El exalcalde y un edil de Altea defienden ante el juez el cese del intendente de la Policía Local para cumplir una sentencia

El exalcalde de Altea, Jaume Llinares, el actual concejal Rafael Mompó y el secretario accidental han declarado este viernes como investigados en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm por el cese en mayo de 2023 del Intendente Jefe de la Policía Local. El que fuera primer edil del municipio y los otros dos citados han defendido en el juzgado que la decisión se tomó para acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que se basaron en informes técnicos de tres departamentos municipales para tomar esa decisión.

Como ya publicó este diario, los servicios jurídicos del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) presentaron una denuncia ante el juzgado contra los tres ahora investigados "por un presunto delito de prevaricación administrativa" al cesar de su puesto de trabajo al intendente jefe de la Policía Local de Altea. Así recogían que este hecho se basaba en un informe jurídico del secretario accidental municipal que, según el sindicato, "no se ajustaba a Derecho".

El juzgado abrió diligencias previas y citó al exalcalde, al entones concejal de Personal (ahora también edil en el Ayuntamiento) y al secretario accidental como investigados por este asunto. Llinares, que ha declarado por vía telemática, ha ratificado ante el juez lo que ya explicaron los tres en un primer momento: "Hemos seguido en todo momento las indicaciones de los departamentos de Secretaría, Contratación y Recursos Humanos recogidas en los informes técnicos para cumplir una sentencia", indica Llinares a este diario. Algo que también han ratificado los otros dos citados a declarar, según las fuentes consultadas.

Así, esa sentecia, según las mismas fuentes, obligaba al cese del intendente jefe como consecuencia de la "nulidad e ilegalidad del proceso de nombramiento" porque para cubrir dicha plaza había que tener cubiertas dos plazas de inspectores, razón por la que el TSJCV "resolvió la suspensión del procedimiento hasta el cumplimiento de lo referido".

Según ha podido saber este diario, los tres investigados solo han contestado a las preguntas de su abogado y no a la parte denunciante. Por su parte, al juzgado han acudido también cuatro testigos que han explicado la situación que se vivió referida al intendente jefe que fue cesado. Las mismas fuentes aseguran que "han puesto de manifiesto que habría alguna relación personal entre uno de los investigados y quien consiguió finalmente la plaza" en el cuerpo policial.

Por su parte, el denunciante ha relatado durante el proceso "los hechos de principio a fin y ha puesto de manifiesto que había actuaciones que no se ajustaban a derecho" además de que "podría haber habido una animadversión política hacia él", según explicaron las fuentes consultadas a este diario.

Tras las diligencias previas y las declaraciones, será el magistrado quién decidirá si continúa adelante el proceso y sienta en el banquillo a los tres investigados o archiva el procedimiento.

El sindicato mantiene su postura

Fuentes del SPPLB indicaron a este diario que "mantenemos nuestra versión y seguimos pensando que el cese del intendente Jefe de la Policía Local de Altea en ese momento es contrario a derecho". Reiteran además que "como ya dijimos, es una cacicada sin precedentes". Sobre las declaraciones y que los investigados no hayan contestado a las preguntas del servicio jurídico del sindicato, afirman que "cuando una persona no tiene nada que esconder, responde a todas las preguntas que se le hacen. Sin embargo, no han contestado a la parte denunciante".

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