La federación sindical Fesep denuncia situaciones reiteradas de supuesto acoso laboral en el Ayuntamiento de El Campello. Alerta de "presiones", "amenazas" y "hostigamiento" hacia los funcionarios que se niegan a firmar pagos por contratos menores por el riesgo de incurrir en una ilegalidad por fraccionamiento, al no estar supervisados por Intervención.
El pasado jueves el Fesep, organización sindical mayoritaria en la Corporación, presentó un escrito ante el Consistorio por el que reclama la activación del protocolo frente al acoso laboral y pide una auditoria externa de los servicios municipales de Contratación, Intervención y Recursos Humanos. Así, la polémica no para de crecer por las instrucciones que desde hace dos años rigen en el Ayuntamiento para la formalización de contratos menores, cuya legalidad cuestiona un grupo de funcionarios, pese a asegurar el alcalde Juanjo Berenguer (PP) que están avaladas por Intervención, Contratación y Secretaría.
En cambio, fuentes de la Alcaldía han señalado este lunes que no tienen constancia de ninguna denuncia por acoso laboral al margen del escrito del sindicato, y que al no dar nombres de supuestos acosadores y acosados el Ayuntamiento no puede actuar, al "desconocer quiénes son los afectados", por lo que instan al Fesep a concretar los hechos, "que son muy genéricos", ya que con la información aportada no se puede activar ningún protocolo sobre unas acusaciones "que son muy graves".
En el escrito formalizado por el Fesep en la tarde del jueves ante el Ayuntamiento explican que "en los últimos días han salido en prensa noticias en relación con los conflictos suscitados por el cuestionamiento de la legalidad de las instrucciones de servicio en materia de Contratación-Intervención que ha realizado el colectivo de técnicos municipales, y la negativa de la Jefatura de la Policía Local a suscribir las actas de verificación de facturas por prestaciones que no cuentan con el correspondiente contrato" sobre la grúa, siendo algunos de estos empleados afiliados a este sindicato.
Y esta organización alerta que "por lo motivos indicados, ciertas funcionarias y funcionarios municipales de la administración especial, y principalmente quienes ostentan las jefaturas de servicio de las áreas técnicas y de la Policía Local, se están viendo sometidos a ciertas presiones" que detalla a continuación, aunque sin dar nombres: "Se ha tenido conocimiento de que por parte de ciertos altos funcionarios y algunos miembros del equipo de gobierno se están dando conductas de forma reiterada y sistemática desde hace tiempo que podrían ser constitutivas de acoso laboral hacia las empleadas y empleados públicos citados".
Este supuesto acoso consistiría en "hostigamiento psicológico; por ofensa a la dignidad de los mismos, ante el cuestionamiento continuo de su trabajo, al defender su postura por no querer verse incursos en posibles delitos por prevaricación administrativa y ante la indefensión jurídica en la que se encuentran; por amenazas de apertura de expedientes disciplinarios y de retirada de jefaturas de servicio; y por abuso de poder al derivar en ellas y ellos responsabilidades y funciones que no les corresponden".
Por todo ello solicita que "se tenga por formulada la presente denuncia, se active el correspondiente protocolo frente al acoso en el entorno laboral y se adopten las medidas que correspondan, dando cuenta al comité de salud laboral". Además, reclama "una auditoria externa de los servicios municipales de Contratación, Intervención y Recursos Humanos, desde al menos un año antes a la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)", que data de 2018. Desde entonces, se han sucedido diversos cambios en las instrucciones que reciben las concejalías para tramitar sus contratos menores, que han ido aumentado la responsabilidad legal en cada área, hasta el punto que actualmente no se realiza una supervisión previa por parte de Intervención de estos pagos. Así, un grupo de funcionarios ha presentado varios escritos reclamando un informe jurídico del secretario sobre esta forma de actuar, ya que advierte que está recayendo sobre arquitectos e ingenieros responsabilidades legales que por su titulación y cargo no les corresponden, cuestionando por tanto la legalidad de estas órdenes y alertando de la "inseguridad jurídica" que están sufriendo. Y ante la falta de respuesta a esta petición de informe, han recurrido al Síndic de Greuges, que ha abierto una investigación. En cambio, el alcalde ha asegurado que Intervención, Contratación y Secretaría avalan estas instrucciones por lo que no hay dudas sobre su legalidad.
Denuncias individuales
Fuentes del Fesep han explicado este lunes que los afectados por estos supuestos casos de acoso laboral están ultimando denuncias individuales ante el juzgado y el Ayuntamiento. Y han insistido que con la denuncia presentada por el sindicato el Consistorio está obligado por Ley a activar el protocolo. En cuanto al resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento, desde CC OO han manifestado que aunque desconocen la denuncia, en todo el tema de los contratos menores "estamos apoyando estas denuncias vengan del sindicato que vengan, siempre que se defienda la integridad y la profesionalidad del funcionario". Y desde el Sindicato Independiente (SI) han explicado desconocer esta denuncia ni las conductas que se relatan, aunque reconocieron que son conscientes del clima de "tensión" que hay en el Consistorio por el riesgo de fraccionamiento de contratos. Este medio ha tratado sin éxito contactar con UGT.
La Junta de Personal, formada por estos cuatro sindicatos, remitió en marzo un escrito a Alcaldía y Recursos Humanos en el que, entre otros temas, manifestaban «nuestro apoyo a los trabajadores municipales que estén o puedan estar inmersos en procedimientos judiciales por la mala gestión política, por las luchas y disputas entre los partidos políticos así como por la falta de soluciones que se deberían proporcionar desde los servicios municipales competentes. Exigimos que las luchas y disputas entre distintos partidos políticos dejen al margen a los trabajadores y trabajadoras municipales y que cada servicio municipal se responsabilice de sus competencias», en referencia a que Intervención debe supervisar previamente los contratos, y no dejar a los técnicos que carguen con la responsabilidad legal de los contratos menores.
Así, la preocupación por este riesgo de fraccionamiento de contratos entre los funcionarios del Ayuntamiento es máxima, ya que además hay una jefa de servicio procesada por el caso en el que también están acusados los dos últimos alcaldes y tres ediles por presunta prevaricación, por fraccionamiento de contratos para el mantenimiento de una depuradora y una fuente, a raíz de una denuncia de EU. Y la polémica por los contratos menores también ha abierto un nuevo frente entre PP y Cs, socios de gobierno que llevan un año de continuos choques, denunciando los naranjas "mentiras" en un informe de Intervención sobre este tema y alertando de la paralización del Ayuntamiento por el bloqueo de estos pagos por el temor a nuevas imputaciones.
