La Fiscalía Anticorrupción reclama al Ayuntamiento de Alicante la documentación oficial de las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca

Denuncia ratificada. La portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, y su adjunta, Trini Amorós, han ratificado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia presentada hace algo más de un mes por las supuestas irregularidades en la tramitación de las obras que desde la pasada primavera se vienen realizando en parte de lo que fue el parque de bomberos de la plaza de Séneca para ubicar en esas dependencias la sede de Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy, un proyecto vinculado a Alicante Futura.

Los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero, avanzándose al trámite de este miércoles, ya habían requerido al Ayuntamiento de Alicante la documentación oficial del proyecto, tras asumir las diligencias de investigación abiertas. Barceló, en la comparecencia de este miércoles, ha aportado nueva documentación relativa a la licitación del proyecto. Es de suponer que en los próximos días podrían ser llamados a declarar personas vinculadas al proyecto que, según la denuncia de los socialistas, estaría incumpliendo la normativa urbanística municipal al desoír el gobierno municipal liderado por Luis Barcala el informe de uno de sus departamentos técnicos, el de Control de Obras, y adscribir para un "uso administrativo" un espacio municipal ubicado en pleno centro de la ciudad que en el PGOU figura como "equipamiento docente".

La Agencia Local, un ente autónomo del Ayuntamiento, solicitó en marzo de 2022 al área de Patrimonio la adscripción "del uso de la planta baja" del antiguo parque de bomberos, situado en el número 21 de la calle Italia, en la plaza de Séneca, para el desarrollo del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), un proyecto de Aguas de Alicante con un presupuesto de cerca de medio millón de euros para estudiar las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua. El proyecto pretendía, según el gobierno local, que el inmueble pasará a convertirse en "una de las puntas de lanza de los denominados Territorios Futura para el desarrollo de la estrategia digital municipal".

La petición fue estimada a finales de enero de este año al considerar el equipo de gobierno "el emplazamiento idóneo" para ubicar "el CIA y el Hub de la Blue Economy en el marco de Alicante Futura" era la planta baja de este inmueble, ocupada en la actualidad por los servicios de Seguridad, Emergencias y Protección Civil. 

"No apto"

Previa a esta adscripción, la promotora del proyecto había pedido licencia de obras y el preceptivo informe de compatibilidad de uso, que el departamento técnico de Control de Obras consideró "no apto". A continuación, según se relata en la denuncia de los socialistas que ha propiciado la investigación de Anticorrupción, se produjeron dos desistimientos por parte de la mercantil: el del informe urbanístico y el de la solicitud de la licencia. Todo después de que el edificio se hubiera adscrito a la Agencia Local. 

A continuación se dictó un decreto aceptando el desistimiento de la licencia para unas obras que comenzaron a mediados de abril y que se prevé que finalicen en unas semanas, unos trabajos para los que no se requiere permiso expreso al estar impulsados a partir de la adscripción por el propio Ayuntamiento.

Antes de acudir a la Fiscalía, el PSOE requirió al gobierno de Barcala la paralización de las obras y que el Ayuntamiento impulsase una modificación puntual del PGOU para cambiar el uso de la parcela, a lo que la edil de España instó a los socialistas a que fueran a los tribunales. Al final, la denuncia se presentó ante Fiscalía a mediados de octubre, que ya ha iniciado la investigación.