TORREVIEJA

El área de servicios sociales del Ayuntamiento de Torrevieja arrastra un déficit de 30 funcionarios

El Ayuntamiento solo cuenta con seis de los quince trabajadores sociales y dos de los cinco psicólogos que fija la legislación

Polémica por la atención a personas sin hogar en la calle

Una de las personas de avanzada edad que vive en la calle en Torrevieja y que pide en el centro del casco urbano desde hace años

Una de las personas de avanzada edad que vive en la calle en Torrevieja y que pide en el centro del casco urbano desde hace años / Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

Torrevieja es referencia en España en turismo residencial. Algo que debería diluir en su paisaje urbano las imágenes de colas para la recogida de alimentos en ONG o la presencia de personas sin hogar en el corazón de su casco urbano. Pero están ahí, muy presentes, como en cualquier otra ciudad. La oposición al equipo de gobierno del PP ha cuestionado en los últimos meses las políticas de gestión de ayuda social -el volumen de devolución anual de subvenciones es muy relevante, incluso penalizado con intereses de demora-, y el acusado déficit de personal en el área de Servicios Sociales con respecto a lo que la legislación fija para una ciudad que roza los 90.000 habitantes en su censo oficial y más de 97.000 en el padrón municipal. 

Pérdida de ayudas

Mientras que el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper ha remarcado que el municipio ha dejado de gestionar 1,9 millones de euros destinados a políticas de respaldo a los colectivos más vulnerables, la concejal Carol Ponce (PSOE) ha reiterado que la Ley 3/2019 de 18 de febrero de Servicios Sociales obliga al Ayuntamiento a prestar servicios con un personal determinado.

Ponce señaló que de las 15 personas que deberían desempeñar su labor en Trabajo Social hay una plantilla de seis. De los cinco psicólogos previstos el Ayuntamiento cuenta con dos y solo con uno de los cuatro asesores jurídicos en Servicios Sociales. Ningún profesional de los seis necesarios en Educación Social y ninguno tampoco de los seis previstos como técnicos de Integración Social. Los tres profesionales previstos por la legislación en una unidad de igualdad tampoco están.

Beneficencia

«No entendemos cuál es el problema. El dinero no lo es, puesto que lo estamos devolviendo y con intereses. El desconocimiento tampoco, porque los profesionales de atención primaria en Servicios Sociales llevan años comunicando esta situación. El alcalde siempre contesta con las ayudas de emergencia que se dan: 140.000 euros. Es cierto. Muchas y son necesarias. Pero la ayuda de emergencia para comprar alimentos o pagar el alquiler tres meses no es igualdad como dice Dolón, es beneficencia y es un modelo muy antiguo de intervención social», sostiene Ponce. 

Rerfuerzo del área

Óscar Urtasun, concejal de Servicios Sociales, señala que el equipo de gobierno trabaja para reforzar el área y que es una prioridad para el alcalde, Eduardo Dolón, tal y como ha remarcado en los últimos meses. Subraya que el área de Personal del Ayuntamiento está inmersa en estos momentos en un proceso de consolidación de interinos a funcionarios que implica a más de 200 empleados públicos. Todos los años se realizan contratos de personal eventual como una psicóloga, dos trabajadoras sociales, una educadora social y un técnico superior en integración social. La oferta de empleo público de 2024 contempla cubrir con plazas de funcionario titulares parte de esas necesidades, pero todavía lejos de la ratio que dispone la ley autonómica.

Una persona pide a la puerta de un supermercado en el centro de Torrevieja

Una persona pide a la puerta de un supermercado en el centro de Torrevieja / Tony Sevilla

Sin techo

Sobre la polémica relacionada con personas que están en la calle señaló que el Ayuntamiento lleva a cabo un protocolo en el que Servicios Sociales y Policía Local informan sobre su situación. Y se dan muchas circunstancias distintas. Hay afectados que aceptan la ayuda y se les intenta dar las condiciones para que puedan recibir el ingreso mínimo vital, para acceder a un techo o a ayudas de emergencia para alimentación y pago de luz y agua. Mucha gente que vive en la calle arrastra problemas de salud, también de enfermedad mental, graves y su edad media está subiendo.

Cola diaria de recogida del catering social de Alimentos Solidarios

Cola diaria de recogida del catering social de Alimentos Solidarios / Tony Sevilla

Y otros casos más difíciles la rechazan de plano, pese a necesitar apoyo psiquiátrico urgente. «No podemos obligar a nadie si no accede voluntariamente y si queremos forzar la situación necesitamos una valoración y una orden judicial», explica sobre el caso de la mujer de origen finlandés que protagonizó un incidente hace unos días en la plaza de la Constitución, denunciado por una familia como un intento de secuestro de un bebé que la Guardia Civil no consideró como tal. En redes sociales se ha animado en los últimos días al "expulsar" a esta joven del centro de Torrevieja.

Carol Ponce y Óscar Urtasun durante un pleno del Ayuntamiento de Torrevieja

Carol Ponce y Óscar Urtasun durante un pleno del Ayuntamiento de Torrevieja / Tony Sevilla

En este caso concreto se trabaja con el consulado de Finlandia para intentar estabilizar a la joven con un tratamiento psiquiátrico en España -que lleva años callejeando por el centro de Torrevieja- y repatriarla, con acompañamiento que ya ha garantizado el gobierno finlandés. Pero es necesaria esa resolución judicial y el juzgado no siempre está dispuesto a resolverla favorablemente.

En estos momentos hay más de una docena de personas que duermen en la calle en el centro de Torrevieja. 

Actuaciones urgentes

Sobre el ya antiguo debate sobre el albergue de transeúntes, Urtasun señala que hay formas de ayudar a las personas que están en esta situación más eficaces y en situaciones puntuales. Con riesgo de DANA o mucho frío siempre se pone en marcha un operativo de Cruz Roja para que quien quiera voluntariamente esté a cobijo. El Ayuntamiento también dispone de plazas concertadas para dar alojamiento temporal a personas sin hogar en residencias de mayores.