Los antidesahucios de Alicante exigen al Gobierno una nueva prórroga del decreto que frena los desalojos

En la calle, sin vivienda y desprotegidos. Colectivos antidesahucios han convocado este martes una concentración de protesta frente a la Conselleria de Vivienda para reclamar pisos sociales a personas en situación de emergencia habitacional. La situación de algunas de estas familias son desesperadas. El decreto del Gobierno que permite una moratoria en los desahucios está vigente hasta el 30 de junio y las incertidumbres ante las próximas elecciones nacionales de julio provocan que haya muchas dudas sobre cuál puede ser su futuro a partir de ahora. A pesar de la moratoria, en la provincia de Alicante se ejecutaron 242 lanzamientos durante el primer trimestre de este año y a lo largo de todo el 2022 fueron 2.695.

Aún con el decreto vigente, sigue habiendo personas que pierden su casa. Es el caso de Helena Sánchez Rebollo que el miércoles será desahuciada de su piso en Juan XXIII, a pesar de que tiene a dos hijos menores de edad, uno de seis años y otro de cuatro meses. Fue durante su embarazo cuando fue despedida y ya no pudo seguir pagando el alquiler. «Lo único que pido es que me den una vivienda social. No he querido seguir pleiteando porque tampoco quiero perjudicar al demandante», explicó a este diario. Según aseguró, «he acudido a los Servicios Sociales y la única alternativa que me dan es declararnos es desamparo y quitarme a mis hijos». Asegura que ha intentado que le consigan una vivienda social, pero las administraciones se pasan la pelota de una otra. Pero la que se queda en la calle, soy yo». Su marido está incapacitado también a causa de una esguince y un quiste en el pie. Ayer estaban empaquetando todo y hoy tienen previsto dejar la casa, antes de que el desahuicio se ejecute el miércoles.

Los alquileres desorbitados y la falta de pisos sociales dejan en la calle a más de 12.000 familias en la provincia

Incertidumbres

Por su parte, Consuelo ha podido quedarse en su casa sin que el desahucio se ejecute gracias al decreto del Gobierno. «El 30 de junio se acaba y no sabemos lo que va a pasar porque hay muchas incertidumbres con las elecciones», señaló. Tampoco saben qué es lo que ocurrirá en la Conselleria de Vivienda tras el relevo en la Generalitat Valenciana con el acuerdo entre el PP y Vox. «Somos muchas familias las que nos vemos en la calle y no sabemos qué va a ser de nosotros». dijo.

En la última reunión con los responsables de la oficina frente a la que hoy se concentran se les prometió que se les daría una vivienda pero que ésta no se podía entregar sin que antes hubiera sido acondicionada. «Son pisos que forman parte del parque público de viviendas pero que tienen que ser acondicionadas para ser habitables», aseguró. 

En estos momentos hay un tototal de 6.000 familias en listas de espera de la Generalitat Valenciana pendientes de una vivienda social. Motivo por el que el Sindicat de Barri Carolinas, Cometas y Sonrisas, Karam y el punto de información y denuncia de derechos sociales han convocado esta protesta.