El ruido en el entorno de Castaños, de nuevo en los tribunales

Los dos residentes demandantes, la presidenta y el abogado de la asociación de vecinos de Centro Tradicional, esperan una sentencia favorable tras perder la batalla anterior por reclamar derechos fundamentales desde un colectivo - Una prueba pericial retrasará el fallo

Vuelve la polémica sobre el ruido en Castaños

Héctor Fuentes

C. Pascual

C. Pascual

Ante la falta de soluciones desde el Ayuntamiento de Alicante para frenar el ruido que se genera en el entorno de Castaños por la presencia de multitud de locales de ocio, los vecinos de la zona han retomado la vía judicial. Lo han hecho con demandas individuales tras perder el anterior pulso por reclamar la vulneración de derechos fundamentales a través de un colectivo. Ahora son dos residentes (la presidenta y el abogado de la asociación de vecinos del Centro Tradicional) los que han acudido de nuevo a los juzgados para reclamar la puesta en marcha de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que frene el ruido en el entorno de Castaños.

Las partes (desde los vecinos, a los locales de ocio, pasando por el Ayuntamiento) están a la espera de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante. Sin embargo, el fallo no se espera que sea inminente, después de que el magistrado haya admitido, con recurso mediante de los vecinos apoyado por la Fiscalía, que se realice una prueba pericial respecto a las mediciones de los sonómetros que el Consistorio alicantino instaló en calles del Centro Tradicional y el Casco Antiguo.

Según se explica en el último auto, los demandantes pretenden la "declaración de la vulneración de determinados derechos fundamentales, y que se condene a la Administración a una obligación 'de hacer' consistente en declarar determinadas calles del centro de la ciudad de Alicante, entre ellas la calle Castaños, zona acústicamente saturada (ZAS), adoptando limitaciones y medidas pertinentes que conduzcan a la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa invocada la propia demanda".

La prueba pericial judicial solicitada, y que finalmente se realizará, "no tiene por objeto determinar la existencia de un determinado nivel de ruido o de emisiones sonoras, es una pericia que se pretende sobre mediciones ya realizadas por los aparatos sonométricos instalados por el Ayuntamiento de Alicante en la calle Castaños, discutiendo el recurrente la homologación y si el resultado de las mediciones suponen los requisitos para que se inicie el procedimiento de declaración de zona acústicamente superada (ZAS)". Lo que los vecinos quieren es "realizar una prueba sobre mediciones objetivas que podrían ser valoradas directamente". Sin embargo, según el juez, eso "no excluye que sobre estos elementos se pueda practicar prueba pericial judicial".

Ahora, según fuentes judiciales, se debe llevar a cabo la pericial, que todo apunta que se abordará en una vista oral, tal y como ya sucedió en el primer procedimiento iniciado, cuando era la asociación de vecinos la parte demandante. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 4 dio la razón a los vecinos, aunque la alegría duró solo un tiempo, unos dos años en los que no se ejecutó ninguna medida para limitar el ruido, pese a que a jueza instó al equipo de gobierno a establecer las limitaciones y medidas necesarias para la recuperación en la zona de los niveles sonoros previstos por la normativa. Entonces, a finales de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante y las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), contra la sentencia que obligaba al gobierno municipal a poner en marcha una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Centro Tradicional de Alicante, entre las calles San Ildefonso, Castaños, López Torregrosa, Artilleros, Rambla, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Bailen, Gerona y San Francisco, revocando el fallo. En estas once calles se concentraban unos 150 locales de ocio que dan trabajo, según estimaciones de la asociación Alroa, a unas 2.000 personas. La sentencia fue recurrible al Supremo, que volvió a dar la razón al Ayuntamiento por ser una entidad la que exigía la vulneración de derechos fundamentales.

En una reciente asamblea general de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, el abogado de los residentes, Luis Santamaría, informó a los vecinos de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer: "Los vecinos tienen la posibilidad de ejercer su derecho individual, si este es el estado democrático en el que los colectivos no pueden reclamar derechos fundamentales".