La AVI, una polémica tras otra hasta su final

«El objetivo de transformar el modelo productivo valenciano es una de las prioridades de este Consell». Estas palabras, pronunciadas por el que fuera vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), Andrés García Reche, contrastan con lo que ha sido el desarrollo del proyecto que puso en marcha el anterior gobierno del Botànic en 2017. La iniciativa nació con el propósito de impulsar la transformación del modelo económico de la Comunidad Valenciana pero sus resultados distan mucho de toda la polémica que ha generado a su alrededor.

El pleno del Consell aprobó, a finales de julio de 2017, el primer presupuesto de la AVI, dotado con 28 millones de euros. La agencia ya nació con mal pie. Su primera polémica llegó con el hecho de que el Botànic planteara que la ubicación institucional de la entidad estuviera en Alicante pero, al mismo tiempo, contemplara otra oficina operativa en València, en lo que se entendió, sobre todo por parte del Partido Popular, que era apenas ofrecer unas migajas para la provincia alicantina.

Pese a los intentos del propio Ximo Puig de zanjar la polémica, llegó a afirmar durante 2017 que las decisiones se tomarían en Alicante, lo cierto es que el rumbo nunca llegó a enderezarse y la polémica sobre la doble sede siguió latente. No ayudó, por ejemplo, que la AVI tuviera cuatro veces más empleados en València que en Alicante, incluido el despacho real de García Reche. Si la iniciativa no arrancó bien, los desiguales criterios de reparto de las ayudas destinadas a la innovación provocaron los episodios de mayor tensión. Las subvenciones para universidades y empresas se destinaban casi en su totalidad a la capital autonómica, provocando un enorme agravio para la provincia.

¿Y la innovación?

Ahora, el actual Consell, formado por el PP y Vox, ha decidido poner el punto final a la AVI. La semana pasada el presidente, Carlos Mazón, presentó el nuevo proyecto, en el que la agencia de innovación impulsada por el Botànic se integra en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, bajo el nombre de Ivace+ i. Mazón defendió que este movimiento supone un paso más «hacia la simplificación, la reducción burocrática y la eliminación de grasa de la estructura administrativa». También es cierto que acabar con la AVI supone cortar las alas a un proyecto ligado a la innovación, como ha denunciado la izquierda, después de que en los últimos meses se haya venido poniendo de manifiesto que en el relato de la Generalitat han desaparecido las menciones a la propia innovación, las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento o la Inteligencia Artificial. 

Finiquitada en la práctica la AVI, deja detrás una trayectoria en la que su verdadera sede nunca se ha ubicado en Alicante y en la que no ha contribuido a impulsar la capacidad investigadora ni a reforzar el tejido productivo, al menos como se pretendía. Lo que sí ha provocado ha sido la indignación y la irritación de los órganos de gobierno de las universidades alicantinas, los investigadores punteros y las organizaciones empresariales por el reparto desigual y discriminatorio que ha afectado a la provincia. Muchas son las voces que responsabilizan de este fiasco a García Reche, que pisó en contadas ocasiones su despacho en la ciudad de Alicante.

La defensa de la AVI estos años ante el malestar que ha generado en Alicante ha pasado por señalar que las ayudas a la innovación se daban por la calidad de los proyectos y no por criterios territoriales. Este hecho llevó a revolverse a los rectores de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH). «El reparto no se corresponde con nuestro porcentaje de éxito nacional, europeo e internacional», censuraba la rectora de la UA, Amparo Navarro. «Tiene que haber algún criterio de territorialidad además del de excelencia», reivindicaba el rector de la UMH, Juanjo Ruiz.

El hecho de que el Consell haya querido ahora decir adiós a la AVI, integrándola en el Ivace+i, ha provocado una nueva polémica y otro debate político. La consellera de Innovación, Nuria Montes, defiende que la nueva estructura diseñada por el actual Ejecutivo autonómico «reduce el número de pasos administrativos de trece a nueve» y «permitirá ahorrar unos dos millones de euros por legislatura» con la eliminación de cuatro cargos directivos. 

La izquierda ve la situación de una forma diferente. «Lamentamos que en lugar de continuar impulsando una agencia que daba entidad a Alicante, se ha optado por esconderla en el entramado administrativo», critica la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas. «Cuando hablan de simplificar o eliminar grasa lo que realmente quiere decir es que va a recortar en innovación», apostilla la responsable de Industria del PSPV-PSOE en las Cortes, Núria Pina.