Alicante sigue cobrando la tasa de rescates un año después de que Barcala prometiese eliminarla

En marzo de 2023, este diario publicó la historia de una joven alicantina que, después de intentar suicidarse, recibió una factura por el rescate de los bomberos: se le reclamaban 211 euros en concepto de rescate. El caso generó un gran revuelo en el Ayuntamiento alicantino a escasas semanas del comienzo de la campaña electoral, y provocó una rápida respuesta del gobierno local, en ese momento conformado por el PP y Ciudadanos: "Ya estamos trabajando en la modificación de la ordenanza para que se contemple la exención expresa de aquellos supuestos donde la intervención de los bomberos tiene por objetivo salvar vidas o la integridad física de las personas", anunció el alcalde, Luis Barcala. Un año después, nada se sabe de aquella modificación "exprés" prometida por el dirigente popular.

Para la joven que protagonizó el suceso, esta incertidumbre le genera "muchísima impotencia", ya que asegura no haber recibido "ninguna anulación oficial ni ningún tipo de información procedente del Ayuntamiento". De hecho, afirma desconocer en qué situación se encuentra su expediente. "En su momento se me dijo que era un error burocrático porque no había precedentes, pero no han vuelto a hablar conmigo".

Alicante elimina el cobro de los rescates en casos en los que peligre la vida

Pese a las explicaciones ofrecidas en aquel momento por el alcalde, la afectada apunta que "no creo que sea un problema burocrático" y lamenta que "la reacción en su día fue muy rápida por una cuestión de imagen" pero que su caso fue utilizado de forma política debido a la proximidad de las elecciones. No solo por el gobierno municipal, según comenta, sino también por la oposición.

En cuanto a la medida, la joven cree que existen situaciones médicas "que requieren ayuda de los servicios de emergencia sin que sea necesario pagar una factura" puesto que "no tienen absolutamente nada que ver con un comportamiento negligente, sino con una situación de necesidad".

Revisión caso por caso

Al respecto de la polémica por no haber actualizado la ordenanza reguladora, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que "el encaje jurídico no es sencillo", además de que el Ayuntamiento ha comprobado "que en más del 90% de casos la tasa es abonada por aseguradoras".

Por ello, Barcala considera que "habría que excluir estos supuestos porque si no se haría en beneficio de los seguros y no de las personas". En cuanto a los casos que se hayan podido producir en los últimos meses, el dirigente popular destaca que "hace tiempo que estamos viendo los casos antes de abonar la tasa".

Unas explicaciones que no dan por válidas en Compromís, donde creen que lo que ocurre es que el gobierno local "no ha hecho nada, como es costumbre". La concejala Sara Llobell considera que la actual ordenanza, del año 2014, "está desfasada y solo contempla dos supuestos de exención de tasa", por lo que la coalición valencianista ha presentado una batería de exenciones, como en el caso del rescate de personas con movilidad reducida o "algo tan básico como el rescate en incendios en hogares".

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