La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo declarará como testigo en el juicio por el llamado caso Isjoma, otro presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Alicante que se juzgará en la Audiencia Provincial el próximo septiembre. En el banquillo, se sentarán como acusados los exediles Andrés Llorens y Juan Zaragoza para responder por un supuesto trato de favor de la corporación hacia la mercantil Isjoma, que se encargaba del suministro de infraestructuras para actividades festeras en la ciudad y que habrían causado un perjuicio a las arcas municipales de 340.000 euros.
El principal acusado era el funcionario jefe del área de Atención Urbana, Víctor López, que falleció el año pasado a causa del covid, sin que aun hubiera fecha para el juicio. Las defensas han reclamado la citación de Castedo y del exedil Juan Seva para que avalar la actuación de sus compañeros de corporación durante el periodo en que se enmarcan los hechos, entre los años 2003 y 2009.
Tanto Llorens como Juan Seva ya declararon como testigos en el juicio que sentó a Castedo en el banquillo por los presuntos amaños del Plan General, y en el que la exalcaldesa fue absuelta. En aquella pieza separada del llamado caso Brugal, los dos exediles testificaron para respaldar la gestión de Castedo y asegurar que tras las causas de la retirada del planeamiento urbanístico investigado no se encontraban las sospechas de corrupción.
El juicio por el llamado caso Isjoma tiene previsto su inicio el próximo 19 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en una sesión reservada para que las partes planteen las cuestiones previas. El proceso se reanudará el 20 de septiembre y quedaría visto para sentencia el 29 del mismo mes, con ocho sesiones previstas para las declaraciones de acusados, testigos y peritos, así como los informes finales de conclusiones de las partes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama tres años de prisión y otros quince de inhabilitación para Andrés Llorens, exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, al que se acusa de prevaricación. El Ministerio Público le acusa de establecer junto a técnicos de municipales un sistema de contratación paralela para adjudicar a dedo a la mercantil Isjoma diversos eventos, fraccionando contratos, para no superar el límite del contrato menor de suministros y tener que convocar un sistema de concurso público. Durante el periodo citado, Isjoma recibió un total de 858.000 euros al margen de la contrata y que ascendía a 2,3 millones.
Anticorrupción acusa también por supuestas irregularidades en el concurso público por el que se volvió a adjudicar a Isjoma el contrato en el año 2009. La Fiscalía considera que la decisión estaba tomada de antemano por un informe realizado por el fallecido Víctor López para beneficiar a la mercantil, pero considera que tanto Llorens como Zaragoza manipularon al restos de los miembros de la mesa de contratación para dar el visto bueno a una decisión que, para el fiscal, fue "injusta y arbitraria". Por este motivo, las defensas han pedido la declaración de Castedo y de Seva para declarar sobre las circunstancias en las que se aprobó la polémica contrata. Concretamente, han sido las defensas de Llorens, el letrado Fernando Candela, así como del empresario Isidro García, Luis Santamaría, quienes han pedido la declaración de Castedo.
Asimismo a Juan Zaragoza se le acusa de haber revelado el contenido del informe técnico que avalaba el contrato al empresario José Alavés y que optaba también a la contrata, cuando todavía era materia reservada. El fiscal le reclama un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Alavés ejerce la acusación particular en este proceso a través del abogado José Alberto Ferrer Pallás, que se abrió tras la aportación de una grabación de una conversación que éste tuvo con Juan Zaragoza.
Los otros técnicos acusados en la causa son el jefe de Talleres del Ayuntamiento de Alicante, Ginés Pérez, y el Ingeniero técnico de Obras Municipales, Francisco Ramón Casal, por no ejercer su labor de control en las certificaciones de material usado que mensualmente presentaba el empresario de la contrata. Al primero se le reclaman dos años y cárcel y otros ocho de inhabilitación; mientras que para el segundo se piden la misma pena de inhabilitación.
Por último, a Isidro García, responsable de la mercantil Isjoma que habría sido beneficiado por las presuntas irregularidades, dos años y medio de cárcel al considerarle cooperador necesario de los delitos de prevaricación investigados.
Tercer juicio a Llorens tras dos absoluciones
El exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens se sentará por tercera en el banquillo como acusado con la celebración del juicio por Isjoma. En los dos anteriores procesos, Llorens quedó absuelto por la Audiencia. El primero fue por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes, que se adjudicaron después de haber sido inaugurada. El segundo fue por supuestos amaños en la adjudicación de obras del Plan E en Alicante y en el juicio Llorens fue exculpado, pero se condenó a un funcionario. El tribunal consideraba que no había quedado probado que el exedil tuviera conocimiento de estos hechos. A lo largo de la instrucción, Llorens ha negado haber cometido delito alguno y sostiene que hizo lo que le dijeron los técnicos. J. A. M.
