El exalcalde de San Vicente Jesús Villar declara como imputado por prevaricación y defiende la legalidad de la prórroga del contrato

El exalcalde socialista de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha declarado este lunes como investigado por una presunta prevaricación, por prorrogar forzosamente el contrato de mantenimiento de zonas verdes pese a los reparos de Contratación y Secretaría. La denuncia, presentada en 2021 por el propio abogado municipal, Ramón Cerdá, fue archivada inicialmente por el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Vicente en febrero de 2022, al no apreciar delito. Pero la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura, siendo imputado Villar el pasado julio y citado a declarar este lunes.

El regidor socialista, que perdió la Alcaldía en las pasadas elecciones y que se mantiene en el Ayuntamiento aunque en la oposición y en un segundo plano, tras regresar a su trabajo en la UA, ha acudido en la mañana del lunes a los juzgados de San Vicente, donde estaba citado a las 10.00 horas. Media hora antes ha acudido el denunciante, en calidad de testigo, declarando por espacio de unos 40 minutos. Y las comparecencias han sido presenciadas además por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones.

Además, para este lunes también estaba citado como investigado el representante legal de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano, firma que se opuso a la prórroga del contrato acordada por decreto por el alcalde, así como otro técnico municipal como testigo. El valor del servicio superaba el millón de euros.

A su salida el exalcalde ha manifestado estar convencido de que la causa se va a archivar de forma definitiva, y ha destacado que "todo esto se debe a un tema presuntamente personal del abogado contra mí, no en aras del interés general". Y es que Villar en declaraciones de 2021, cuando se presentó la denuncia, llegó a vincular este tema con el caso de los WhatsApp de los ediles díscolos socialistas, al asegurar que Cerdá tiene amistad con uno de los integrantes de aquel grupo.

Así, el edil ha señalado tras su comparecencia que esperaba que en las declaraciones de este lunes Cerdá explicara por qué primero "participó en la defensa del Ayuntamiento" en el contencioso presentado por la empresa contra esa prórroga, y después "cambió de criterio" para denunciar al propio alcalde. Y ha recordado que la prórroga objeto de la causa se produjo en plena pandemia, defendiendo que se trataba de un servicio esencial y por ello estaba justificada su continuidad.

En cambio, el letrado municipal, que ejerce como tal desde 1986 en el Ayuntamiento de San Vicente, ha explicado a su salida que la prórroga del mantenimiento de las zonas verdes no tenía justificación, ya que no se trataba de la gestión de un servicio público esencial como por ejemplo la recogida de basuras, sino un mero "servicio" de mantenimiento, no obligatorio. Ha explicado que el fiscal anticorrupción le ha preguntado además si había alternativas legales a la prórroga forzosa para seguir ofreciendo el servicio, respondiendo que sí, a través por ejemplo de una subrogación a otra mercantil. Y ha destacado a este medio que "no he visto en más de 30 años una ilegalidad tan absoluta como esta", una presunta irregularidad que advirtió durante la defensa del Ayuntamiento en el citado contencioso.

Reapertura por falta de diligencias

La Audiencia Provincial señalaba en el auto por el que ordenaba la reapertura del caso que el juzgado solo practicó como diligencia de investigación la reclamación del expediente administrativo denunciado, y por tanto no podía afirmarse que no concurrieran indicios que justificaran la investigación de los hechos.

Tras examinar los hechos denunciados, la Audiencia indicaba que «no puede ignorarse la apariencia delictiva de la conducta en principio y sin perjuicio de que se abunde en la investigación». Asimismo, apuntó que los hechos «podrían constituir un delito de prevaricación por su aparente carácter arbitrario».

Según se recogía en el auto de la Audiencia, la prórroga del servicio de limpieza de zonas verdes acordada por decreto por Jesús Villar se realizó en contra de la voluntad de la empresa adjudicataria y en contra de dos informes de Contratación y Secretaría del Ayuntamiento sanvicentero. E incidía la Audiencia en que no se justifica «la arbitrariedad aparente de la resolución» por el hecho de que el alcalde no ocultara la existencia de informes desfavorables y que justificara su decisión en la necesidad del Ayuntamiento de prestar ese servicio a los ciudadanos para evitar el efecto negativo sobre las condiciones ambientales, sanitarias y ornamentales.

En cambio, cuando el juzgado archivó las diligencias, su titular, que ha cambiado ahora, destacó en su resolución que la actuación del exalcalde «no reviste caracteres del delito de prevaricación denunciado». En su auto de 2022, la juez consideró «incuestionable» que la prórroga para mantener el servicio «redunda directamente en el interés general de San Vicente, ya que la no ejecución del servicio, «como se recoge en el informe del concejal de Medio Ambiente, afecta negativamente a las condiciones ambientales, sanitarias y ornamentales de la ciudad» y además supondría a corto y medio plazo «un perjuicio económico para las arcas municipales». Y agregaba que la actuación del alcalde no podía ser tildada en ningún caso «como manifiestamente injusta, grosera o arbitraria» y tampoco suponía un perjuicio al ciudadano y a los intereses generales de la Administración Pública.

La denuncia

Según el recurso interpuesto por el letrado municipal, "el 24 de diciembre de 2020 por parte del entonces alcalde "se dictó una resolución por la que se decidía aprobar unilateralmente por segunda vez la continuidad del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado urbano. Al igual que en la primera continuidad/prórroga del contrato, en esta segunda el denunciado volvió a ordenarla unilateralmente con la oposición, tanto de la mercantil contratista" como de la secretaria, la interventora y el jefe de Contratación del Ayuntamiento, "que en ambos casos informaron desfavorablemente la prórroga, ya que solo podía acordarse de mutuo acuerdo con la mercantil contratista, Audeca, S.L.U y esta se había opuesto expresamente. La mercantil se oponía a las prórrogas del contrato por cuanto, según ella, no podía mantener los mismos precios debido a la subida de los gastos de personal experimentada durante la vigencia del contrato".

Y agrega que "ante la disconformidad manifestada por Audeca, y en contra de la reiteración de los informes de los altos funcionarios municipales que afirmaban sin ambages la ilegalidad de las prórrogas, con la excusa que la licitación del nuevo contrato no estaba resuelta, el denunciado acordó unilateralmente una nueva prórroga 'por razones de urgencia', siendo que dichas razones de urgencia no existían, pues el contrato, como hemos dicho, ya se había prorrogado antes por seis meses (del 01/07/2020 al 31/12/2020) también por decreto del denunciado y sin que hubiera dispuesto lo necesario para concluir la adjudicación contractual de manera acorde a la legalidad".