Con unidad no exenta de bronca. Así aprobó el Pleno municipal la creación de una comisión no permanente para investigar las sospechas de nepotismo en las oposiciones a la Policía Local de Alicante. La Corporación, con el voto a favor de todos los grupos, dio luz verde a una propuesta previamente pactada y que intentará dar respuestas a las dudas surgidas en torno a un proceso selectivo marcado por un controvertido listado de aprobados en el que figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos. También están incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos (PP, PSOE y Vox) y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento (UGT y C·SIF).
La comisión, que estará formada por un miembro de cada uno de los seis grupos municipales, tiene como objeto la "revisión del proceso de oferta pública de empleo y dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación". El alcalde será el presidente nato del órgano, aunque podrá delegar el cargo. Lo previsible es que lo deje en manos del concejal de Seguridad, José Ramón González, aunque el socialista Francesc Sanguino, en su intervención, animó al alcalde a estar al frente del órgano. "Es el momento de su mandato", añadió. A la comisión, que se espera poner en marcha "cuanto antes", serán citados "los funcionarios municipales que se estimen convenientes". Se da por hecho que el primer interviniente será el jefe de la Policía Local y presidente del tribunal de la oposición, José María Conesa. Las sesiones, que no deben celebrarse con una periodicidad de más de 15 días, serán públicas. La comisión finalizará con un dictamen con las conclusiones, previamente votadas por los grupos, que se elevará al pleno para su conocimiento.
En la votación del punto hubo unidad, como estaba previsto, pero no por ello estuvo exento de bronca. Desde la izquierda (Compromís y Unidas Podemos) aprovecharon el debate para echar la vista atrás, lo que a su vez aprovechó el gobierno municipal (el PP, porque Ciudadanos permaneció en silencio) para reclamar la presunción de inocencia. También, por embarrar más si cabe el debate, el concejal de Seguridad aludió a otras polémicas ajenas al asunto de marras, como la que afectó a Escola Valenciana durante el pasado mandato, la relativa a los abusos a una menor del exmarido de Mónica Oltra e incluso citó el Plan Ciudad, un proyecto fallido del tripartito.
Vuelven a las andadas. Gobierna el PP y volvemos a hablar de que no todos somos iguales y que sin padrino no eres nadie en la ciudad
Los dos discursos más duros contra las oposiciones bajo sospecha se escucharon desde la bancada de la izquierda. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no dudó en dirigir los dardos hacia los populares: "Vuelven a las andadas. Gobierna el PP y volvemos a hablar de que no todos somos iguales y que sin padrino no eres nadie en la ciudad. Volvemos al pasado. Ser hijo y sobrino no es delito, ni demuestra nada, pero las cifras son las que son. Y la sombra de la sospecha vuelve a la ciudad. Debemos investigar. Hay que tomar medidas, claras, justas y creíbles". En la línea, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, aseguró que "algo huele a podrido en su gestión". Todo esto, prosiguió, "genera desconfianza entre la ciudadanía". "No lo vamos a consentir. Hay que llegar hasta el fondo de este asunto. Tampoco vamos a dejar al zorro cuidando de las gallinas", añadió López. Otro tono fue el utilizado por Sanguino, que bajó decibelios en la crítica al gobierno municipal respecto a sus declaraciones previas: "Quien quiera decir que ha habido amaño, que se levante y lo diga", espetó Sanguino al resto de concejales.
No se puede prejuzgar, y lo han hecho. La presunción de inocencia se la han cepillado
El concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, cargó contra la oposición más crítica en la defensa de la gestión del gobierno local: "Son unos rastreros. Hemos actuado rápidamente. Se han pedido informes jurídicos y al presidente del tribunal. No se puede prejuzgar, y lo han hecho. La presunción de inocencia se la han cepillado. Si se puede demostrar que alguno no merece la plaza, será sancionado. Pero todavía no ha habido ninguna denuncia", afirmó González.
Pero la Policía Local no solo fue protagonista por la comisión abierta para investigar posibles amaños en las oposiciones, sino también por la puesta en marcha del expediente para la concesión de la Medalla de Honor de la ciudad por su 175 aniversario. Una de cal y otra de arena en apenas unos minutos de pleno. Pese a que estuvo sobre la mesa aplazar el reconocimiento para evitar mezclar la medalla y las sospechas de enchufismo, el asunto finalmente fue a pleno. El alcalde fue el encargado de defender la concesión del título, que contó con el respaldo de todos grupos. Ahora se inicia un trámite, que debe acabar con la entrega de la Medalla a la Policía Local durante este 2022, que ya fue concedida a la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Es el máximo honor de la ciudad. La Policía Local lleva desde 1847 desarrollando la labor de desempeñar la seguridad ciudadana, con presencia permanente en los barrios. Durante la pandemia, han puesto en riesgo sus vidas", defendió Barcala.
