Sanidad deriva a clínicas privadas siete de cada 10 abortos que la ley exige que se realicen en la pública
3.425 alicantinas interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2022, un 3% más que el año anterior
Hay hospitales que no realizan ni una intervención por la alta cifra de médicos objetores
Un especialista realiza una ecografía a una mujer embarazada de muy pocas semanas. / INFORMACIÓN
Cuarenta años después de que miles de mujeres salieran a la calle para defender la despenalización del aborto en España y tras varias reformas legales, la última de ellas aprobada el pasado mes de febrero, el coreado lema «nosotras parimos, nosotras decidimos» sigue todavía sin estar plenamente vigente en el día a día para muchas ciudadanas de nuestra autonomía. Al menos, por lo que se refiere al cómo y al dónde.
Los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana continúan derivando a clínicas privadas a siete de cada diez mujeres que recurren a la sanidad pública para interrumpir voluntariamente su embarazo. En algunas comarcas alicantinas, como por ejemplo la Marina Baixa, esta derivación va todavía más allá y se produce en el cien por cien de los casos. Y ello, a pesar de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva exige a las comunidades autónomas garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos, organizando sus recursos para que todas las mujeres puedan interrumpir libremente la gestación en un centro de titularidad pública antes de la semana 14.
Durante el pasado año 2022, 8.680 mujeres pusieron fin de manera voluntaria a embarazos no deseados en esta comunidad autónoma, una cifra que está un 7% por encima de las 8.057 que lo hicieron el año anterior. De ellas, 3.425 fueron mujeres residentes en la provincia de Alicante, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se incrementó por debajo de la media autonómica. Concretamente, en un 3% con respecto a las cifras de 2021, año en el que se produjeron 3.351 intervenciones. En la gran mayoría de los casos, el aborto tuvo lugar antes de las ocho semanas de gestación.
La estadística oficial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública refleja que, del total de abortos computados en este periodo, sólo 839 se llevaron a cabo en hospitales públicos de la Comunidad, mientras que 7.717 fueron practicados por médicos que trabajan en centros privados. Dicho de otra manera, las clínicas de pago asumieron el 90,2% de todas las intervenciones, que en la sanidad pública valenciana quedaron reducidas únicamente a una de cada diez.
De estas 7.717 mujeres que abortaron en clínicas privadas autorizadas, 2.474 acudieron directamente a estos centros para poner fin a la gestación sin solicitar la cobertura por parte de la Seguridad Social y, por tanto, asumiendo por sí mismas los cerca de 500 euros que puede llegar a costar este procedimiento, a pesar de ser un derecho reconocido por la legislación. Mientras, otras 5.243 mujeres sí solicitaron la cobertura de este servicio, aunque no pudieron abortar en los hospitales públicos de referencia en el área sanitaria donde residen, ni tampoco en zonas limítrofes, sino que tuvieron que hacerlo en las clínicas privadas con las que la Generalitat tiene concertadas estas intervenciones. De ellas, dos están en la provincia de Alicante.
Una pancarta en favor del aborto libre y gratuito, durante una manifestación feminista en la provincia. / INFORMACIÓN
Escasez y objeción
¿Cuál es el motivo de que la cifra de derivaciones a la sanidad privada continúe siendo tan elevada? Distintas fuentes sanitarias consultadas por este diario coinciden en señalar claramente a dos causas para explicarlo: por un lado, la escasez de profesionales que arrastran las plantillas sanitarias en la mayoría de hospitales; por otro, el elevado número de ginecólogos que se han declarado objetores, una posibilidad que contempla la ley y que les permite no tener que practicar abortos, en muchos casos por convicciones éticas o morales, pero en otros también para no tener que asumir estas intervenciones «extra».
Los ginecólogos de la provincia llevan tiempo alertando de esta situación y advirtiendo a la Conselleria de Sanidad de la imposibilidad de asumir en su totalidad los cerca de 3.500 abortos que se producen en las clínicas privadas sin un aumento de plantillas. «Aunque hay un porcentaje de interrupciones que se hacen con medicación, hay otro elevado número de mujeres que optan o que necesitan de un legrado, una aspiración o cualquier o otro método invasivo, por lo que hace falta un quirófano y un circuito para preservar su intimidad y con los recursos actuales es imposible», explican los especialistas.
