El sindicato de enseñanza UGT, tras el auto del TSJ que mantiene la suspensión cautelar de impartir asignaturas agrupadas en primero de ESO desde septiembre si el docente no lo elige voluntariamente, advierte de que va a vigilar a Educación para que cumpla el mandato judicial, además de exigir más plantilla de profesorado en aquellos casos en que se decida por cambiar lo ya organizado para el curso próximo, porque harán falta más especialistas donde uno se encargaba de dos o tres asignaturas.
Además piden a la conselleria "que no recurra la suspensión cautelar ante el Supremo porque conllevará agravar más la situación, incluso para las arcas públicas, ya que vistos los antecedentes, la condena en costas que pagaremos todos los ciudadanos y en la que puede incurrir la administración si le desestiman el recurso de casación, puede ser superior a 3.000 euros", calculan.
Negociar
"Vigilaremos que se garantice una correcta aplicación y ejecución del auto de suspensión del TSJCV y pediremos a Educación la negociación de las garantías necesarias para que se respete la decisión y la libertad del profesorado, los centros y sus comunidades educativas, para realizar o no las agrupaciones de asignaturas. Debe respetarse escrupulosamente la decisión de los centros e incrementarse la plantilla docente, si es necesario, con reducciones de ratio y desdobles de los grupos", sostiene el delegado de la permanente de UGT, Kilian Cuerda.
UGT Servicios Públicos del País Valencià, cuyo recurso ha admitido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, celebra que los jueces se hayan ratificado en "suspender la obligación e imposición generalizada de los ámbitos educativos en 1º de la ESO a partir del curso 2022-2023, tal y como el sindicato solicitó en el recurso presentado contra el decreto de la Conselleria de Educación que recoge la agrupación forzosa de materias", abundan.
Al desestimar las alegaciones de Educación, para este sindicato "se restablece el derecho del alumnado a recibir una educación de calidad, el derecho del profesorado a impartir las materias de las que es especialista y para las que está debidamente cualificado, y el propio derecho de los centros educativos a su autonomía organizativa y pedagógica".
Para estos representantes docentes es "todo lo contrario de lo que ocurre con la agrupación forzosa de materias, porque el mismo profesor o profesora debe impartir la materia de la que es especialista y el resto de las que integraban en el ámbito, sin poseer la debida cualificación".
El sindicato concreta que en los dos últimos cursos en que ya se ha implantado esta medida obligatoria, "los ámbitos han sido impartidos normalmente por profesorado interino, el último que llega y se incorpora al centro educativo, porque el profesorado definitivo del centro rechaza su impartición y elige los grupos y cursos superiores que no tienen ámbitos educativos".
Por eso reiteran que "si hay que garantizar un profesor o profesora por materia o asignatura en 1º de la ESO, supondrá necesariamente un incremento de plantilla donde antes, con un solo docente, se impartía un ámbito educativo que tenía agrupadas tres materias". Recuerdan que no estaba garantizada la codocencia y que si un centro y su claustro decide ahora no realizar la agrupación de materias por ámbitos, donde antes solo era necesario una persona docente ahora serán necesarios tres.
Pese al rechazo unánime, Educación se negó a negociar y ha optado por imponer por la fuerza el modelo
Por tanto defienden que enseñar por ámbitos no implique reducir plantilla y sí garantizar la codocencia o dos profesores en la misma aula. Afirman que "pese al rechazo unánime, la Conselleria de Educación se negó a negociar y ha optado por implantar e imponer por la fuerza el modelo, que ahora el TSJCV le censura y le obliga a paralizar. Frente al autoritarismo y desprecio a la voluntad de la comunidad educativa que adopta la Conselleria de Educación en este tema, el TSJCV restituye los derechos de la misma y del profesorado", celebran.
UGT sostiene que junto con la plataforma de docentes "No als Àmbits Imposats", registraron más de 3.500 firmas de docentes afectados y que también presentaron otra queja ante el Síndic de Greuges "para defender los derechos laborales de los docentes, el alumnado y el de los centros".
