El alcalde de Formentera Francisco Cano presidirá el Consorcio Comarcal de Basuras
La entidad de gestión formada por los 27 municipios de la comarca se constituye el 10 de noviembre con el reto de impulsar las infraestructuras de valarorización de las que carece la comarca
El alcalde de Formentera del Segura y diputado provincial Francisco Cano presidirá el Consorcio Provincial de Basuras. La entidad de gestión de los residuos comarcales tiene previsto su pleno de constitución para el 10 de noviembre en la Diputación.
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Mayoría popular
El Partido Popularcuenta con una mayoría holgada entre los 27 municipios que forman parte de este consorcio. Además del respaldo de la Diputacióny la Generalitat, que forman parte del Consorcio, y también en manos populares.
Cano (PP), con una proyección política discreta hasta la fecha, primer edil de uno de los municipios más pequeños de la comarca, se estrenará como presidente de la entidad a la vez que afronta también su primer mandato como diputado provincial.
Infraestructuras
El Consorcio tiene el reto de desplegar las previsiones del plan zonal en la Vega Baja -oficialmente Plan Zonal 11 A6- que llevan muchos años de retraso con respecto a otras zonas de la Comunidad Valenciana en cuanto a capacidad de gestión y valorización de basuras. Ese plan zonal se aprobó e La Vega Baja cuenta ahora con una planta de transferencia construida por la Generalitat.
Pero la totalidad de las 200.000 toneladas de residuos anuales que genera se tratan fuera de la comarca, también en València y Murcia. Prezero (que adquirió el contrato a Cespa-Ortiz) es la empresa que tiene adjudicada la gestión del área debe comenzar a levantar instalaciones fijas como ecoparques, plantas de compostaje de biorresiduos y al menos, una planta de valorización y finalmente otra eliminación de residuos (los antiguos vertederos).
Un retraso de más de una década
El plan zonal de la Vega Baja se aprobó en 2006. En 2008 se adjudicó el contrato a la empresa que debía gestionar los residuos. Y durante más de una década su puesta en marcha efectiva y a un ritmo muy lento no se ha hecho realidad entre la investigación del caso Brugal-sobre el supuesto el amaño de la contratación- y la batalla judicial entre el propio consorcio, que rescindió la contrata y la empresa adjudicataria, que la retuvo finalmente en los juzgados.
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