Cambiemos se alía con PP y Vox para que la gestión de las zonas verdes de Orihuela Costa sea pública

El pleno de Orihuela ha dado luz verde a que la empresa municipal Ildo gestione el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la Costa, un servicio que se viene prestando por una empresa privada, aunque sin contrato desde que caducó hace siete años.

Con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Vox), al que se ha sumado Cambiemos, y en contra de PSOE y Ciudadanos, ha salido adelante este cambio de gestión que conlleva municipalizar un servicio cuyas deficiencias hasta ahora ha suscitado continuas quejas vecinales. El siguiente paso será que el área de Contratación realice la encomienda o encargo.

Esta maniobra supone el desistimiento de la licitación que el anterior mandato puso en marcha por 10 millones de euros durante cinco años. Se trata de uno de los contratos más complejos y polémicos en los últimos años, que se ha constatado desde que se abrió el concurso para que las empresas presentaran sus ofertas, algo que finalmente hicieron Actúa y las UTE STV/Evocivil y SAV/Doalco.

En este proceso han habido denuncias y encargos de informes externos, algo en lo que Antifraude ha puesto la lupa, y precisamente este clima se ha trasladado al salón de plenos, donde ha habido cruce de acusaciones sobre todo entre el equipo de gobierno y el portavoz de Ciudadanos, José Aix. Incluso, ha sobrevalorado la responsabilidad patrimonial que las mercantiles que se presentaron a la adjudicación podrían exigir a los concejales que votaran a favor.

Coacciones y amenazas

Enrique Montero, concejal de Cambiemos, ha sido directo con Aix, a quien ha acusado de "defender los intereses de sus amigos empresarios". También se ha mostrado sorprendido por que PP y Vox hagan esta propuesta, "con prisas y corriendo", pidiendo a su vez que expliquen las razones por las que se va a municipalizar el servicio, cuando son defensores a ultranza de la gestión privada. Con todo, ha explicado su apoyo, "no por coacciones ni amenazas", sino porque su grupo está "favor del interés general", y sobre todo para que "los ciudadanos de la Costa puedan disfrutar de unas zonas verdes en condiciones de las que han carecido tanto tiempo".

"A Cambiemos le engaña cualquiera", ha arremetido Aix, que ha comenzado preguntando a los concejales si conocen el fondo de la propuesta, respondiendo al mismo tiempo él mismo por ellos: "No". Así, ha bautizado el asunto como "el caso jardines", con el que, a su juicio, el equipo de gobierno ha querido "encontrar una puerta de salida al scape room, abriendo esta puerta de forma ficticia para deshacer el entuerto, para evitar que el contrato cayera en manos de alguien que no interesaba".

Hay que recordar que la licitación se le encargó a tres técnicos municipales. Dos de ellos renunciaron a realizar la valoración de ofertas, alegando falta de conocimientos dada la complejidad. La Mesa de contratación decidió recurrir a un informe externo. Primero se lo pidió a un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que no aceptó por conflicto de intereses con una de las empresas participantes. Después, se lo solicitó a otro profesor, esta vez de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que tampoco lo hizo por presuntas coacciones de una de las mercantiles, la misma que entretanto presentó un recurso de alzada oponiéndose a que se encargara a un profesional externo y abogando por que se tuviera en cuenta el informe del único funcionario que hizo la valoración, dándole la máxima puntuación, el mismo que elaboró los pliegos.

Pleno ordinario de febrero de 2024 del Ayuntamiento de Orihuela

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A su vez, algunos miembros de la Mesa de Contratación, entre los que encuentran el Secretario y la Interventora, denunciaron en la Fiscalía unas presuntas coacciones por parte de la misma empresa, lo que se ha archivado. Mientras, la mercantil presentaba un escrito de recusación contra algunos miembros, principalmente contra el Secretario municipal, solicitando que se les apartara del proceso licitador al poner en duda su "imparcialidad". 

Aix también ha hecho alusión a que las empresas, como han avanzado, pueden pedir indemnizaciones por el lucro cesante, que le costaría a las arcas públicas 600.000 euros, y responsabilidades patrimoniales a los concejales que votaran a favor de la municipalización del servicio.

