La Generalitat legalizará casi 8.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la Vega Baja

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad pone a disposición de los particulares, bajo el control de la administración pública, un manual que ayudará a los municipios a legalizar viviendas construidas en suelo no urbanizable. El director general de Urbanismo, Vicent García Nebot, ha presentado esta herramienta -Minimización del Impacto Individualizado en Suelo no Urbanizable- a alcaldes, concejales y técnicos del ámbito urbanístico de la Vega Baja, en una jornada que se ha llevado a cabo en Orihuela, a la que también han asistido la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, y el director del Plan Vega Baja Renhace, Antonio Alonso.

El manual, según ha explicado García Nebot, consiste en "un procedimiento sencillo e intuitivo para minimizar los efectos negativos y el impacto territorial que generan las edificaciones clandestinas y aisladas en suelo no urbanizable". El objetivo es regularizar el estado de las viviendas susceptibles de legalización; es decir, aquellas que se han construido antes del 20 de agosto de 2014 y que cumplen con las condiciones contempladas en la normativa de 2019.

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En concreto, en la Vega Baja se han catalogado 7.600 construcciones unifamiliares -de las 194.000 que la Generalitat ha localizado en la toda Comunidad Valenciana- que pueden acogerse a este procedimiento. "Hemos comprobado que pueden ser objeto de legalización", ha afirmado el director general, que ha añadido que se trata de "una gran noticia".

Para ello, ha indicado, se puede hacer "de manera colectiva" -con varias viviendas que se organicen para poder hacerlo- o a través del nuevo manual para la minimización individualizada, una forma "mucho más rápida y efectiva que permite a los ayuntamientos que cada una de estas viviendas pueda legalizar sus construcciones". Una vez regularizada, los propietarios podrán "entrar en el tráfico inmobiliario de una manera mucho más ágil", así como "aumentar de valor", ha subrayado García Nebot.

Problemas ambientales

Así, la legalización de estas viviendas en situación no regular facilitará el acceso a los usos residenciales como suministro de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales y recogida de residuos a los propietarios de las viviendas construidas fuera de los cauces legalmente establecidos, lo que contribuirá a "minimizar los problemas ambientales, urbanísticos y económicos que la situación administrativa anterior no permitía", ha insistido.

Ahora, ha sostenido, "los municipios tienen que articular fórmulas para llegar a todos los vecinos para informarles que tienen esa posibilidad de legalizar su propiedad y cómo lo pueden hacer". Precisamente, a mediados de marzo el Ayuntamiento de Orihuela y la Dirección General de Urbanismo organizaron una charla informativa sobre urbanismo dirigida a los residentes extranjeros en el municipio, que tiene un elevado número sobre todo en la costa. En concreto, fue para dar a conocer los trámites necesarios para legalizar viviendas construidas en suelo no urbanizable. Dado que un gran número de afectados es de otras nacionalidades, la Conselleria ha creado un Comisionado para Expatriados con el fin de "explicarles el urbanismo, que ha sido tan agresivo para los expatriados en otras etapas y que ahora les obliga a regularizar esa situación", explicó García Nebot.

Orihuela informa sobre los trámites para legalizar viviendas en suelo no urbanizable

Por su parte, Moreno ha señalado "la gran dificultad" que hay en la Vega Baja en este ámbito por "la depredación del territorio que ha habido", además de destacar que "hay mucho particulares que han querido regularizar sus viviendas pero no han podido", en unos casos fueron "adquirientes de buena voluntad" y en otros "las cosas eran como eran", por lo que ha descrito este manual como "una herramienta al servicio del ciudadano" para resolver "males endémicos".

La mitad de los municipios de la Vega Baja ya se han adherido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo autónomo adscrito a la Conselleria de Política Territorial cuyo fin es iniciar los expedientes sancionadores, velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y la restauración de las ilegalidades cometidas en materia de urbanismo.

En total, son 13 los municipios de la comarca -Orihuela, Benferri, Daya Vieja, Guardamar del Segura, Jacarilla, Albatera, Los Montesinos, Catral, Algorfa, Rafal, Dolores, San Miguel de Salinas y Daya Nueva- que han decidido delegar en este organismo la competencia para la protección de la legalidad urbanística en su término municipal en suelo no urbanizable, lo que se traduce en una superficie de 62.425 hectáreas, dos terceras partes de toda la Vega Baja.

La Agencia para la legalidad urbanística vigila ya dos tercios de suelo de la comarca

Aunque Orihuela ha sido el último municipio de este listado en adherirse, la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha reconocido en su intervención en la jornada que este manual da respuesta a "una situación que, lamentablemente, tiene una importante incidencia en la Vega Baja y, por lo tanto, en Orihuela y sus pedanías". A su juicio, "es una oportunidad extraordinaria que se le abre a miles de propietarios para poner en orden esas edificaciones y así salir del limbo jurídico en el que se encuentran". 

José Aix, concejal de Urbanismo, ha insistido en que la administración está dando soluciones a aquellas viviendas fuera de ordenación sobre todo en zonas rurales.

El Consell presenta en Orihuela un localizador de viviendas ilegales

En una primera estimación, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio calculó 350.000 irregularidades urbanísticas. Tras un análisis en la catalogación de viviendas en situación irregular, que se realizó a través de una nueva plataforma urbanística digital que cruzaba las cartografías de planeamiento urbanístico y catastro, la cifra de viviendas en situación irregular se situó en 194.000.