La compra de dos parcelas por el Ayuntamiento permitirá ampliar los juzgados de Orihuela en 2024

La ampliación de los juzgados de Orihuela, cuyo inicio se viene anunciando desde que el Consell propusiera la compra del Palacio de Justicia en 2017 y se efectuara en 2020 por 4,7 millones con la condición de que la administración local cediera las parcelas necesarias para pasar de los 3.900 metros cuadrados actuales a 7.500, parece que está más cerca. El Ayuntamiento de Orihuela ha publicado la compra de un solar situado en la plaza Santa Lucía con el objetivo de que el inmueble pase a ser propiedad municipal para después cederlo a la Conselleria de Justicia para la ampliación de los juzgados.

El presupuesto de la adjudicación directa es de 59.466 euros, un precio que ha aceptado la propietaria del terreno anexo al Palacio de Justicia. El contrato de compraventa, que se tramita a través de la Concejalía de Patrimonio, se basa en "la urgente necesidad de adquirir un solar de determinadas características con el fin de llevar a cabo la ampliación de los nuevos juzgados".

La propietaria del solar, de 195 metros cuadrados, tiene ahora diez días para presentar la documentación. Transcurrido ese periodo, según el pliego, la formalización de la escritura de compraventa se llevará a cabo en el plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Queda ahora por publicar el contrato de la otra parcela, situada en la contigua calle de la Cruz, para culminar el proceso de adquisición de terrenos por parte del Ayuntamiento, que después cederá a la Conselleria de Justicia para la ampliación de los juzgados. Este trámite, según fuentes municipales, se acometerá en unos días, una vez que los propietarios, que son varios, del solar de la calle de la Cruz ya han aceptado el precio de venta propuesto por el Ayuntamiento, cerca de 27.300 euros.

Remanentes

El ejecutivo local aprobó el pasado mes de septiembre, en pleno, una modificación de créditos para, entre otros asuntos, adquirir los terrenos para ampliar el Palacio de Justicia de la plaza Santa Lucía. Así, se reservó una partida total de 86.760 euros para ello, que se pagarán, finalmente, con remanentes. Es la manera más rápida que ha encontrado el actual ejecutivo local para acelerar la cesión de los terrenos a la Conselleria de Justicia que los está urgiendo para poder llevar a cabo la ampliación anunciada ya hace años.

La Conselleria de Justicia reservará una partida en los presupuestos autonómicos de 2024 para las obras y está a la espera de la cesión del suelo por parte del Consistorio, que confía en llevarla a cabo a principios de año, a finales de enero, según confirmaron fuentes municipales.

Una de las parcelas se sitúa en la propia plaza de Santa Lucía y otra en la contigua calle de la Cruz.

Tardanza

El contrato para adquirir la vivienda de la plaza de Santa Lucía número 10 de Orihuela quedó desierto en marzo. Pese a que el Ayuntamiento anunció que había llegado a un acuerdo con la propietaria del inmueble, finalmente la dueña no realizó los trámites administrativos necesarios para adjudicar el contrato, por lo que se declaró desierto y se inició de nuevo la tramitación, que concluirá ahora con la publicación del nuevo contrato.

A pesar de que en septiembre se anunció un acuerdo entre el Ayuntamiento de Orihuela y la Conselleria de Justicia, que dirige Elisa Núñez (Vox), para que en octubre se cedieran los terrenos, obviamente no se llegó a tiempo y ahora habrá que esperar a principios del año próximo, una vez se formalice la compraventa de la parcela de la plaza Santa Lucía.

La cesión de estos solares por parte del Ayuntamiento estaba prevista en el convenio firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela en 2017, por el que la Generalitat efectuó la compra del Palacio de Justicia, de titularidad municipal, por 4,7 millones, y, a cambio, el Ayuntamiento cedería varias parcelas anexas al Palacio de Justicia para realizar la ampliación de las instalaciones judiciales.

Un proceso administrativo largo y laborioso que finalmente fructificó en 2020 cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que el Consell compraba el Palacio de Justicia por 4,7 millones de euros con el fin de dotar a la ciudad y a su partido judicial de unas instalaciones dignas que albergaran todos los servicios en una sede única.

Según el convenio, el Consistorio cedería a la Generalitat dos solares colindantes de su propiedad y compraría otras parcelas pertenecientes a particulares para acometer la ampliación.

21 municipios y mucha falta de espacio

La ampliación de la sede judicial de la ciudad, de la que dependen 21 municipios de la Vega Baja, estaba previsto que se acometería en 2022, según la previsión de la Generalitat. Sin embargo, tampoco se cumplieron esas previsiones.

Con la reforma se pretende albergar los 12 juzgados de la localidad, que por falta de espacio en la sede judicial de la ciudad están repartidos en los locales de la plaza de Santa Lucía y en la calle Nova.

Así, no hay lugar para integrar la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito y la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell -para preservar los testimonios protegidos- ni dependencias apropiadas para los colegios de abogados y procuradores. Dos de los juzgados están desplazados en un bajo en condiciones que no son idóneas, algo que iba a ser provisional, pero que lleva años.

Finalmente, ya está publicado el contrato para adquirir el solar privado de la plaza de Santa Lucía y en unos días se publicará el otro para los terrenos de la calle de la Cruz, que permitirán, una vez cedidos junto a los de propiedad municipal, acometer la ansiada ampliación de la sede judicial el próximo año. Eso sí, si no hay contratiempos, que en la tierra de Miguel Hernández todo es posible.