El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado la razón a la empresa biodiésel Alicante en su propósito de abrir una fábrica en el puerto y obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 800.000 euros. Esta sentencia agota la vía ordinaria y se puede dar por firme ya que el Ayuntamiento descarta acudir a la vía extraordinaria por las escasas posibilidades de éxito.
La sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo, y que cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados, revoca una sentencia previa del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante, del 24 de julio de 2008, en sentido opuesto, ya que avalaba la denegación municipal a la solicitud de instalar la planta en el muelle 19 del recinto portuario.
En el marco de las protestas en la calle contra el proyecto, el Ayuntamiento denegó en 2007 la licencia de obras y actividad a la mercantil, pese a que biodiésel Alicante ya contaba con los informes favorables de la Autoridad Portuaria y la declaración de impacto ambiental de la Generalitat.
La sentencia del TSJ incide en que la citada declaración de impacto ambiental del Consell fue obtenida después de que el Consistorio hubiera informado favorablemente en su tramitación.
De esta manera, el alto tribunal considera que la administración local "no podía volver sobre sus propios pasos ni cuestionar" la citada "autorización ambiental integrada concedida por la Generalitat, al no ser de su competencia".
Por ello, "la Administración municipal con la autorización ambiental integrada otorgada por la Generalidad Valenciana debe necesariamente emitir la correspondiente licencia de actividad".
Así, el TSJ anula las resoluciones del Ayuntamiento denegando de forma expresa la licencia de obras y actividad, y al mismo tiempo se reconoce el derecho de biodiésel Alicante a que el Consistorio le diera luz verde en los términos que solicitó y con las correcciones que hicieron los técnicos municipales en la tramitación.
El fallo prevé que el Ayuntamiento indemnice a la empresa con 800.352,02 euros. Esta cantidad, aún siendo elevada para las escuálidas arcas municipales, apenas representa el chocolate del loro de la primera indemnización que reclamó la mercantil y que ascendía a 143,7 millones de euros, aunque con posterioridad rebajó la cuantificación de la indemnización a 4,5 millones .
Fuentes municipales destacan los dos votos particulares contrarios a la sentencia, y destacan la firmeza con la que respaldan la postura municipal de denegar la licencia, frente a los tres magistrados restantes que suscriben la sentencia.
Como se recordará, la denegación municipal de la licencia para instalar la planta de biodiésel se plasmó en un decreto de la Concejalía de Urbanismo, por entonces dirigida por Sonia Castedo, del 22 de marzo de 2007. Las razones fundamentales de la denegación fueron la falta de autorización de la empresa para el transporte de combustible por carretera, que requiere de una autorización de la Administración General del Estado, y el exceso de altura de una de las instalaciones, al sobrepasar la máxima autorizada en el Puerto.
En la decisión municipal de denegar la licencia a la planta influyó la fuerte presión social que provocó esta instalación y también la coyuntura política, puesto que la polémica alcanzó su mayor nivel en la primavera de 2007 apenas unas semanas antes de que se celebraran las elecciones municipales.
Esta sentencia pone punto final al contencioso de un proyecto que arrancó hace ya siete años, en octubre de 2005, cuando biodiésel Alicante solicitó al Ayuntamiento autorización para la instalación de la planta en el Puerto.
La empresa descarta toda posibilidad de instalar la planta
Aunque la resolución judicial da vía libre a la instalación de la planta de biodiésel en el Puerto, Jiménez Belinchón, uno de los promotores más importantes de la misma, lo descartó por completo al señalar a este periódico que "con la denegación de la licencia arruinaron el proyecto", declinando hacer más declaraciones sobre este asunto. Por su parte, fuentes de SuBús, que fue socio minoritario de este proyecto con una aportación del 15 por ciento, recordaron que se apartaron de este asunto cuando los socios mayoritarios acordaron recurrir ante los tribunales la decisión municipal.
Por parte municipal, la alcaldesa, Sonia Castedo, señaló que no conocía el contenido de la sentencia pero recordó que la denegación de la licencia a la planta se amparaba en informes de los técnicos municipales. Sobre la posibilidad de un recurso extraordinario, Castedo señaló que desconocía se es posible, aunque fuentes municipales consultadas lo descartan porque las posibilidades de que salga adelante son muy remotas y por el elevado coste que supondría para las arcas municipales.
Por su parte, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, en nombre de su agrupación que fue una de las que con más insistencia se opuso a la instalación de la planta, carga duramente en un comunicado contra el equipo de gobierno municipal del PP, "cuya incoherencia a la hora de gestionar el expediente de la licencia municipal para construir una planta de biodiésel en la zona de ampliación portuaria puede costar muy caro a la ciudadanía". Pavón responsabiliza a la alcaldesa por su gestión como concejala de urbanismo "al informar favorablemente la autorización ambiental integrada de la planta de biodiésel del Puerto contra la que alegó EU".
10/09/2008: Biodiésel Alicante descarta ya instalarse en el Puerto al rechazar el juzgado su recurso10/09/2008
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