Costas exige al Ayuntamiento de Orihuela que retire los chiringuitos

Las instalaciones se encuentran cerradas al público al extinguirse el contrato y no llegar a tiempo de una nueva licitación - La adjudicataria impugna judicialmente la orden de desalojo por parte del consistorio

Los chiringuitos de Orihuela Costa permanecen cerrados desde el 1 de enero

Los chiringuitos de Orihuela Costa permanecen cerrados desde el 1 de enero / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Servicio Provincial de Costas en Alicante ha requerido al Ayuntamiento de Orihuela que retire los chiringuitos del dominio público marítimo terrestre, actualmente cerrados al público, por no cumplir con la finalidad por la que fueron autorizados, con la advertencia de que en caso contrario se procederá a adoptar las medidas oportunas.

El escrito de Costas explica que el 12 de enero el agente medioambiental informó de que los chiringuitos de las playas Cala Bosque (La Zenia) y La Caleta (Cabo Roig) se encuentran instalados pero sin ofrecer el servicio para la que fueron autorizados, ya que están cerrados desde el 1 de ese mismo mes, cuando se cumplió la prórroga del contrato.

Desde entonces, las instalaciones permanecen con la persiana echada, incluso en Semana Santa, al no haber llegado a tiempo una nueva licitación del servicio, que incluye hamacas, sombrillas y oferta de deportes náuticos. Incluso, podría ser que el verano arranque sin chiringuitos, dada la complejidad de un contrato en el que además se presentan muchas ofertas.

Costas recuerda que el Reglamento General de Costas establece que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, y en todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible. Además, prosigue, el Plan de Explotación de los Servicios de temporada indica que el régimen de utilización será el de servicio público o al usuario de la playa.

En este caso, continúa el escrito, los chiringuitos gozan de autorización para su instalación, si bien no cumplen con la finalidad establecida y solicitada por el Ayuntamiento, que es la de prestar un servicio al público, una de las razones en las que se basa la autorización de los servicios de temporada.

Asimismo, la Concejalía de Playas emitió una resolución el 8 de marzo que requiere a la adjudicataria -Chiringuitos del Sol- para que en un plazo de 10 días proceda a la retirada de los chiringuitos, que fue notificada el día 10.

Desalojo

Diez días después la mercantil manifiesta por sede electrónica su oposición al apercibimiento de desalojo, puesto que el cierre de los chiringuitos provoca unas consecuencias negativas en la imagen, turismo y economía del municipio ante, en esas fechas, el inminente comienzo de las vacaciones de Semana Santa. Por ello, en aras a continuar prestando el servicio público, comunica al Ayuntamiento la apertura con carácter inmediato de las instalaciones.

Cuando aún no se había cumplido el plazo de la resolución, el día 22 la Policía Local precintó los chiringuitos. Incluso, indica la empresa, se adoptó esa medida sin previa resolución expresa que conteste sus alegaciones.

Así, la mercantil ha remitido un escrito a la administración local en el que informa de que ha impugnado judicialmente la resolución de Playas ante lo contencioso administrativo, habiéndose dictado auto que "acuerda la suspensión de la resolución impugnada"; es decir, la que requiere a Chiringuito del Sol para que proceda a la retirada de las instalaciones.

Por ello, solicita al Ayuntamiento que se abstenga de realizar cualquier acto, y se paralice todo intento de ejecución de la orden de desalojo de los chiringuitos, incluido el precinto, hasta que no exista un pronunciamiento judicial resolutorio firme.

El proceso de reversión, por el que la adjudicataria debe devolver al Ayuntamiento las instalaciones e infraestructuras de la contrata -chiringuitos, pasarelas y aseos-, está siendo complicado.

Entretanto, la empresa, que ha explotado el servicio desde 2018, ha pedido a la administración indemnizaciones por casos de fuerza mayor, solicitando que con la extinción del contrato se revise el canon para contrarrestar las pérdidas económicas por la borrasca Gloria, la DANA de 2019, la pandemia y la inflación.

Dos meses antes de que finalizara el contrato, la mercantil solicitó al consistorio la prórroga durante 2023 con el objetivo de reducir los daños económicos. En caso de que no se produjera, como acabó ocurriendo, la empresa se reservaba el derecho de iniciar acciones para garantizar el equilibrio económico del contrato.