Los alquileres desorbitados y la falta de pisos sociales dejan en la calle a más de 12.000 familias en la provincia

Los alquileres prohibitivos, sobre todo en las poblaciones turísticas costeras de la provincia, y el casi inexistente parque público de pisos sociales son los motivos principales de que más de 12.000 familias carezcan de una vivienda en la provincia de Alicante. Las entidades sociales alertan de que los grandes tenedores de vivienda de alquiler optan por no renovar el contrato a los inquilinos pese a que en la mayoría de casos pagan las rentas; mientras empresas de gestión inmobiliaria y corporaciones financieras traspasan el activo inmobiliario con fines especulativos.

Esto supone echar a las familias en lugar de mantener el contrato de alquiler social para dejar el piso vacío a la espera de que el mercado se revalorice aún más y suban de nuevo los precios, o bien darles salida para el negocio turístico.

El Ayuntamiento de Alicante aprueba la construcción de un edificio de viviendas sociales por 3,5 millones de euros

La realidad es que la Entidad de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana (EVHA) tiene ahora mismo inscritas a 6.061 familias a la espera de una vivienda social en la provincia de Alicante, el triple que hace un año y medio: el dato a principios de 2022 eran 1.884 familias.

Cáritas alerta de que el problema del acceso a la vivienda en Alicante es insostenible

Cáritas ya ha alertado de esta grave situación, calificando de insostenible el problema del acceso a la vivienda en territorio alicantino. Una de cada cinco personas que acuden a la entidad en busca de ayuda no disponen de una vivienda para su familia y tienen que recurrir a habitaciones en pisos compartidos en un año marcado por la inflación y la exclusión social. Además, el 40% de las ayudas directas que otorga están relacionadas con el pago de la casa o de cualquiera de sus suministros, como agua y luz.

Un centenar de viviendas sociales del siglo XIX en Alcoy permanecen abandonadas

Mientras tanto, los precios de los alquileres no dan tregua y siguen con su escalada, a pesar de los intentos del Gobierno por limitar su encarecimiento. Alicante se mantiene como una de las provincias más inflacionistas, con un encarecimiento en abril del importe medio en un 5%, lo que situaba entonces la subida interanual en un 24,6%, según el portal Fotocasa.

Una mujer de Alicante con dos hijos, a punto de ser desahuciada tras seis meses sin recibir ayudas

Es el tercer mayor incremento de todo el país, únicamente por detrás del registrado en Baleares y Tenerife. Alquilar un piso en una tercera planta sin ascensor en los barrios más periféricos y modestos de Alicante está ya por encima de los 600 y 700 euros y conforme más se acerca al centro más se encarece el coste.

Movilización en Alicante por la falta de vivienda social

Ver galería

El alquiler en Alicante: hasta 600 euros por vivir en un sótano o un local

Además, la falta de oferta ha sacado al mercado todo tipo de alojamientos, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia, desde antiguas peluquerías y otros locales comerciales hasta pisos-cápsula de menos de 20 metros cuadrados en sótanos sin apenas equipamiento por más de 600 euros al mes.

"Me piden contrato de trabajo y pagar un año de adelanto de alquiler, 7.200 euros. No lo tengo, ¿de dónde saco ese dinero?"

Yanine Badic

— Peticionaria de vivienda social

A Yanina Badic, desahuciada el pasado 10 de mayo del piso que ocupaba en Alicante junto a sus cinco hijos, cuatro de ellos menores, le han pedido que pague por adelantado un año de alquiler para poder acceder a un piso, más de 7.000 euros en total. "No tengo, ¿de dónde saco el dinero?", se pregunta la mujer, viuda, y expulsada de un piso del barrio de Carolinas por su propietario, en este caso un particular. Gracias a una ayuda ha podido conseguir un alquiler para algo más de 60 días pero en septiembre se queda en la calle "y los ahorros han volado".

Emergencia habitacional

Según explica Francisco Llopis, del Sindicat de Barri de Carolines, entidad que lucha por el derecho de las personas a una vivienda digna en la capital de la provincia, hay un decreto de la propia Generalitat, el 106/2021, que en su artículo 48.7 establece que la Entidad de Vivienda tiene que actuar de urgencia para asignar en el menor tiempo posible un piso en régimen de alquiler social a las familias que tengan firmado un documento de emergencia habitacional.