Además, también hay que tener en cuenta que la provincia de Alicante acumula el mayor número de médicos que se han declarado objetores para realizar estos procedimientos. Así se recoge, al menos, en los datos con los que trabaja Sanidad y que cifra en 43 el total de médicos objetores en los hospitales públicos alicantinos —73 en toda la Comunidad—. De este modo, por ejemplo, en hospitales como el Doctor Balmis de Alicante el pasado año se declararon objetores los 27 ginecólogos de su plantilla; en el Comarcal Marina Baixa, 12 de los 14 especialistas; o en el de Alcoy, donde cuatro de los 13 facultativos del servicio también mostraron su rechazo a practicar abortos. En todos los casos, objetaron al supuesto de la ley que permite abortar antes de la semana 14 sin alegar ninguna causa, pero no por razones médicas o cuando existe grave riesgo para la mujer o el feto.
Plan para rescatar las IVES
La Conselleria de Sanidad intentó hace un par de años rescatar los abortos de las clínicas privadas para ahorrar ese dinero y que las mujeres pudieran hacerlo en la pública. Entonces, se pidió a los hospitales que elaboraran un censo de posibles médicos objetores y se llegó a plantear a las unidades de salud sexual y reproductiva de los centros de salud que asumieran los abortos farmacológicos que se hacen hasta la semana 12. Con este tipo de interrupciones, a la mujer se le proporciona una medicación para que expulse el feto en su casa y se la cita al cabo de unos días para hacer una ecografía y comprobar que ha abortado. Con la pandemia, sin embargo este plan se quedó paralizado.
A finales de 2022, este departamento autonómico volvió a modificar el protocolo de coordinación asistencial ante la solicitud de una interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad, con este mismo propósito. En dicha actualización, además, se modificaron algunos de los procedimientos relacionados con la atención a las mujeres que deciden abortar y que son desviadas a la privada. Entre ellos, que ya no tengan que pagar los 100 euros que se les exigía por la sedación, como ha estado ocurriendo hasta hace pocos meses pese a las reivindicaciones de las propias clínicas para que se incluyese en el servicio concertado esta prestación.
Desde la Conselleria de Sanidad han explicado que, con este nuevo documento, además de promover que el sistema público asuma paulatinamente un mayor número de intervenciones, también se persigue mejorar la coordinación entre los centros de salud sexual y reproductiva, los servicios de ginecología de los hospitales y las gerencias de los departamentos de salud, analizando la situación por departamentos, así como ir extendiendo la IVE farmacológica en los casos en los que esté indicada y siempre que lo decida la mujer.
Por último, y después del polémico caso por el que el Tribunal Constitucional ha acabado condenando a la Región de Murcia a indemnizar a una mujer a la que derivó para abortar a una clínica privada de Madrid, desde la Conselleria de Sanidad han asegurado que en nuestro territorio no se envían mujeres fuera de la autonomía o de su provincia de origen a interrumpir su embarazo, más allá de casos puntuales en los que haya sido voluntad expresa de la mujer por una cuestión de privacidad.
«Me sentí como en un laboratorio clandestino, como si fuera algo ilegal»
Pese a que las organizaciones y partidos antiabortistas llevan años intentando banalizar, cuando no criminalizar, la decisión de muchas mujeres de poner fin a un embarazo no deseado, incluso cuando el mismo representa un grave riesgo para ellas mismas o no va a ser viable para el feto, la gran mayoría de quienes han pasado por este trámite saben que no es una decisión fácil. De ahí que, como defiende la propia ley, el sistema público de salud esté obligado a organizar sus recursos para garantizar que cualquier persona pueda someterse a una IVE en el menor plazo y en las mejores condiciones posibles.
