Los vecinos de Rabasa urgen al Ayuntamiento de Alicante a regularizar parcelas para la construcción de vivienda pública y privada

Urbanismo se compromete a agilizar la tramitación para la reparcelación de terrenos, donde la Generalitat podría construir hasta 300 VPO

Terrenos pendientes de reparcelación en el entorno de Rabasa

Terrenos pendientes de reparcelación en el entorno de Rabasa / JOSE NAVARRO

C. Pascual

C. Pascual

Con buenas sensaciones tras años de esperas. La asociación de vecinos de Rabasa, con su presidenta, Loly Gallego, al frente salieron este miércoles satisfechos de la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Alicante con el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos). El encuentro se concertó para intentar agilizar la reparcelación de unos terrenos donde en un futuro se podrán construir viviendas privadas y hasta 300 pisos en régimen social a cargo del Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Conselleria de Vivienda, según confirman desde la entidad vecinal. Actualmente, los procesos están paralizados por la falta de esos trámites urbanísticos que llevan años sin avances significativos.

El concejal de Urbanismo se comprometió en agilizar la reparcelación, aunque aseguró que también debe poner de su parte la Generalitat. "La reparcelación no está inscrita porque cambió la ley, y ahora es obligación que los documentos estén georeferenciados. Nos enviaron una documentación con errores, según el registrador, por lo que tuvimos que devolvérsela. Ahora se va a enviar otro requerimiento a la conselleria para que envíen la documentación correcta", señaló el edil al término de la reunión. Según Urbanismo, una vez se realice el trámite con la conselleria, la reparcelación pasará por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para su aprobación.

Completado todo el trámite, tanto los propietarios privados podrán impulsar la construcción de viviendas nuevas, ya que actualmente no pueden solicitar hipotecas a los bancos por la titularidad de las parcelas, y a su vez la Generalitat ya podrá promover nueva vivienda pública con los trámites ya en regla.

Los vecinos, al término de la reunión, subrayaron la "predisposición" de la concejalía, tras las dudas generadas durante las conversaciones previas mantenidas con los técnicos. "En un correo que nos contestaron a final del pasado año, nos dijeron que no había posibilidad de hacer a corto plazo el proyecto de reparcelación por tener otros asuntos que no admitían demora", explicaba este miércoles la presidenta de la asociación. "Sin embargo, en la reunión hemos visto buena predisposición para acelerar los trámites, aunque todavía sigue atascado el asunto. En el Ayuntamiento nos dicen que también tiene culpa la Generalitat. Nosotros solo queremos que se desatasque el asunto, porque hay vecinos que quieren construir y no pueden", añadía la representante vecinal, que a su vez también resaltaba la importancia de construir vivienda pública ante la dificultad de acceso de los jóvenes. "Ahora también queremos hablar con la conselleria para que agilicen la construcción de nueva social, porque en esos terrenos pueden proyectar más de 300 pisos, que pueden ser de gran ayuda para jóvenes", afirmó la presidenta de la asociación de vecinos.

En el encuentro también se habló de otros asuntos que preocupan en el barrio, como la paralización de la urbanización de los terrenos donde en un futuro se prevé construir la comandancia de la Guardia Civil. "Ni en un caso ni en otros nos hemos llevado fechas fijas. En el tema de la reparcelación, si todo va perfecto, podría estar listo en medio año, pero en el caso de la parcela no sabemos, porque tienen que redactar de nuevo el proyecto tras irse la adjudicataria", prosiguió la vecina, quien advirtió al Ayuntamiento de posibles peligros en la zona tras el abandono de una obra que se quedó sin empresa al poco de arrancar. El proyecto, dotado con un presupuesto total de 832.771 euros, tenía un plazo de ejecución inicial de seis meses. 

A mediados de 2022 se supo que la UTE finalmente no podía acometer la obra. Fue uno de los primeros contratos que se quedaron sin empresa por problemas económicos, tras el caso de la pasarela ciclopeatonal del acceso sur. Luego se sucedió la "huida" de empresas, con los parques de San Blas y el PAU 2 como últimos ejemplos.