Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante y las Cortes volvieron a pedir ayer la dimisión de la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del proyecto urbanístico de Rabasa y la implantación en estos terrenos de la multinacional sueca Ikea. La reacción se producía tras conocerse la existencia de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de Alicante, que concluye que tanto Castedo como su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, favorecieron la llegada de Ikea al controvertido plan urbanístico. El documento, además, implica a dos técnicos municipales de Urbanismo.

El portavoz de la Ejecutiva local del PSOE en Alicante, Lalo Díez, consideró que «Castedo no puede estar ni un minuto más al frente del Ayuntamiento» y lamentó que la ciudad siga gobernada por una alcaldesa que debería «estar lejos de la gestión del dinero de todos los alicantinos». Sin embargo, dijo, «sus compañeros del equipo de gobierno y del PP continúan mirando hacia otro lado». También criticó que los populares hayan «amparado y consentido los presuntos negocios entre Castedo y Ortiz con tal de seguir en el coche oficial», permitiendo que la ciudad «se hunda en la miseria».

Por su parte, el concejal de EU Daniel Simón señaló que el informe policial que ha trascendido ahora «defiende nuestra convicción de que ha habido trato de favor y un urbanismo dirigido para intereses privados». Añadió que éste «ya no es un tema local», sino que «incluso la derecha dice que Castedo es una vergüenza para el PP», que «en cualquier democracia normal», la alcaldesa «habría dimitido hace tiempo». Por ello, la instó a dejar el cargo. También el diputado autonómico de esta formación Lluís Torró abundó en que «debe haber responsabilidades políticas, al margen de las penales».

Desde UPyD, el edil Fernando Llopis consideró que, a la vista de las conclusiones a las que llega la Policía, «se hace muy difícil que Sonia Castedo siga en el Ayuntamiento». En su opinión, la alcaldesa «haría un favor a la ciudad» con su dimisión, ya que «no es bueno que se hable de Alicante sólo por noticias como ésta» y, además, «la gente está muy enfadada». En este sentido, avanzó que su partido apoyaría «un posible cambio si fuera necesario». También recalcó que «es imprescindible una revisión del proyecto» urbanístico que prevé la implantación de Ikea, puesto que «no puede quedarse bajo sospecha para siempre».

En esta misma línea, la diputada de Compromís Mireia Mollà apeló a que el proyecto «se reconsidere», paralizando en primera instancia la figura aprobada por el Consell «ad hoc para continuar el negocio de Ortiz». La parlamentaria lamentó que a la Generalitat «el informe de la Policía le importa un pimiento», en tanto que da pasos para que se pueda tramitar el plan «pese a que hay un procedimiento judicial en marcha». En su opinión, «el PP sigue atado por Ortiz y Ortiz atado por el PP».