Sin embargo, algunos testimonios de mujeres que han pasado por este trámite y a las que la sanidad pública derivó a clínicas privadas consideran que esta prestación dista todavía mucho de lo que debería ser: primero, por el estigma que aún rodea socialmente a este tipo de intervenciones; segundo, por el desconocimiento y la falta de apoyo que encontraron.
«En mi caso, puedo asegurar que ha sido una de las peores experiencias por las que he pasado», explica una mujer que abortó en la provincia, cuando estaba de muy pocas semanas, en la recta final del pasado año. Fue remitida desde la pública a una clínica privada en Alicante y acabó poniendo una queja ante la Conselleria de Sanidad por el trato recibido durante todo el proceso. La joven, que quiere mantener en secreto su identidad, explica que desde el inicio «todo fue mal».
Para solicitar una IVE, las mujeres han de acudir inicialmente al médico de familia, que las remite al centro de salud sexual y reproductiva de su zona y, desde ahí, son derivadas para abortar bien al hospital público de referencia bien a las clínicas privadas, lo que ocurre en la gran mayoría de casos. Sin embargo, muchos profesionales desconocen todavía el circuito: «Al solicitar una cita para una IVE, en el centro de salud llegaron a reconocerme que no sabían ni de lo que les hablaba, por no decir que una médico me dijo que para no verme en esa situación, ya sabía lo que tenía que haber hecho antes», relata la mujer, que se vio obligada durante días a dar tumbos por varios centros de salud de su comarca, hasta que dio con un médico que la pudo, o la quiso, ayudar.
«Cuando me dijeron que fuera a la clínica de Alicante pensaba que ya había acabado lo peor, pero allí fue también otro despropósito», explica. «Te llamaban en todo momento por tu nombre, cuando según la ley hay que garantizar la privacidad y la confidencialidad de las mujeres; no había ningún circuito cerrado, sino que esperábamos todas en una salita pequeña y entrabas y salías a ver a un médico y a otro, y hasta llegaron a pedirme los cien euros de la anestesia —que hasta hace muy poco las mujeres tenían que pagar de su bolsillo— en mitad del pasillo», relata.
Ya para someterse a la intervención, la mujer explica que la hicieron pasar «a una sala donde había muchas camillas de hospital, separadas unas de otras por una cortina y yo oía a los médicos hablar, a una chica asustada llorando, a otra que aún tenía efectos de la anestesia y no sabía ni lo que decía,... En un momento, pedí ir al aseo y me pasearon por todo el pasillo en bata, por delante de otra chica sedada y sin ninguna privacidad». «Después, cuando me tocó a mí, volví andando por el mismo pasillo, había un médico mirando el móvil que ni se dirigió a mí, me sedaron sin casi decirme nada y ya cuando me desperté, me dieron un caramelito, un vaso de agua y a casa», recuerda.
Lamenta que muchas mujeres haya tenido que soportar «un trato denigrante y vergonzoso, cuando lo único que hacemos es ejercer un derecho que tenemos reconocido. Todo recordaba a los laboratorios clandestinos que salen en las películas del mediodía, como si estuvieses haciendo algo ilegal», rememora. Ahora, confía en que la queja que interpuso en hace unos meses ante Sanidad y este testimonio «sirvan para cambiar las cosas y que otras mujeres no tengan que sufrir un trato similar».
- Las peñas de Benidorm se preparan para la Acampada: servicios de taxi y bus y aparcamiento "extra
- Le tiran un papel en un bar de Benidorm y le corta la yugular a uno del grupo
- El gasto inesperado para los turistas en Benidorm: pagar la grúa
- El parque temático Terra Mítica vuelve a abrir sus puertas para una nueva temporada
- Medio Ambiente abre expediente sancionador a una empresa por unos vertidos en Serra Gelada
- Los agricultores alertan de que prohibir las quemas convertirá el campo en un "polvorín
- El nuevo vial discotecas de Benidorm contará con un túnel "gemelo" al de Beniardà para salvar las vías del tren
- Al rico helado... de nardo de La Vila Joiosa
