El Ayuntamiento de Bigastro no tiene intención de indemnizar a la empresa que obtuvo de forma fraudulenta, según un fallo judicial, unos terrenos para construir un complejo hotelero en La Pedrera y un campo de golf en prácticas. El exalcalde José Joaquín Moya y el exsecretario municipal han sido condenados a siete años de inhabilitación por saltarse más de una docena de trámites legales a la hora de autorizar el proyecto en suelo protegido sin supervisión de la Generalitat. El acuerdo urbanístico ha sido anulado por el mismo fallo judicial, aunque la Conselleria ya lo suspendió hace años. La empresa que obtuvo el plan ingresó en las arcas municipales algo menos de 4 millones de euros, según confirmó ayer el teniente alcalde, Aurelio Murcia. "Entraron pero nadie sabe dónde se gastaron, porque no lo hemos podido averiguar", explicó Murcia quien dijo que la mercantil presentó hace dos años un contencioso para reclamar las cantidades más daños, en total 7 millones. La demanda se paralizó mientras que no se resolviera la causa penal que ha supuesto la primera condena para exalcalde del PSOE.
"Si la mercantil (Promociones Alicante Torrevieja - Proalto), quiere reclamar nosotros nos defenderemos y la animaremos, si quiere entrar en eso, a explicar documentalmente cómo se tramitó ese acuerdo de subasta o por qué se establecieron esos precios", porque el concejal entiende que fue "un plan para estafar al pueblo de Bigastro" que no deben pagar sus ciudadanos.
La mercantil solicitó un crédito a una entidad financiera que es la que se lo reclama ahora. Abonó al Ayuntamiento 2,1 millones de euros por 35.000 metros cuadrados rústicos, otros por una concesión administrativa 600.000 por un terreno para un campo de golf y 390.000 más por licencias de obras.
