La desalinizadora de Torrevieja verterá al mar tras su ampliación 146 hm³ de salmueras al año

La ampliación la capacidad de la planta desalinizadora de Torrevieja hasta los 120 hectómetros cúbicos al año elevará el volumen anual de agua de rechazo hipersalino a 146,7 hectómetros/año (440.000 metros cúbicos diarios), que se verterán a través del emisario submarino ubicado en paralelo al paseo voladizo del dique de Levante de Torrevieja, según la evaluación ambiental favorable al proyecto de ampliación del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Esta inversión de 108 millones de euros se encuentra en fase de adjudicación de la ejecución de las obras desde el pasado mes de diciembre.

Emisario

La autorización que otorga el Miteco a Acuamed, empresa que forma parte del propio Ministerio, descarta una ampliación del emisario pero matiza que deberán ponerse en marcha todos los difusores previstos. Este emisario encargado de devolver al mar la salmuera de rechazo es un tubo que cuenta con 64 bocas de vertido de las que funcionan 43 en la actualidad y 21 están cerradas.

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Con el aumento de producción deberán estar operativas todas. Como ya ocurriera en 2006 la autorización ambiental de esta ampliación ha esquivado el proceso de evaluación ordinario más exigente –no es necesario según el Miteco–, pese a que la parcela donde se ubica la planta está en el ámbito del parque natural de la laguna de Torrevieja y el gran volumen de salmueras generadas.

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La administración constata y remarca que el punto de vertido de salmuera se encuentra en el interior del espacio Red Natura 2000 Lugar de Importancia Comunitaria y ZEPA «Espacio marino Cabo Roig», lugar que se «considera una excelente representación de praderas de posidonia y otros hábitats marinos».

Cedex

Acuamed, la empresa estatal que gestiona la planta, solicitó para el proyecto de ampliación que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) estudiara el impacto de la dilución del vertido al mar de la desaladora para el escenario de producción de 120 hm³ anuales con un aumento de la producción de aguas hipersalinas. El estudio concluye que tal aumento del caudal de las aguas de rechazo de la planta «no producirá efectos ambientales adversos sobre las comunidades bentónicas de la zona, siempre que se realice a través del emisario submarino funcionando con las 64 bocas difusoras abiertas».

Programa de vigilancia

Desde que se puso en marcha el programa de vigilancia ambiental de la desaladora de Torrevieja derivado de la declaración de impacto ambiental (DIA) en 2006 y de la autorización Ambiental integrada (AAI) de la instalación de la Generalitat en 2014, incluye una serie de controles para el seguimiento de las praderas de fanerógamas marinas.

Estos controles se llevan a cabo anualmente sobre una extensión de 2,62 kilómetros cuadrados del fondo marino alrededor del punto de vertido. Los resultados del programa anual de vigilancia, siempre según el Miteco, muestran que la conservación del hábitat de la zona de estudio se ha mantenido en valores similares desde el año 2015 sin observarse «cambios significativos que puedan deberse al vertido de salmuera sobre la zona». Admite que se han superado los umbrales de hipersalinidad de forma «esporádica», sin continuidad y sin tener que establecer el protocolo de corrección de salinidad.

Impacto negativo

El vertido de salmueras que genera la producción de agua desalinizada fue uno de los aspectos más cuestionados de la planta de Torrevieja cuando se inició el proyecto en 2006. Una polémica impulsada por el Partido Popular que se ha diluido con el tiempo, pero que llegó a contar con declaraciones incendiarias entre las que destacó aquella atribuida al diputado popular Esteban González Pons de que la planta torrevejense era «una nuclear del mar».

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La planta torrevejense, junto a las de San Pedro y Alicante, garantizó el suministro de agua potable a más de dos millones de habitantes en 2016-2017, un periodo de extrema sequía. También ahora los empresarios agrícolas, con una postura muy crítica contra la instalación que coincidió con la derogación del trasvase del Ebro, aún matizando que no es la solución para el déficit de agua, se disputan las concesiones de los caudales generados por la planta que el Estado subvenciona con una sustancial rebaja de precio.