La Generalitat adjudica una vivienda a María, la mujer de 72 años que fue desahuciada junto a su hijo discapacitado en Alicante

Justo un mes después de ser desalojada por un fondo buitre del piso del barrio de Carolinas Bajas en el que vivía hacía una década con su hijo discapacitado, María González, de 72 años, conocerá este miércoles la vivienda que le ha adjudicado la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivienda, en respuesta a su situación de vulnerabilidad social.

El proceso se ha retrasado, en parte, por la "batalla" abierta entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. De hecho, la concejala de Acción Social, Julia Llopis, no firmó el decreto de emergencia habitacional, un trámite necesario para poder agilizar la adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler social, hasta el pasado 20 de febrero, casi tres semanas después de que se certificara el desalojo de la vivienda.

El informe, según el Ayuntamiento, se envió a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Generalitat Valenciana, un día después, el martes 21. Desde entonces, no se ha sabido nada del documento. Desde el Ayuntamiento aseguraban que se había enviado y desde Vivienda mantenían que no lo habían recibido. Finalmente, el decreto ha aparecido este martes, según fuentes oficiales. Parece ser que el gobierno local lo había remitido por correo electrónico y no por el cauce del registro oficial.

Con todo, el envío del informe de emergencia habitacional se produjo tres semanas después del desalojo y justo dos días antes de que María interviniese ante el Pleno de Alicante, en unas palabras que marcaron la sesión plenaria del pasado jueves, llenas de verdad, de dignidad, con una Corporación en silencio absoluto. En su intervención, sin estridencias, sin demagogia, casi sin protagonismo pese a contar su pesar, la mujer relató su historia: "Me llamo María y el 1 de febrero fui desalojada junto a mi hijo por un fondo buitre de un piso donde he estado pagando mensualmente mi alquiler durante doce años, sin problemas. El derecho a la vivienda no se está cumpliendo por falta de interés de muchos políticos, que deben pensar en los alicantinos. No podemos vivir en la calle. A mí me ha acogido mi hermana. En una habitación vivimos tres personas", relató María, que pagaba un alquiler de 300 euros con su pensión de 750 euros.

Un fondo buitre fuerza el desahucio de una mujer de 71 años y de su hijo discapacitado en Alicante

Este martes, según ha explicado el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ya se ha informado a María de que tiene a su disposición una vivienda en Alicante. "Es en régimen de alquiler asequible, así que con las bonificaciones la mensualidad se quedará en unos 150 euros. El piso se le adjudica por siete años, con una posible prórroga de tres años más si continúa en situación de vulnerabilidad", ha añadido Aguilar, quien asegura que el piso estaba "reservado" para María desde que se supo que el desalojo se iba a producir, ante la negativa de la jueza de paralizarlo pese a su situación de vulnerabilidad, al vivir con un hijo discapacitado. "Este miércoles, María conocerá el piso, que como ella nos había pedido está en la ciudad de Alicante, y a partir de ahí la ayudaremos con los trámites para dar de alta el agua, la luz y demás servicios", ha apuntado Aguilar. Otras fuentes han precisado que el piso está ubicado en el barrio de San Antón.

Previamente al decreto de emergencia habitacional, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante constataron en un informe, firmado el 14 de febrero, que "la unidad familiar se encuentra en grave situación de vulnerabilidad social, con riesgo de exclusión social, resultando indispensable la adjudicación urgente de una vivienda".

El mecanismo para evitar la lista de espera de una vivienda social busca que "en los casos en que exista una situación de emergencia habitacional", el Ayuntamiento pueda "solicitar la adjudicación por urgencia, mediante resolución administrativa suscrita por el órgano municipal competente, acompañada por un informe social en que se acredite suficientemente la situación de urgente necesidad de vivienda a juicio de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo". Estos casos pueden "atenderse preferentemente y con independencia de la baremación obtenida, en función de la disponibilidad y adecuación de las viviendas disponibles en cada municipio".

El asunto, de nuevo, ante el Pleno

Unidas Podemos ha anunciado este martes, que impulsará una comisión plenaria para investigar "la actuación política de Barcala y Llopis respecto a los decretos de emergencia habitacional". La coalición considera que el gobierno de Barcala está "boicoteando deliberadamente la tramitación de la urgencia para dotar de una alternativa habitacional a las personas que son desahuciadas en Alicante".

El portavoz de la confluencia, Xavier López, ha señalado que su grupo presentará una moción para "constituir una comisión que investigue la tramitación el proceso de tramitación de los certificados de emergencia habitacional, con el fin de esclarecer lo que es un claro uso de las personas más precarias y vulnerables, para hacer tacticismo electoral, aunque con ello sean capaz de arrastrar y romper vidas de familias alicantinas”.