La Audiencia Nacional protege y suspende las multas impuestas a las grandes empresas en este país

La Presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha tratado de impedir que las grandes empresas de éste país se salten las reglas impuestas por las distintas Administraciones públicas, entre otras, los 203 millones de euros, impuestos a las principales empresas constructoras (Ferrovial, OHL, FCC, Sacyr, Dragados, Acciona) que durante 25 años se pusieron de acuerdo para cobrar el doble en las concesiones del Estado para construir, carreteras, universidades, hospitales, colegios, etc..etc… no me extraña que con tantas ventajas, hayan podido expandirse en el extranjero en perjuicio de los intereses de los ciudadanos, sobre todo porqué en España tenemos un gran problema por resolver, con la creación de vivienda social pública, comparativamente con el resto de países de nuestro entorno, ello obliga a la mayoría de nuestros jóvenes a seguir en el domicilio de sus padres, primeramente por tener sueldos precarios, que les impiden acceder a una vivienda de alquiler o a una hipoteca, y que gracias a la reforma laboral, en el mes de marzo se han creado 300 mil empleos fijos, que les da esperanza a los afortunados y esto gracias al esfuerzo del Gobierno de coalición, tan criticado por la oposición, no se acuerdan que en el gobierno de Mariano Rajoy, se destruyeron en el cuarto trimestre del 2012, los mismos 363.300 empleos, rozando los 6 millones de parados, con lo que la cifra de ocupación fue de 16.957.100 personas. Lo lectores podrán comprobar que éste Gobierno, ha superado los 20 millones de ocupados y tiene una tasa de parados hoy, de 2.862.260 , que todavía no es para echar cohetes, pero estamos en camino de conseguirlo.

Volviendo a la Audiencia Nacional, me pregunto yo por qué suspende todas las sanciones a las grandes empresas constructoras. Estarán de acuerdo Vds. que con esos 203 millones perdonados se podrían dedicar a promover la vivienda social. Es el Estado, en mi opinión, quien tiene la responsabilidad de legislar para castigar severamente a los que roban con guante blanco, en lugar de rendirles pleitesía y obligarles a que devuelvan el dinero que cobraron indecentemente, al inflar doblemente los contratos del Estado.