Macrodepósitos en el Puerto de Alicante: la izquierda reitera su rechazo tras la cautelar del Constitucional
PSOE, Compromís y Unidas Podemos confían en que el alto tribunal mantenga su negativa a la instalación por la proximidad a zonas residenciales
Los grupos de la izquierda con representación en el Consistorio alicantino —PSOE, Compromís y Unidas Podemos— han reiterado su rechazo a los macrodepósitos en el Puerto de Alicante, después de que el Tribunal Constitucional haya levantado la suspensión cautelar que recaía contra el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que se incorporó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto de Alicante.
La alcaldable del PSOE por Alicante, Ana Barceló, ha manifestado que los socialistas mantienen su "rechazo rotundo a los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante. Respaldamos las medidas que fueron adoptadas por la Generalitat Valenciana para que no se pudieran instalar a menos de 1.000 metros de zonas residenciales, o dotacionales educativas y sanitarias" Barceló ha valorado que el levantamiento de la suspensión "que pretendía Puertos del Estado es una buena noticia".
En la misma línea se ha mostrado Compromís, a través de su portavoz, Natxo Bellido, quien ha confiado en que el Constitucional "no tumbe la acción del Botànic de defender la salud y la seguridad de los vecinos de los barrios del sur de la ciudad ante actividades industriales que no tienen cabida en el entorno urbano". Bellido ha sacado pecho de la gestión del gobierno autonómico y ha requerido al alcalde Luis Barcala que "el Ayuntamiento ofrezca su apoyo al recurso administrativo de la Generalitat para defender un modelo de Puerto seguro y sostenible".
Puerto sostenible
También el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha exigido este jueves el desbloqueo de la comisión puerto-ciudad. López ha considerado que los debates acerca de la integración del espacio portuario en el municipio y la coordinación entre ambas administraciones son "clave para el futuro de Alicante" y ha añadido que no entiende que Barcala mantenga este órgano surgido del pleno en un "estado permanente de letargo" que "debilita la posición del ayuntamiento en la exigencia no solo de evitar la instalación de los macrodepósitos, sino de presionar para cumplir con la legislación en su conjunto y para promover un puerto sostenible y respetuoso con los barrios que lo rodean".
La paralización entró en vigor de manera automática hace unos cuatro meses tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, con la firma del presidente Pedro Sánchez, contra la decisión del Botànic de legislar para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a menos de mil metros del casco urbano, contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más cercana de suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias y suelo de uso terciario especial.
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