El equipo de gobierno del Partido Popular ha convocado dos plenos para el próximo jueves. Uno extraordinario a las diez de la mañana y otro ordinario, el previsto con antelación, a las cinco de la tarde. La división en dos sesiones de los asuntos que se vieron en una comisión informativa previa para abordarse en única convocatoria permitirá al gobierno con mayoría absoluta rebajar la protesta prevista por varias ONGs, sindicatos y partidos políticos en la plaza de la Constitución. La concentración estaba prevista a las seis de la tarde del jueves a pocos metros de donde se desarrollan los plenos y rechaza la aprobación definitiva de la ordenanza de convivencia, en el municipio.
Tras darse a conocer la convocatoria de dos plenos los organizadores han solicitado autorización para adelantar la protesta a las diez y media del jueves. El texto de la ordenanza incluye un polémico capítulo sobre el control de la mendicidad ejercida por personas en precario en la calle, punto que se ha incluido en la sesión de las diez junto a otros asuntos que también han generado polémica como el modelo de gestión del transporte público, pero que inicialmente estaba previsto en la sesión ordinaria de las cinco.
La sesión extraordinaria impide que los grupos de la oposición y el público puedan preguntar al final del debate sobre los asuntos tratados en el pleno
Esa ordenanza señala que la Policía Local podrá sancionar la indigencia "organizada y que coacciona" hasta con 1.500 euros. El término de "organizada" sin embargo se presta a bastante confusión puesto que los agentes locales carecen de competencias para investigar si los indigentes que piden en la calle -en Torrevieja más de una quincena en el centro-, forman parte de un grupo organizado o no. La ordenanza sí alude a la labor de los agentes de informar a los Servicios Sociales sobre situaciones de personas en precario en la calle. Los policías, con una plantilla muy limitada, tampoco cuentan en el día a día con recursos para abordar las situaciones de mendicidad que se producen en el término municipal.
Muchas de estas personas llevan años pidiendo en Torrevieja. Van cambiando de ubicación y buena parte de ellos viven en la calle. No forman parte de grupo organizado alguno y siguen en la misma situación durante mucho tiempo sin que los Servicios Sociales hayan sido capaces de atajar su situación de precariedad, tal y como ha podido comprobar este diario. Los casos concretos de conflictividad de personas que han ocupado servidumbres sin uso o cajeros no han sido lo habitual en estos últimos años. La oposición de izquierdas del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja consideran que la norma "denigra" a las personas que están en la calle y las "criminaliza" y consideran que la ordenanza es meramente estética y busca una mejora de la imagen en el centro del casco urbano de la ciudad turística donde la presencia de indigentes "molesta". El PSOE sin embargo, ha decidido a última hora descolgarse de la protesta indicando que el texto de la convocatoria de las entidades incluye aspectos que prohibiría la norma como el de la prostitución, que sin embargo la ordenanza no recoge textualmente.
El Área municipal de Servicios Sociales lleva también mucho tiempo sosteniendo que estas personas no quieren ser ayudadas, mientras se descarta poner en marcha un albergue de transeúntes con el argumento de que muchas de ellas en esa situación se negarían a utilizarlo. El concejal de Seguridad, Federico Alarcón defendió en el debate de aprobación inicial del texto que era muy similar al de otros ayuntamientos socialistas, e insistió en el argumento de que busca perseguir la mendicidad "organizada e insistente". La ordenanza también endurece las multas contra el botellón e incorpora sanciones no solo para quienes ejerzan la venta ambulante sin licencia -los manteros- también para los compradores. Una venta que este verano se está ejerciendo sin control en el paseo de Juan Aparicio desde que cae la tarde hasta bien entrada la noche y que provoca un problema de saturación de espacio en el paseo, sumado al de la ocupación de mesas y sillas de las terrazas.
Con la convocatoria extraordinaria a las diez de la mañana el PP intenta cubrir varios objetivos. En primer lugar liquida el asunto mucho antes de que se lleve a cabo la concentración, prevista para las seis de la tarde. También le pone límite temporal al debate, puesto que en teoría debe terminar antes de las cinco, cuando comienza la sesión ordinaria. Y sobre todo evita que el público asistente pueda realizar preguntas sobre esta u otras cuestiones polémicas al final del plenario. En una convocatoria extraordinaria el reglamento impide el capítulo de ruegos y preguntas de los grupos y el del público. Bastará sin embargo con que los grupos lo saquen a relucir en el ordinario para que ese público pueda interrogar al alcalde sobre el asunto, aunque ya haya sido aprobado.
El PSOE de Torrevieja está en contra de la ordenanza pero se descuelga de la concentración sin explicar el motivo
El transporte urbano, comenzando por el principio
Además, el alcalde Eduardo Dolón (PP) ha incluido en esa sesión extraordinaria otros asuntos polémicos. Una modificación del Plan General que ordena volúmenes y alturas en el espacio portuario -pese a ser competencia de la Generalitat- y que sobre todo busca facilitar su transformación a zona comercial. También el debate sobre el modelo de gestión del servicio de transporte municipal, tema cuya aprobación el gobierno del PP ha estado aplazando desde hace meses, y ha puesto en marcha la maquinaria administrativa y de contratación para adjudicar el servicio a una empresa antes de que se votase el modelo de gestión.
La secretaria general del pleno ya advirtió a través de un informe a Dolón que no se podía llevar a cabo el proceso sin comenzar por el principio, es decir, sin que el Ayuntamiento hubiese definido el modelo de gestión que escogía: un servicio de transporte municipal o externalizado y gestionado por una empresa.
El nuevo servicio se está tramitando para acabar con la actual situación de irregularidad administrativa por la que el servicio lo presta Avanza (antigua Costa Azul) por más de dos millones de euros al año sin contrato -desde hace más de siete- , con una prestación muy deficitaria justificada en el hecho de que los empadronados no lo pagan. La nueva contrata está valorada en ocho millones anuales.
Todo pese a que los populares, para todos los temas que se van a abordar en ese pleno extraordinario, cuenta con una holgada mayoría absoluta.
