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El Consell redobla su cruzada contra la prostitución: busca apoyo en ayuntamientos y ordenanzas locales

Justicia impulsa una estrategia para articular cambios legales que permitan poner coto a la explotación sexual y evitar que se concedan licencias municipales que camuflen la industria del sexo, que mueve cada día más de 760.000 euros en la Comunidad

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. |

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. | ANA ESCOBAR

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública cree que los municipios están llamados a desempeñar un papel fundamental en la cruzada emprendida para abolir la prostitución. El departamento que dirige Gabriela Bravo pretende que los ayuntamientos tengan base legal para adecuar sus ordenanzas con tal de poder actuar contra los establecimientos que, en palabras de la consellera, «dan cobertura a la explotación sexual».

La expedición de licencias municipales bajo la condición de locales de copas, bares u hoteles camufla habitualmente la verdadera actividad de la industria del sexo y desde la Generalitat se ve a los consistorios como aliados que necesitan contar con herramientas para contribuir a atajar esta realidad. Se trata de que los municipios formen parte del engranaje institucional puesto en funcionamiento, precisamente, para poner freno a una práctica que mueve 760.000 euros diarios en la Comunidad Valenciana, donde se calcula que se encuentran 10.000 mujeres prostituidas .

La estrategia del departamento de Justicia para articular cambios legales y de mentalidades para que la compra de sexo no sea una opción admisible en ninguna circunstancia se está planificando a través de iniciativas que emanan del Foro por la Abolición de la Prostitución. Impulsado por el departamento de Bravo, uno de los grupos de trabajo aborda, en concreto, la necesidad de reformas del marco legislativo para hacer un diagnóstico de la situación normativa actual como paso previo para proponer modificaciones normativas en la esfera municipal, autonómica y estatal que permitan acabar con el comercio sexual. Se trata, en definitiva, de aclarar qué mecanismos se encuentran disponibles a nivel local y regional, y de elaborar informes para dirigir propuestas sólidas al Gobierno central en cuestiones en las que no pueda legislar el Consell.

En este contexto, la provincia será el escenario de una reunión de un grupo de expertos que dirigen sus investigaciones y propuestas en esa dirección. En concreto, mañana lunes se celebrará el seminario «Reformas normativas y medidas para la abolición de la prostitución en el ámbito autonómico y local», programado en la Universidad de Alicante. Moderado por María Concepción Torres, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la UA, contará también con Modesta Salazar, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Alicante; Reyes Marzal, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia; Josep Ochoa, profesor titular de Derecho Administrativo de la UA; Verónica Gómez, inspectora del Grupo I de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Alicante; y Lydia Delicado, del Ayuntamiento de Alicante.

La Conselleria impulsó este foro de trabajo al entender que la explotación sexual supone «una forma extrema de violencia contra las mujeres, representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, y constituye una de las violaciones de los derechos humanos más graves», según la resolución que fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es por ello que también está dirigiendo acciones formativas concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre este asunto.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se posiciona a favor del abolicionismo al considerar que «la prostitución es una forma de explotación sexual que no debe ser regulada ni sancionada, debe ser eliminada», advirtiendo incluso que «ha llegado el momento de acabar con la tolerancia que reina de facto en nuestras ciudades y pueblos». Lo que se precisa ahora es marcar la hoja de ruta para llevar a efecto ese propósito.

Francia y Suecia, espejos en los que se mira la Generalitat

El modelo de Francia y Suecia es el espejo en el que se mira la Generalitat y, en concreto, la Conselleria de Justicia, para hacer frente al consumo de prostitución. La estrategia se basa en poner el foco en los promotores de este tipo de negocios, pero también en el consumidor. En esa línea, se ha impulsado la campaña «Si pagas, abusas», dirigida a menores de 30 años y que cuenta con un anuncio rodado por la directora de cine social y ganadora de un Goya Mabel Lozano.

El departamento que lidera Bravo ha impulsado, además, dos grandes estudios de campo que permitirán radiografiar la realidad de la prostitución en la Comunidad: uno desarrollado desde la UMH centrado en la percepción que la sociedad valenciana tiene sobre el fenómeno y otro por la Universitat de València para conocer cuántas mujeres están en esta situación, su perfil económico, social y familiar o estimar el volumen de dinero que mueve esta actividad, entre otros parámetros. Para Gabriela Bravo, «no es de recibo que, por mantener un concepto obsoleto e injusto del orden público, para atajar la prostitución se pretenda perseguir a la víctima y no al victimario, al prostituidor, al mal llamado cliente». Los informes que se elaboren desde el Foro para la Abolición de la Prostitución serán «los cimientos sobre los que articularemos una propuesta sólida y potente de reformas legislativas y políticas públicas que nos permitan, como dijo Ximo Puig, que la Comunidad Valenciana sea una tierra que ponga fin a la explotación sexual», asevera la consellera.

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