La juez archiva el caso de los chats de los ediles críticos del PSOE de San Vicente

Carpetazo al caso de los chats de WhastApp de los concejales críticos del PSOE de San Vicente del Raspeig. La juez ha archivado el caso al no haber hallado pruebas de delito, pese a que el Ayuntamiento advirtió que en los chats que tenían estos ediles, de los que solo queda uno en el ejecutivo, y otros cargos socialistas, se airearon expedientes que no eran públicos y se vertían insultos. De todas formas la magistrada ha dado traslado de las pesquisas a la Agencia de Protección de Datos por si existiera infracción administrativa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Este archivo abre la puerta al levantamiento de la suspensión de militancia, aunque se trata de una decisión que debe adoptar el PSPV a nivel autonómico.

Así, el auto de sobreseimiento fechado el 15 de febrero es ya firme en cuanto a la causa penal, ya que solo se han presentado recursos por parte de las defensas en lo referente al traslado de la información a la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, se cierra la vía penal de un caso en el que los regidores «rebeldes» del PSOE tenían varios grupos de WhatsApp que operaban al margen del alcalde Jesús Villar, actuando como un gobierno paralelo, y en los que había otras personas que no eran concejales. Además, se hablaba de "cortarle el cuello" al primer edil, con descalificaciones contra funcionarios municipales.

El auto de la magistrada sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Vicente del Raspeig acuerda, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el archivo provisional de la causa, "al entender que de las actuaciones y diligencias practicadas no ha resultado debidamente justificada la perpetración de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias", según han explicado desde el TSJ.

El auto, además de acordar el sobreseimiento provisional de las diligencias, acuerda deducir testimonio de las actuaciones para remitirlas a la Agencia Española de Protección de Datos, por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas en ese ámbito. Y los recursos de reforma presentados por las defensas afectan únicamente a este último punto, por lo que aunque el auto está en fase de recurso, en lo que respecta al alcance penal de la resolución es firme al no haber sido recurrida.

Información privilegiada

Así, la juez señala que en relación al uso de información privilegiada que "coincide con el Ministerio Fiscal en que resulta atípica la difusión a través de los grupos de WhatsApp de los escritos presentados por los grupos políticos de la oposición (PP, Cs y VOX) dado que se trata de documentos que han tenido que ser registrados en el organismo competente del Consistorio, y que el hecho de no ser accesibles al público general no los convierte en información privilegiada, dada su inaptitud para obtener rédito económico de los mismos. Tampoco los mensajes difundidos a través del grupo de whatsapp acreditan, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, que se difundieran secretos, información privilegiada o de carácter reservado, limitándose a la petición de que el orden del día de las juntas de gobierno se publicaran en dicho grupo así como de otros órganos municipales, consejos sectoriales o mesas de negociación".

La juez recuerda que "el Ministerio Fiscal sí advierte que la filtración anticipada de un plan urbanístico en tramitación, por su carácter reservado y las ventajas económicas que supone, puede colmar los requisitos del tipo para quien lo filtra y para quien se aprovecha, pero indica que no consta que el investigado tuviera finalmente acceso al expediente, ni quién de los integrantes de la Corporación Local tuvo acceso al mismo en los días próximos a la petición".

Investigación

La investigación se inició en 2021 en la Fiscalía a raíz de una denuncia interpuesta por un particular en la que alertaba de posibles delitos por parte de los integrantes de dos grupos de Whatsapp formado por ediles y militantes del PSOE de San Vicente. Se advertía que en ellos se compartieron documentos de la junta de gobierno local con datos de personas y empresas, así como de las mesas de contratación. Además aparecían datos que constaban en expedientes de Contratación o de Urbanismo. La Fiscalía abrió la investigación al sospechar que hubo violación de secretos y tráfico de influencias.

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En este caso todos los investigados dejaron sus cargos o fueron cesados salvo el actual edil de Contratación Guillermo García, que siguen en el ejecutivo. Los otros investigados eran el exportavoz José Luis Lorenzo, el ex edil de Contratación Jesús Arenas, la exjefa de prensa del Ayuntamiento, Ana López Tárraga, y la asesora del grupo municipal, Verónica García. También se investigaba al histórico socialista y exconcejal de Urbanismo hace casi un cuarto de siglo José Gadea. Y la exedil de Educación Belén Arques, que pasó de testigo a investigada. La magistrada tomó declaración a los implicados y testigos en octubre de 2021, y en mayo de 2022 pidió más información al Ayuntamientopara decidir sobre el caso, acordando finalmente el mes pasado su archivo.