"Cada vez hay más familias que literalmente están en la calle o bien en casa de amigos o parientes, sin alternativa habitacional disponible de vivienda pública a su disposición mediante el pago de un alquiler"

Francisco Llopis

— Sindicat de Barri de Carolines

Este papel se consigue en los casos en que la unidad de convivencia o la persona tiene acreditada una situación de vulnerabilidad social, están desahuciados o tienen fecha de lanzamiento marcada por un juzgado. Es decir, "familias que literalmente están en la calle o bien en casa de amigos o parientes, sin alternativa habitacional disponible de vivienda pública a su disposición mediante el pago de un alquiler", añade Llopis.

La subida del alquiler en Alicante expulsa a los inquilinos de los barrios céntricos y priva a los jóvenes de recibir ayudas

Varios colectivos, como el Sindicat, Cometas y Sonrisas, Karam y el Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales, se han concentrado este lunes a las puertas de la sede de la Entidad de Vivienda en Alicante, para pedir soluciones al número creciente de familias que disponen de un decreto de emergencia habitacional y que siguen a la espera de que se les asigne un piso social.

"La Generalitat ha comprado viviendas con fines sociales pero muchas hay que acondicionarlas y el proceso es lento porque hay que licitar las obras"

Fernando Patón

— Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales

Uno de sus representantes, Fernando Patón, ha podido hablar con técnicos de la entidad, quienes le han confirmado que reciben los expedientes de urgencia pero que ahora mismo no hay vivienda disponible. Aunque la Generalitat ha comprado vivienda, señala, muchas de ellas necesitan ser reparadas, lo que enlentece el proceso pues hay que licitar los trabajos.

Para intentar aliviar la situación, el pasado mayo el Consell adjudicó a una UTE el concurso de derecho de superficie de 17 parcelas para la promoción, construcción y gestión de 1.090 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social en toda la Comunidad con una ayuda máxima de 54 millones de euros de fondos Next Generation. Dos de los tres lotes corresponden a la provincia de Alicante. El primero ofrece tres parcelas en Sant Joan d´Alacant, una en El Campello y otra en Alicante. El segundo lote también ofrece otras cuatro parcelas en Sant Joan y dos en San Vicente del Raspeig.

Certificados de un día para otro para que las familias pobres de Alicante puedan recibir alimentos

Por su parte, el Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado un proyecto para construir un edificio público de cuatro plantas en San Blas, con 32 viviendas, con un presupuesto de 3.492.865 euros y un plazo de ejecución de las obras de 24 meses.

Ana María y sus dos hijos, a punto de ser desahuciados: "Lo que dicen todos los políticos de que nadie se va a quedar atrás es mentira"

Sin disponibilidad

La propia Conselleria de Vivienda, que cuenta con un registro de demandantes desde 2021, ha corroborado a este diario la falta de pisos. "El tiempo de espera de las familias con decreto de urgencia depende de la disponibilidad de vivienda adecuada y ahora mismo no hay viviendas disponibles en la ciudad de Alicante. Conforme van estando disponibles se adjudican según la puntuación que obtengan en el baremo, dado el alto número de urgencias existentes".

"El tiempo de espera de las familias con decreto de urgencia depende de la disponibilidad de vivienda adecuada y ahora mismo no hay viviendas disponibles en la ciudad de Alicante"

Entidad de Vivienda y Suelo de la Generalitat

Julissa Gómez está en situación de emergencia habitacional en base al informe que redactó una trabajadora social en agosto. El Ayuntamiento de Alicante lo envió a la Generalitat y en marzo supo que estaba en manos de la entidad de vivienda.

El precio del alquiler acelera en Alicante y sube un 24,6% en el último año

Esta mujer tiene a su cargo el cuidado de una hija de 21 años con artritis reumatoide y artrosis que le han llevado a estar encamada, por lo que solicitó el grado de dependencia y se lo acaban de reconocer en grado tercero. "No tenemos más ayuda que el ingreso mínimo vital y no trabajo porque la cuido las 24 horas pero puedo pagar un alquiler social", afirma. Han enviado, sin éxito hasta ahora, la solicitud de un piso social al Ayuntamiento y a la Generalitat dada la situación de salud de la hija.

