La alcaldesa de Bigastro, Charo Bañuls (PP), anunció ayer el despido de 35 empleados . Es la medida más drástica del Plan de Ajuste aprobado en la sesión del pasado jueves, que persigue que la localidad pueda acogerse a la línea de crédito ICO y percibir un crédito de 3,7 millones para pagar facturas atrasadas a proveedores.

Con los votos a favor de la coalición que forman el PP y Unión Popular, y la negativa de los socialistas, la corporación dio luz verde al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que reducirá en hasta un 50% la plantilla, un cuadro laboral que cuando tomaron las riendas del Consistorio estaba conformado por 100 personas y que ahora se quedará en 50. La regidora justificó la medida por el ahorro de 300.000 euros que supondrá al año y señaló que se despedirá a los 16 empleados de la escuela infantil, que pasará a una empresa privada.

Los recortes afectarán también a otras partidas como festejos, protocolo, publicidad y propaganda o subvenciones, lo cual redundará en 100.000 euros adicionales de ahorro para la maltrecha economía local. El resultado de este plan se plasmará en los presupuestos de 2012 que el equipo de gobierno aprobará la próxima semana y que reducirán el gasto anual de 5,9 a 3,5 millones. Bañuls explicó que existen otros 6,3 millones en facturas pendientes de pago que no se han podido incluir en el Plan porque no cumplen los requisitos, al carecer de la firma del edil o interventor.

El portavoz de la oposición, Raúl Valerio Medina (PSOE), criticó que este ERE, lejos de ahorrar, generará más deuda municipal porque habrá que pagar indemnizaciones a los trabajadores. Asimismo, mostró su desacuerdo en que la medida de despedir a parte de los empleados no ha ido acompañada de otras como la reducción de asesores municipales o la bajada de sueldos de cargos públicos.