La decisión ya adoptada por la Conselleria de Educación de retrasar una semana la oferta de vacantes al profesorado de Secundaria, hasta el 12 de septiembre que es el primer día de clase, no permitirá un arranque normalizado del curso.
Los 150.000 alumnos de ESO en la Comunidad, 63.000 de ello en la provincia de Alicante, se verán afectados y tendrán que arrancar a medio gas hasta que no se cubran las plazas docentes, alrededor de un millar, como ya han advertido y lamentan los representantes de los padres de alumnos, a consecuencia de la ejecución del auto de los magistrados del TSJ contra la obligación de Educación de impartir la enseñanza en primero de ESO agrupando asignaturas.
Mientras las adjudicaciones de vacantes en los colegios se mantienen el día 5 de septiembre, con tiempo suficiente como para que los maestros estén en sus puestos el 12 de septiembre y las plantillas puedan estar completas, la previsión de Educación para este curso en los institutos se ha visto desbaratada y no llega a tiempo de cubrir las bajas y jubilaciones comunicadas por el profesorado este verano y los institutos arrancarán con este déficit.
Pioneros
La pretensión de las autoridades educativas en la Comunidad de seguir a la cabeza en toda España con un modelo de enseñanza pionero, que ha hecho suyo el Gobierno de Pedro Sánchez con la nueva Lomloe para extenderlo al resto de autonomías, ha chocado finalmente con la autonomía de los centros educativos por haberlo implantado de forma forzosa y no voluntaria, como sí contempla la propia ley estatal. Y la medida ha desencadenado el malestar de los docentes y la consiguiente acción sindical.
UGT llevó a los tribunales el polémico decreto sobre el funcionamiento del curso en Secundaria, donde se mantiene la obligación de impartir el primer curso de ESO agrupando materias, fechado por Educación el 5 de agosto y publicado en el DOGV el día 11 del mismo mes. Y la resolución al respecto del TSJ de la Comunidad por la vía de urgencia, mediante una cautelarísima, ha desbaratado la organización de un curso que se había fijado, por orden de las autoridades educativas, agrupando contenidos para facilitar el paso de los alumnos de sexto de Primaria a los institutos.
Por mucho que ahora trate de parar el golpe, la conselleria que dirige Raquel Tamarit pero que en materia de Educación dirige el secretario autonómico y número dos, Miguel Soler, el curso arrancará de entrada con falta de profesores.
Urgencia
Además, Soler se la juega el próximo lunes día 29, en que ha convocado una mesa sindical de urgencia con la totalidad de los representantes docentes, porque a expensas de lo que decida le puede llover a Educación un rosario de recursos con la intención, como señalan desde las distintas fuerzas sindicales, de que el fallo de los jueces pase a convertirse en sentencia firme y definitiva.
A día de ayer, el propio secretario autonómico se había reunido ya, aunque separadamente, con todos los sindicatos de enseñanza para pulsar posturas de antemano e informar de las consecuencias directas de la ejecución de la cautelarísima: medio millar de interinos en el aire, porque sus plazas son para impartir codocencia agrupando asignaturas, y otras 12.000 adjudicaciones en comisiones de servicio y por desplazamientos o supresiones, que podrían a su vez verse alteradas.
Posturas
A UGT, que ha logrado la suspensión cautelar, le molesta de entrada que no se les haya dado un trato preferencial en modo “reunión bilateral” para ver la forma de ejecutar el fallo judicial, “ya que tanto él -en referencia al secretario autonómico- como nosotros somos las partes en el proceso judicial del que deriva la resolución cautelar. Veremos qué resulta finalmente de la mesa sectorial”, aventuraba este viernes Javier González Zurita, delegado de la formación.
Debíamos haber tenido trato preferencial porque somos parte en el proceso judicial
Además de la cautelar, este sindicato ha interpuesto el correspondiente recurso, en busca de una sentencia firme a la que ahora se piensan acoger otros sindicatos como CSIF o ANPE, tras haberlo anunciado cuando se publicó el polémico decreto a mediados de agosto.
“ Hasta que no tenga lugar la mesa sectorial, y mientras no dispongamos de datos ni propuestas concretas de la administración, ANPE no va a contribuir a generar desasosiego y desinformación entre los docentes”, sopesa su presidente, Lauren Bárcena. Pero recuerda que “como ya anunciamos, tras la publicación del decreto en los mismos términos del borrador, ANPE va a interponer recurso contencioso-administrativo que suspenda su aplicación, puesto que consideramos contrarios a derecho tanto la impartición de los ámbitos en 1º de la ESO como la imposición del proyecto interdisciplinar de 1º a 3º ESO.
Consideramos contrarios a derecho tanto la impartición de los ámbitos en 1º de la ESO
Bárcena valora que en la reunió preliminar con Miguel Soler “no se ha presentado ninguna propuesta detallada”, aunque afirma que “se intentará consensuar una solución a la situación actual”.
Los delegados del STEPV también prevén recurrir el decreto que agrupa las materias obligatoriamente, una vez que se celebre la reunión de los sindicatos con Educación. “En agosto solo se podían presentar medidas cautelares”, apuntan, que es precisamente lo que hizo UGT y a quien los jueces han dado la razón.
