La residencia de mayores de Benidorm, a mes y medio de quedarse sin contrato de gestión

En una cuenta atrás que deja en el aire el futuro de su gestión. La Residencia de personas mayores y Centro de día de Foietes, en Benidorm, la única cien por cien pública que hay actualmente en servicio en la comarca de la Marina Baixa, se encuentra a menos de mes y medio de que finalice el contrato de gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adjudicó en el año 2017 a la empresa Sacyr Social S.L. y que vence el próximo 31 de agosto, sin que exista posibilidad de prórrogas.

Así lo han advertido trabajadores de este centro asistencial, que atiende a unos 120 mayores y dependientes tanto en la residencia como en el centro de día, y que afirman encontrarse en una situación "límite", debido a todas las consecuencias que está trayendo aparejadas esta situación. Principalmente, porque de ella depende una equiparación salarial con los trabajadores públicos del mismo sector, condicionada a la entrada en vigor de la nueva contrata, y por la que están dispuestos a realizar paros, concentraciones o encierros si no se resuelve en el plazo marcado.

"Vamos a  reclamar por la vía de la movilización lo que se viene pidiendo por las vías del derecho, si a partir del 1 de septiembre de 2023 no hay nueva gestión y se deja pasar más tiempo, con el único ánimo de seguir congelando nuestros salarios", trasladan desde el comité de empresa del centro. 

Fuentes de la Generalitat han explicado que el nuevo contrato de gestión de la residencia se empezó a tramitar "hace meses", en concreto, desde finales del pasado año, junto al de una veintena de residencias de la Comunidad que se encuentran en una situación similar. Sin embargo, el cambio de gobierno autonómico hizo que los técnicos de Intervención acordasen su paralización hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo, confiando en que los trámites puedan retomarse en el menor plazo posible.

Igualmente, tanto estas fuentes como desde la plantilla han explicado que, por lo que se refiere a los usuarios, el servicio se continuaría prestando como hasta ahora mientras que adjudica a una nueva empresa: "No se van a ver perjudicados", aclaran.

Mejoras laborales que no llegan

Los trabajadores, sin embargo, son conscientes de que, quedando mes y medio para el fin del contrato actual, "no existe tiempo material para cumplir con la fecha prevista", lo que les obliga a "seguir esperando movimientos por parte de la Administración Pública, esperando a que publiquen la licitación, esperando que nuestros salarios y nuestro trabajo tengan el valor que se merecen y que no llega, en definitiva, esperando, siempre esperando, años esperando y cansados de esperar, en situación de abandono y olvidados por aquellos a los que sí se tiene en cuenta a nivel salarial".

Igualdad equipara el salario de 12.000 empleados de servicios sociales de la pública y la concertada

Los cerca de 75 empleados de esta residencia pública de Foietes llevan años reivindicando unas mejoras en sus condiciones laborales y en sus salarios que nunca acaban de llegar. "Durante 7 años hemos tenido bloqueado y denunciado nuestro convenio colectivo laboral. En esos 7 años solo se nos aplicó un 2% de subida salarial en total, lo que ha hecho que nuestro poder adquisitivo haya bajado considerablemente encontrándonos en una situación precaria rozando la pobreza", denuncian desde el comité de empresa. Y más, teniendo en cuenta el brutal incremento que ha experimentado en el último año y medio el coste de la vida.

Como ejemplo, exponen que mientras que el salario mínimo interprofesional para trabajadores pactado Gobierno, patronal y sindicatos, independientemente de la cualificación del empleado, se sitúa en 1.080 euros en 2023, el sueldo de un auxiliar de servicios de esta residencia asciende a 1.098,44 euros, tan solo 18,44 euros por encima del SMI, a pesar de la especialización y del tipo de trabajo que estos profesionales realizan.

"Después de este tiempo esperando, contactamos con la Vicepresidencia y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y con los sindicatos que nos representan en la mesa de negociación, UGT y CCOO, exponiendo nuestra situación y solicitando que nos revisasen y desbloqueasen el convenio colectivo incluyendo tablas salariales actualizadas, puesto que el bloqueo implicaba la no subida salarial", recuerdan las mismas fuentes, que a continuación explican que, finalmente, el convenio negociado y aprobado incluía "una subida del 1% por año, desde su entrada en vigor en 2022 hasta el año 2025".

La plantilla lamenta que no se haya tenido en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de años anteriores o que se haya incluido ahora un plus de antigüedad (trienios) "que hasta la fecha no teníamos, habiendo trabajadores que tienen más de 28 años de antigüedad". Y, además, destacan que en dicho convenio se incluyeron, por fin, las reclamadas tablas salariales con las cuales les equiparan a los trabajadores públicos del mismo sector pero que, sin embargo, "acordaron que dicha equiparación salarial se implantaría, progresivamente, a partir del siguiente concurso-licitación, siguiente gestión, por tema presupuestario", de ahí la premura del comité de empresa por que se licite y adjudique cuanto antes.