El Consell pide al Gobierno que deje de aplicar criterios arbitrarios en el caudal ecológico del trasvase Tajo Segura

Cumbre en Madrid entre Generalitat y Gobierno Central en materia medioambiental. La consellera de Medio de Ambiente, Salomé Pradas, y el secretario de Estado de esta área, Hugo Morán, han mantenido un encuentro en el Ministerio para analizar políticas. Mientras hubo acuerdos en materias como la protección de la Albufera en València, no hubo puntos de encuentro en otras materias como el trasvase Tajo-Segura o la Ley de Costas que prepara la Generalitat Valenciana.

En materia del trasvase, Pradas manifestó la “falta de sintonía del Ejecutivo con nuestras reivindicaciones para los regantes de la Vega Baja”. En este sentido, señaló que la Comunidad Valenciana “quiere un trato justo y que las aportaciones de caudales del trasvase Tajo-Segura no atiendan a criterios ideológicos ni políticos, sino a criterios técnicos”.

Pradas recordó que, frente a los recortes que ha venido imponiendo el Gobierno Central, la Generalitat ya ha interpuesto cinco recursos contencioso-administrativos ante la Sala de la Audiencia Nacional que se encuentran en tramitación. “El aumento de caudales ecológicos sin informes técnicos que lo avalen no es sostenibilidad, es una injusticia que nos afecta a todos. Por ello, reclamamos el fin de esas decisiones arbitrarias que castigan a nuestra tierra. Por ello, nuestra estrategia será la misma, defender nuestros derechos por todas las vías necesarias”, manifestó.

En cambio, la consellera anunció que la Generalitat y el Gobierno habían acordado trabajar conjuntamente para establecer un protocolo de emergencia que garantizara el agua para la Albufera en Valencia ante situaciones excepcionales y críticas como las vividas este otoño. La titular de Medio Ambiente subrayó que el Gobierno “ha trasladado su apoyo y colaboración para lograr que la Albufera sea incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco, dado sus grandes valores ecológicos y paisajísticos, además de los etnológicos y culturales”. Sobre los aportes de agua para el parque natural, Salomé Pradas ha informado de que “hemos llegado a un principio de acuerdo para que reciba más aportes. Quedan diez hectómetros por recibir, atendiendo al plan de cuenca, y se valorará con los regantes para que esa agua llegue con carácter inmediato”. 

La consellera también trasladó al secretario de Estado la “urgencia” de que el Gobierno nombre a sus tres representantes -uno del Ministerio de Transición Ecológica y dos de las confederaciones del Júcar y del Segura- para la constitución de la Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana. “Sin estos nombramientos, la Generalitat no puede poner en marcha este órgano necesario para propiciar las soluciones al problema de falta de garantías en el suministro del agua en nuestra tierra”, señaló.

Ley de Costas

Salomé Pradas trasladó al Ejecutivo los avances de la Generalitat en el anteproyecto de Ley del Litoral de la Comunidad. “Hemos alcanzado un consenso para ir de la mano en este anteproyecto. Tan pronto tengamos la futura norma redactada trataremos de consensuar aquellas cuestiones que puedan separarnos o fundamentar algún recurso al Tribunal Constitucional", dijo.

Por el contrario -añadió- “no hemos llegado a puntos de encuentro sobre los deslindes”. Pradas recordó que el Consell “comparte la indignación de los vecinos de los municipios costeros”. Por ello, agregó, “alegaremos todos aquellos expedientes que se planteen y reclamaremos cuantas veces sea necesario que el Gobierno aplique las necesarias medidas de regeneración”.

El Consell lanza una ofensiva contra los recortes de los envíos del Tajo-Segura con cinco recursos ante la Audiencia Nacional

Entre los asuntos abordados en el encuentro de trabajo, la consellera subrayó la necesidad de ejecutar “con carácter de urgencia” las obras de regeneración de la costa valenciana. En este sentido, solicitó el desbloqueo del 97 % de las obras de regeneración de la costa previstas por el Gobierno y pendientes de ejecución. “Hay 60 proyectos en distinto grado de elaboración pendientes de ejecutar que podrían financiarse en su totalidad con fondos europeos y la posibilidad, sin embargo, tiene un plazo de ejecución, que es diciembre de 2025”, finalizó.