Los sindicatos piden que las vacantes en Policía y Bomberos sean para quienes aprobaron sin plaza la última oposición en Alicante

CC OO, UGT y FESEP reclaman que las vacantes generadas por las jubilaciones en las plantillas de la Policía Local y los Bomberos sean para quienes aprobaron las últimas oposiciones convocadas y no consiguieron plaza.

Los sindicatos han solicitado una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, para convocar una mesa negociadora sobre la Oferta de Empleo Público del año 2023.

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El objetivo de los representantes de los trabajadores es cumplir con el "imperativo legal" exigido en las bases específicas aprobadas por el Ayuntamiento en 2019, que recogen que "a esta convocatoria se acumularán todas las vacantes que se generen hasta que termine el proceso selectivo, previa inclusión en la oferta de empleo público correspondiente".

Al encontrarse actualmente en periodo de prácticas quienes obtuvieron derecho a un puesto en la última oposición, los sindicatos entienden que el proceso selectivo no ha concluido, por lo que las más de 20 bajas que se produjeron el pasado año deberían incluirse en la oferta pública para que puedan acceder a ellas los próximos aspirantes en la lista.

En concreto, 43 personas aprobaron todos los exámenes sin conseguir una plaza en las últimas oposiciones a Policía Local, y 7 en el cuerpo de Bomberos. Los sindicatos solicitan que, tal y como reflejan las bases, las nuevas vacantes se sumen a las que se ofertaron en su momento para aquellos que no pudieron hacerse con un puesto.

De ser así, según fuentes consultadas, la gran mayoría de los aspirantes al proceso selectivo terminaría formando parte de las plantillas públicas. Una acumulación que ya se ha venido dando en los últimos años desde el último examen y que ha permitido -en el caso de la Policía Local- pasar de las 62 plazas ofertadas inicialmente a casi un centenar de puestos.

Evitar demandas

Una decisión que, según los sindicatos, conseguiría evitar numerosas demandas judiciales interpuestas por aquellos opositores que, tras superar el proceso, se encuentran a la espera de plaza y que se sienten perjudicados por la inactividad de la Administración.

También argumentan que serviría para "reducir considerablemente" el empleo temporal existente en estos servicios municipales ya que cubriría gran parte de las jubilaciones y otras vacantes de los años 2022 y 2023.

Además, recuerdan que en lo que respecta a gastos de personal no supondría ningún incremento en el presupuesto municipal, ya que se trata de plazas que ya existen actualmente en la plantilla, y que cuentan con su correspondiente asignación presupuestaria.