vez que se desencadena el sistema, a no ser que acarrees con las consecuencias, que nunca son aptas para indigestos. Los procedimientos son tan sumamente complejos que un tribunal puede sobreseer una causa, otro abrirla de nuevo y un tercero archivarla definitivamente sin posibilidad de apelación. También cabe la contingencia de que un juez condene y otro absuelva ante una misma causa, de ahí la interpretación y el espíritu de la ley que mencionábamos.

No deja de ser algo chocante para un leguleyo, que los que se dedican a promulgar leyes sean sus señorías, miembros del parlamento y del llamado poder legislativo, que se supone que beben de la voz de la calle para inspirarse en la elaboración, discusión y aprobación de nuevas leyes que rijan los destinos de millones de personas.

Ser miembro del poder legislativo, significa además estar aforado, tener cierta inmunidad e inviolabilidad ante la justicia. Muchos de nuestros legisladores gozan de este privilegio prácticamente de forma vitalicia, dado que están una legislatura tras otra perteneciendo al parlamento o al senado, de tal forma que les resultará difícil saber qué significa ser un ciudadano susceptible de ser juzgado, absuelto y/o condenado.

Todo este supuesto galimatías que sostiene el Estado de derecho podría llegar a ponerse en duda, cuando no todos los ciudadanos están regidos por el mismo rasero, dado que unos pocos gozan del privilegio parlamentario.

Esta paradoja es la que no se ha podido resolver hasta la fecha y la que, de alguna manera, posiciona a unos en un lado de la justicia y a la mayoría en el otro.