"No tenemos más ayuda que el ingreso mínimo vital y no trabajo porque cuido las 24 horas de mi hija enferma pero puedo pagar un alquiler social"

Julissa Gómez

— Demandante de vivienda social

En la misma línea, Meriem Taquil explica que está en tratamiento contra el cáncer y se ha tenido que ir con su hija de 17 años a casa de una amiga, temporalmente, tras ser desahuciadas hace casi un mes, donde duermen las dos en un sofá.

En la calle

Sin embargo, se ven en la calle porque su amiga tiene más familiares. Recibe una paga de viudedad y podría pagar un alquiler social. También a Kasbi Zhor, a su hija y a su nieta de 5 años las van a desahuciar. "Estoy buscando una vivienda social pero la asistente social dice que no hay". En la mayoría de casos se tienen que marchar porque sus dueños quieren disponer de los pisos con fines turísticos.

El PP denuncia el bloqueo de la vivienda social en El Campello

No es solo en la capital. De la reunión con Vivienda los colectivos sociales han salido sin datos de las viviendas necesarias pero sí han tenido conocimiento de que la inmensa mayoría de localidades de la provincia tienen casos de emergencia habitacional. "Da una idea del problema que hay y va a más", han apuntado sus representantes.

Francisco Llopis ha abundado en que hay familias que llevan esperando una vivienda social hasta seis años y que no solo ocurre con las que dependen de la Generalitat, también con las que gestionan los ayuntamientos. "La vivienda es un derecho y no un privilegio" es una de las consignas que han repetido las familias en su protesta ante Vivienda.

Certificados de un día para otro para que las familias pobres de Alicante puedan recibir alimentos

La Plataforma contra la Pobreza y la Desigualdad de Alicante coincide en que existe un grave problema de emergencia habitacional que supone una vulneración de los derechos fundamentales de una parte importante de la sociedad, que ahora está más visibilizado.

"El artículo 47 de la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna. No son reivindicaciones políticas de un determinado signo sino que se está incumpliendo la Constitución", declara Kike Romá, portavoz de la plataforma. Una situación que afecta a toda la provincia aunque considera que en la ciudad de Alicante es especialmente grave con políticas sociales objeto de atención nacional como la ordenanza de convivencia recientemente anulada en parte por el Tribunal Superior de Justicia.

El TSJ tumba los artículos más polémicos de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante

Turistificación

"No solo no hay planes proactivos de vivienda social sino que a las personas con más carencias se les persigue para intentar esconderlo. Se intenta desviar el foco de atención del grave problema de personas sin hogar que afecta a la zona centro y en los barrios se están tensionando las relaciones por la falta de acceso a vivienda de alquiler a precios asequibles a raíz de la turistificación y de algunas empresas privadas que hacen de la vivienda su negocio", explica Romá. De ahí la reclamación unánime de los colectivos sociales de que el problema se aborde con una mirada más amplia que tiene que ver con la intervención social.

España supera el récord de pisos turísticos de antes del covid: 270.000 'airbnbs' y aún en temporada baja

La Plataforma contra la Pobreza critica el uso que se ha hecho de esta problemática durante la campaña electoral utilizando la okupación ilegal como "cortina de humo" para no hablar de la vulneración de derechos fundamentales con la falta de acceso a la vivienda.

Okupas: desinformación al servicio del miedo

"Es infinitamente mayor el número familias con pocos ingresos que no pueden acceder a un alquiler a precio razonable al de viviendas de particulares que están siendo okupadas", recuerda Romá, quien pide que se centren los esfuerzos en atender a las familias necesitadas, que se dote a los Servicios Sociales de personal y recursos; y que desde el punto de vista de la administración tanto local como autonómica se dé un impulso a la vivienda pública de alquiler social.

"Es infinitamente mayor el número de familias con pocos ingresos que no pueden acceder a un alquiler a precio razonable al de viviendas de particulares que están siendo okupadas"

Kike Romá

— Portavoz de la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión

Con estas medidas, los colectivos sociales consideran que se garantizaría un precio razonable del alquiler ya que el mercado no se regula por sí solo y menos en ciudades turísticas y costeras en los que empresas y particulares "suelen ir a optimizar su beneficio sin mirar que el derecho a la vivienda ha de estar garantizando en proporción a la cuantía media de los ingresos de las familias".