Pensamos recurrir aunque veremos en la mesa sectorial qué piensa hacer la conselleria
Tal y como también anunciaron en su momento, ratifican su intención al respecto, aunque Marc Candela deja caer que no obstante “veremos en la mesa sectorial qué piensa hacer la conselleria”, de forma que si les convenciera plenamente la solución adoptada dan a entender que no descartan dejar en suspenso dicho recurso.
También desde CC OO Rafael Martínez adelanta que “vamos a ver cómo quedan las cosas el lunes y valoraremos”. Al encuentro acuden con una fijación que coincide con la ya expresada desde UGT y el STEPV estos días: “Que la judicialización de los ámbitos en ESO no perjudique a las plantillas ni a la organización de los centros. Y que se establezcan mecanismos para que las 12.000 personas adjudicadas para el próximo curso no se vean afectadas por una repetición del procedimiento”.
Se debe respetar la democracia interna de los centros permitiendo la elección voluntaria
De cara a un curso que debía suponer la superación definitiva de la pandemia, este desajuste consideran en CC OO que puede crispar a los centros, por lo que exponen su preocupación al respecto. "No debe perderse ni una plaza de las dotadas de forma extraordinaria para la puesta en marcha de la codocencia y ningún colectivo de personal adjudicado en julio debe verse perjudicado”, advierten. “Hay que evitar volver a adjudicar el procedimiento en el que participan más de 12.000 personas, que ya han organizado sus planes de vida de acuerdo con la plaza adjudicada para el próximo curso, y se debe respetar la democracia interna de los centros, estableciendo un procedimiento de elección voluntaria de la implantación”.
La libertad de votar en los claustros no puede estar bajo la presión de perder personal docente
Los delegados del CSIF tampoco aceptarán que se impongan “más cargas ni más problemas para el profesorado y el funcionamiento de los centros”. Ya han pedido al secretario autonómico “que se busquen opciones legales para mantener a todos los docentes adjudicados en el centro educativo asignado en julio”, y que tampoco se genere un vaivén de traslados hacia centros que puedan decidir mantener la enseñanza por ámbitos o áreas de conocimiento afines.
Este sindicato alerta de la presión que Educación podría ejercer sobre el profesorado si no resuelve adecuadamente la situación. “La libertad de elegir, y por tanto, votar en los claustros que se convoquen, estaría bajo la presión de perder personal docente ya cuantificado en la plantilla para el curso 2022-2023, advierten.
Y de cualquier forma, CSIF ya adelanta que en su caso, presentarán en septiembre “el recurso ante el TSJCV contra el decreto que impone los ámbitos en Secundaria para eliminarlos, no cautelarmente, sino definitivamente”, concluyen.
El PP pide a la consellera Tamarit que explique en las Cortes su "mala gestión"
La portavoz de Educación del grupo popular, Beatriz Gascó, sostiene que “el sectarismo y la imposición en política educativa de Puig va a generar un caos absoluto en el inicio del curso escolar, tanto para los profesores como para los alumnos”.
Tras analizar la sentencia del TSJCV sobre la suspensión de la obligatoriedad de organizar las materias de 1º de ESO por ámbitos de conocimiento, la diputada popular anunciado que su partido va a "solicitar la comparecencia en las Cortes de la consellera de Educación” para explicar "su mala gestión".
Gascó, no obstante, prefiere centrar en Puig sus críticas y le señala como "único responsable de la mala planificación del curso escolar y de no querer escuchar a la comunidad educativa. Si no hubieran aplicado el rodillo y actuado de manera sectaria, no tendríamos este problema tan grave encima de la mesa”.
Recuerda que el PP-CV denunció en su momento que "no se podían hacer unas instrucciones de inicio de curso basadas en un decreto que no había sido publicado, porque si había algún problema las consecuencias iban a recaer sobre la organización de los centros educativos en septiembre, y eso es lo que ha pasado".
Denuncia además que esa "mala gestión de la consellera la tienen que pagar los centros educativos. Es una verdadera vergüenza que la incompetencia manifiesta de este Consell tripartito de izquierdas la intenten trasladar ahora a los claustros educativos”, y concreta que la actuación de la Conselleria de Educación "supone la eliminación de la libertad del profesorado y la bajada de los estándares de conocimiento, creando docentes no especialistas en la materia”.
La oposición política va a pedir "la memoria de evaluación” del proyecto puesto en marcha desde hace do años y advierte que “el profesorado ha estado trabajando sin seguridad jurídica con borradores e instrucciones que no daban garantía. Ahora van a tener que volver a rehacer algunas de las plantillas porque ya no se van a impartir las asignaturas por ámbitos. Es un menosprecio a la labor docente”.
También sostiene que "se equivocan a la hora de dar respuesta a ese desastre. En lugar de asumir su responsabilidad, lo que están haciendo es enfrentarse a esta situación con mentiras y triquiñuelas y amenazando a los claustros para que se siga trabajando con ámbitos, trasladando todo el peso a los equipos directivos de los centros educativos”.
La diputada popular recalca que “ya son muchas las sentencias que están corrigiendo la política educativa de Puig. Esta nueva no puede quedar sin que alguien dé un paso al frente y asuma la responsabilidad de los graves problemas de organización que se están generando cuando el curso escolar está a punto de comenzar. La consellera de Educación debería de estar más preocupada por hacer bien su trabajo y no crear estos problemas que por criticar a los jueces, cuando dice que no saben de educación”.
