Si lo que pretendía Emilio Bascuñana era demorar la resolución del proceso penal en el que está inmerso, lo está consiguiendo. La recusación planteada por el exalcalde de Orihuela a la magistrada que le está investigando por un presunto delito de malversación mantiene paralizada la instrucción de esta causa desde hace meses. Un procedimiento que arrancó a finales de 2019 tras la denuncia que presentó la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad por la percepción por parte del político del PP de un suelo público sin que se haya encontrado rastro de la actividad que desarrolló a cambio. Todo ello antes de que en junio de 2015 accediera a la Alcaldía, de la que el pasado abril le desalojó una moción de censura.
Bascuñana planteó la pasada primavera el rechazo a la magistrada Jessica Joaquina Hurtado, para lo que alegó «falta de imparcialidad manifiesta»e inadmisión de algunas de las diligencias planteadas por su defensa.
Una recusación que se registró cuando la instrucción ya estaba prácticamente concluida. Para estas fechas ya había comparecido ante la jueza el propio Bascuñana y los testigos que estaban citados, entre los que se encontraba el exconseller de Sanidad Luis Rosado, el exdirector territorial entre 2008 y 2015 José Ángel Sánchez Navajas y la instructora del expediente con el que Sanidad presentó la denuncia, y quien ratificó que Bascuñana cobró de esa conselleria sin trabajar. Sánchez Navajas declaró que nada más ser nombrado le comunicó que no le necesitaba como asesor.
Según consta en el expediente de Sanidad, el también expresidente de la Cruz Roja, cobró 201.170 euros entre noviembre de 2007 y abril de 2013 sin que se pudieran localizar pruebas de su presunto asesoramiento, ni de actividad asistencial ni de ningún tipo.
La acusación pública sostiene que al menos entre el 1 de noviembre de 2009 y el 24 de enero de 2012 no existe ninguna evidencia de que efectivamente Bascuñana realizara alguna tipo de tarea por la que tuviera que cobrar un sueldo de Sanidad.
En su declaración ante la magistrada en junio del año pasado, el investigado defendió su actividad como asesor de Sanidad entre 2007 y 2011, aunque siguió sin aportar ningún soporte documental que lo probara. Y, al igual que ya afirmara ante los fiscales Anticorrupción, aseguró que el asesoramiento que prestaba «era verbal» y que su actividad no era asistencial ni de inspección. Agregó que en ese tiempo sirvió de enlace entre la medicina pública y la gestión privada.
Tampoco la Agencia Valenciana Antifraude, a la que la magistrada requirió un informe, pudo encontrar la relación entre los emolumentos que percibió Bascuñana y una actividad. «En su adscripción funcionarial a la dirección territorial de Sanidad en los años que se investigan (hay una inicial en 2007 y después una prórroga de octubre de 2008 a mayo de 2013) no constan los fundamentos jurídicos en los que se apoya, ni los motivos ni la descripción de funciones que tenía que desempeñar ni el puesto que iba a ocupar», recoge el informe.
La recusación la tiene que resolver la sección VII de la Audiencia de Alicante con sede en Elche.
Médico y concejal en la oposición que no aspira a ser candidato
El exalcalde Emilio Bascuñana se ha mantenido como un concejal más en el Ayuntamiento de Orihuela, ejerciendo una incómoda labor de oposición, desde que la moción de censura del pasado 25 de abril desalojara al PP del gobierno tras un pacto entre el hasta entonces su socio, Ciudadanos, y el PSOE, con el apoyo de Cambiemos. Después de que la socialista Carolina Gracia se hiciera con la vara de alcaldesa, el exalcalde no ejerce funciones de portavoz -figura que recae en Rafael Almagro- ni participa activamente en los plenos, aunque protagoniza las ruedas de prensa semanales del partido. Con una dedicación al cargo de un 20% (6.000 euros brutos al año), compagina esta labor con su profesión como médico de familia en el centro de salud de Álvarez de la Riva, en la avenida Príncipe de Asturias de Orihuela.
Con todo, su actividad pública ha sido constante. Esta misma semana viajó a la feria Fruit Attraction en Madrid, donde el sector agroalimentario de la comarca ha buscado nuevos mercados nacionales e internacionales. Incluso, aunque el balance de su mandato pareció una despedida, se ha mostrado confiado y con argumentos para ser el candidato del PP a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo.
Hasta el viernes, cuando adelantó lo que tenía previsto anunciar este sábado en un acto del PP de Orihuela. Fue entonces cuando manifestó su intención de dar un paso a un lado y dejó entrever que el alcaldable sería José Vegara, presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, algo que pocas horas después se corroboró. Fue entonces cuando envió un mensaje a sus pedáneos y colaboradores más cercanos, reiterando algunos compromisos: estar únicamente durante dos mandatos y continuar hasta las próximas elecciones. En su contra tenía el haber perdido a sus máximos valedores en el partido, Pablo Casado y especialmente Teodoro García Egea, sin olvidar que está pendiente de resolución el procedimiento judicial por supuesta malversación.
