Innovación se marca de plazo hasta fin de año para reorganizar la AVI y el Ivace

Hasta fin de año. Ese es el plazo que se ha marcado la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para concretar la reestructuración tanto de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) como del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). El objetivo, según el Ejecutivo valenciano, es evitar duplicidades entre ambos organismos y decidir si la AVI continúa funcionando como tal o se integra en la estructura de la propia conselleria. También está previsto el diseño de un mecanismo para que el reparto de las ayudas de la agencia, que hasta ahora habían dejado en un segundo plano a la provincia de Alicante, sea equitativo y proporcional. 

Fue una de las grandes apuestas del anterior Gobierno del Botànic para el impulso de la innovación en el conjunto de la Comunidad Valenciana y ahora su futuro, al menos con estructura propia, está en el aire. Esa es la situación en la que se encuentra la AVI, dentro del proceso que quiere llevar a cabo el nuevo Gobierno liderado por Carlos Mazón para aligerar las estructuras de la Generalitat, impulsar la simplificación administrativa y recortar gastos. De momento, no hay una decisión tomada, toda vez que va a depender del estudio que se está llevando a cabo sobre las funciones de este departamento y la efectividad de las acciones que desarrolla. Eso sí, lo que tienen claro en la conselleria es que habrá que concretarlo con la mayor celeridad posible.

Y la reestructuración que se pueda llevar a cabo en la AVI va a afectar de lleno también al Ivace, teniendo en cuenta que este instituto tiene algunas competencias en materia de innovación. Así, fuentes de la conselleria explican que lo que se busca es que no haya funciones que se solapen entre sí, siempre con la finalidad de conseguir una mayor eficacia y que las empresas cuenten con una única ventanilla a la que trasladar sus necesidades. Otro de los objetivos es que, bien como sociedad instrumental, o bien integrada en la estructura de la propia conselleria, exista una mayor conexión y se potencien las sinergias entre los diferentes departamentos. 

De momento, aseguran las mismas fuentes, todas las posibilidades siguen abiertas, aunque la decisión no se demorará más allá de este año. Otra cosa será la plasmación de aquello que se decida, dado que, dependiendo de su complejidad, podría prolongarse algún tiempo más.

El Ivace destina 5,3 millones para fomentar la eficiencia energética de la industria

La indefinición que hay ahora mismo se refleja en el organigrama directivo de ambos organismos, que constatan una situación de provisionalidad. En el caso de la AVI, fue el pasado viernes cuando Mazón aceptó la dimisión del que había sido su máximo responsable desde su creación en 2017, Andrés García Reche, por lo que sus funciones han sido asumidas de forma provisional por la secretaria general del organismo, Olivia Estrella. En lo que respecta al Ivace, en estos momentos, hay un vacío de poder, dado que sigue sin nombrarse a la persona que sustituya a la anterior directora general, Julia Company, por lo que el funcionamiento depende ahora directamente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, con Nuria Montes al frente. Los nombramientos se llevarán a cabo una vez se concrete el rumbo que cogerá cada organismo, buscando los perfiles adecuados a tal efecto, alegan desde ese departamento.

Entre las cuestiones pendientes de definir dentro del proceso de reestructuración de la AVI figura también la metodología que se adopta en el reparto de las ayudas que ha venido concediendo hasta ahora la agencia. Y es que, pese a tener la sede oficial en Alicante -la operativa estaba en València-, lo cierto es que la provincia ha salido siempre perjudicada en todas las convocatorias, con el consiguiente chaparrón de críticas, incluso por parte de la Diputación que presidía en el anterior mandato el hoy jefe del Consell, Carlos Mazón. De hecho, la institución llegó a aprobar una moción presentada por el PP para denunciar la que consideraba una discriminación en el reparto de las subvenciones, reclamando partidas suplementarias para atender a las empresas, universidades, organismos de investigación, asociaciones y entidades locales que se habían quedado fuera al no aplicarse un índice corrector territorial. En medio de esta polémica, en la convocatoria de 2022 el Botànic incrementó un 16% los fondos destinados a la provincia, pero, aún así, solo recibió uno de cada cinco euros. Por tanto, el objetivo, aseguran desde la conselleria, es establecer un mecanismo para un reparto equitativo y proporcional.