Intereses

Víctor Valverde (PP), concejal de Infraestructuras, ha respondido a Aix que, "como siempre, está metiendo miedo y sembrando el pánico; no voy a entrar en por qué coacciona (entre comillas)".

"Esto de meter miedo es contar la verdad", ha añadido Aix, que ha manifestado que "el caso jardines es un disparate. No quieren que la licitación avance y caiga en manos de quien no quieren. Más allá de lo ideológico, que se lo dejo a Vox y Cambiemos, es un "déjà vu" del caso Brugal, cuando la señora Ortiz dejó desierto el contrato de las basuras. El caso jardines es el nuevo caso Brugal".

El concejal de Vox y vicealcalde, Manuel Mestre, ha contraatacado: "¿Tiene usted relación personal con la empresa supuestamente adjudicataria?", a lo que Aix, por alusiones, ha dicho: "No voy a consentir que tiren la piedra y escondan la mano", explicando que una vez que se ha estado en el gobierno, como es su caso, se conoce a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento. "¿Qué interés tiene usted o [Pepe] Vegara en fundir este contrato?", ha añadido.

Valverde ha afirmado que "la única intención es prestar un servicio en condiciones, carente de eficiencia desde 2018, con un pliego desactualizado que no recoge todos los parques y una empresa que se limita al objetivo del contrato", no sin antes recordar: "No sé si será el caso Brugal, pero ha generado dos imputaciones", en referencia a que no es la primera vez que el contrato de mantenimiento de zonas verdes en Orihuela Costa está en tela de juicio.

Un juzgado de Orihuela investiga un posible delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia que interpusieron los ediles de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción al advertir supuestas irregularidades por levantarse los reparos de Intervención sin volver a licitar el servicio. En esta causa permanecen como investigados los entonces ediles de Recursos Humanos, Luisa Boné, y de Infraestructuras, Ángel Noguera, ambos de Ciudadanos.

Consecuencias para Ildo

Por su parte, la portavoz socialista, Carolina Gracia, ha manifestado "serias dudas sobre el voto", aludiendo precisamente a las responsabilidades patrimoniales. "Para eso estamos aquí, para asumir responsabilidades", ha dicho Valverde. Finalmente, el PSOE ha votado en contra. Gracia ha defendido que "el fin no justifica los medios", y ha asegurado que con esta decisión "vamos a poner en riesgo a Ildo, que no genera pérdidas, por un problema en un procedimiento de contratación". En este sentido, ha insistido en que "va a suponer su endeudamiento con un préstamo de más de 7 millones de euros", resaltando que el equipo de gobierno pretende "vender la gestión de Ildo como que es en lo que creen, utilizándola para sobrecargarla".

En la misma línea, Aix ha subrayado que el Ayuntamiento perdería más de 400.000 euros por "adulterar Ildo y convertirla en una sociedad convencional y que las personas con discapacidad pasen a un segundo plano".

Valverde ha concluido que "si hay un grupo que ha apostado siempre por las empresas municipales es el PP", mientras que Mestre ha apostado por la empresa privada en la gestión, pero ha matizado que en este caso, "con los pies en la tierra, y analizado los pros y los contras, es la solución" que se encargue a Ildo.

Con todo, las empresas que se presentaron al concurso, tras el desistimiento de la licitación, pueden solicitar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la paralización del proceso de encomienda de gestión a Ildo. Este órgano tiene tres meses, mínimo, para tomar una decisión, sin perjuicio de que pueda decretar hasta entonces la suspensión cautelar del acuerdo que se ha adoptado en el pleno.

Orihuela encomienda la gestión de las zonas verdes de la costa a unos presupuestos paralizados

Además, la encomienda está supeditada a los nuevos presupuestos, que están paralizados sine die hasta el regreso de la Interventora, que está ausente en su puesto de trabajo.

Esta misma semana, la Agencia Valenciana Antifraude, que investiga presuntas irregularidades en la licitación, ha emitido un informe preliminar en el que avala que el Ayuntamiento puede encargar informes externos, aunque manifiesta dudas, "defectos de forma", en cuanto a la elección de los profesores de la UPCT y la UPV y el contacto que se mantuvo con ellos. El Consistorio tiene diez días para alegar y aportar más documentación antes del dictamen final.