En un pleno marcado por la división de la Corporación alicantina, otro punto del orden del día contó con el respaldo de todos los grupos municipales. Fue la petición, a propuesta de PP y Ciudadanos, para que los AVE Alicante-Madrid sigan parando en Atocha y no en Chamartín. La iniciativa para evitar "perjuicios a la ciudad y provincia de forma considerable", que sumó el apoyo de toda la oposición, también incluía la petición a Renfe de que ponga fecha a la llegada de los AVE "low cost" a la ciudad de Alicante y la exigencia al Ministerio de Transportes, a Renfe y a ADIF para que "pongan en marcha todos para llevar a cabo la conexión por tren entre el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y Alicante".
Réplica de la política nacional
Y ahí se acabó la unidad de un pleno municipal en el que se replicaron las peores formas de la política nacional. El Pleno tumbó propuestas como la creación de una comisión, a petición de Unidas Podemos, para dar una respuesta local al impacto de la guerra en Ucrania, con el objetivo de elaborar "un plan urgente de medidas municipales contra la crisis económica y social con la finalidad de proteger especialmente a las familias más vulnerables y a los sectores económicos de la ciudad, pymes y autónomos, más sensibles a sufrir este impacto". La iniciativa fue rechazada por el bipartito y Vox. Con ese mismo reparto de los votos tampoco salió adelante otra propuesta de la coalición morada para "una reparación urgente del edificio del IES Virgen del Remedio para garantizar que el alumnado de FP inicie el próximo curso en el centro". En la previa del pleno, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, visitó el centro para manifestar ese mismo compromiso, que no frenó una protesta prevista para la próxima semana. La misma suerte corrió una iniciativa de Compromís para que el antiguo matadero se convierta en un "centro ligado a la innovación y la economía digital" y la propuesta socialista para poner en marcha un programa, en colaboración con el resto de administraciones, para el acogimiento de las personas refugiadas. Tampoco se aprobó la declaración institucional de apoyo al reconocimiento de la República Saharaui Democrática. Pese a la polémica por el acercamiento a Marruecos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la iniciativa solo contó con el apoyo de Unidas Podemos y Compromís, la abstención de los socialistas y el "no" de PP y Ciudadanos, que han apoyado textos de redacción similar, por aquellos de marcar distancia con el jefe del Ejecutivo central, en otros ayuntamientos de la provincia de Alicante.
Debates acalorados al margen, durante el turno de ruegos y preguntas, el concejal de Seguridad, de nuevo protagonista en un pleno municipal en el que no pocos miembros del equipo de gobierno intervienen de manera más que esporádica, aseguró a requerimiento de la socialista Llanos Cano que la Policía Local de Alicante todavía no ha impuesto ninguna sanción en aplicación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que entró en vigor el pasado viernes. Según explicó el edil y apuntilló el alcalde, los agentes se encuentran ejerciendo una "labor informativa" y no multando a las personas que infringen los artículos (como dormir en la calle o hacer malabares en semáforos). Además, se subrayó la creación de un "grupo de trabajo" con personal de Servicios Sociales para "ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan".
Sin acuerdo, pero con compromiso público y «show»
Aunque para nivel bronco, el final del pleno. Ante un Salón Azul que meses después volvió a recuperar la presencia de público, la Corporación protagonizó una discusión cruzada que sorprendió a unos representantes de los vecinos del PAU 1 y de la fundación Adiem que esperaban otro tono después de alcanzar, por sorpresa para muchos (incluido el bipartito), un acuerdo para la construcción del centro de salud mental. Pese a pactar la solución en unas reuniones promovidas por la socialista Trini Amorós, el ejecutivo de Barcala descartó facilitar un acuerdo plenario, al rechazar una enmienda del PSOE para ajustar la propuesta inicial de Compromís al pacto alcanzado entre los vecinos y la promotora del proyecto, que supondría levantar el centro de día en la parcela cedida del PAU 1 y buscar otro espacio para la residencia.
Pero no sólo no hubo acuerdo plenario ante el "no" de PP y Cs, sino que las formas recordaron los debates más ásperos del Congreso de los Diputados. Copiando lo peor. Tras las intervenciones a favor del acuerdo de los grupos de la oposición, desde la izquierda a Vox, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, calificó de «oportunistas» a los ediles de la bancada de enfrente por quererse erigir en los "salvadores de los problemas de la ciudad", subrayando que en este proyecto no ha habido problemas "con los trámites", sino con los "vecinos", que en un principio se posicionaron en contra de la iniciativa por restar metros para dotaciones públicas. También habló de unas negociaciones abiertas con la Generalitat, aunque sin concretar.
El gobierno de Barcala negocia con las consellerias de Políticas Inclusivas y de Educación trasladar el centro a un solar contiguo junto a la sede de Cruz Roja, también en el PAU 1. Barcala, que tampoco dio detalles y negó a Compromís la posibilidad de retirar la iniciativa para forzar su votación, acusó a la coalición de izquierdas de ir de "listillos", de mostrar "ardor guerrero" y de tener "la poca vergüenza de mentir a los vecinos en su cara". Tras la retahíla de acusaciones, que cayeron en saco roto entre vecinos y Adiem, Barcala acabó por asumir en público el compromiso de respetar el acuerdo entre ambas partes, aunque el bipartito sigue, a su vez, firme en cambiar el emplazamiento unos cientos de metros, en contra del acuerdo entre vecinos y la promotora del centro de salud mental.
