Citan como investigado al anterior alcalde de Altea por el cese del Intendente Jefe de la Policía Local

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm ha abierto diligencias previas contra el exalcalde de Altea, Jaume Llinares, el anterior concejal de Personal, Rafael Mompó, y contra el secretario accidental, y les ha citado como investigados por el cese el pasado mes de mayo del Intendente Jefe de la Policía Local de Altea, según ha comunicado el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB).

El sindicato denunciante explica que todo se remonta al 19 de mayo de 2023, cuando SPPLB denunció públicamente la presunta “actuación ilegal” del entonces alcalde del Ayuntamiento de Altea por cesar de su puesto de trabajo al Intendente Jefe en base a un informe jurídico del secretario accidental municipal, que el sindicato denunció porque "no se ajustaba a Derecho" y lo definieron como una “cacicada sin precedentes”.

El Sindicato Profesional, a través de su vicepresidente nacional, Francisco González, advirtió que la actuación del entonces alcalde, con el beneplácito del secretario accidental, por la que se destituyó al jefe de la Policía Local de Altea era una total y absoluta “monumental chapuza”. La destitución, según fuentes sindicales, se amparaba en una sentencia judicial que se refería "a otro proceso selectivo temporal de mejora de empleo, que ya no estaba en vigor, por cuanto que el Intendente Jefe participó y aprobó otro proceso selectivo distinto para cubrir en propiedad como funcionario de carrera la plaza de Intendente”.

Además, el sindicato profesional asegura que "el proceso selectivo del Intendente Jefe no había sido impugnado, ni estaba afectado por ninguna sentencia judicial e incluso en desarrollo de su proceso selectivo, realizó y superó el curso preceptivo de capacitación para mandos en el IVASPE. Con fecha 02 de mayo de 2023 y el IVASPE ya lo había comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Altea que tenía 15 días para nombrar funcionario de carrera al Intendente Jefe que se encuentra injustamente cesado".

Un sindicato denuncia al alcalde de Altea, un concejal y al secretario por el cese del intendente de la Policía Local

En este sentido, el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos presentó un recurso de reposición contra el decreto de cese, para "intentar que recapacitaran y fueran conscientes de la metedura de pata que habían llevado a cabo". En él cita recurso el sindicato señala que queda "claramente acreditado que el Ayuntamiento de Altea se había equivocado, que no podía proceder al cese del Intendente Jefe y que la actuación arbitraria y sin sentido del alcalde y el secretario accidental podría ser constitutiva de un posible delito de prevaricación administrativa".

González ha señalado que "tras haber esperado un tiempo prudencial para que recapacitaran y accedieran a nuestras peticiones nos hemos encontrado con personas que evaden sus responsabilidades que mienten y falsean la realidad".

Ante esta tesitura, los servicios jurídicos del Sindicato Profesional de Policías locales y Bomberos, bajo la dirección letrada de Luis Santamaría, presentaron denuncia penal ante el juzgado de guardia contra el entonces regidor, el concejal de Personal y contra el secretario accidental por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El vicepresidente Nacional del SPPLB, ha manifestado que "fueron pacientes, que incluso dieron un plazo prudencial para que recapacitaran, rectificaran y accedieran a nuestras peticiones que eran totalmente ajustadas a la legalidad, pero tal y como queda acreditado nos hemos encontrado con unas personas que han intentado poner cortinas de humo para evadir su responsabilidad y lavarse las manos, con unas personas que mienten y falsean la realidad, que han hecho oídos sordos e ignorado la ilegalidad cometida y que además se niegan a reconocer que se han equivocado".

Así, el juzgado de Instrucción Nº 2 de Benidorm, ha abierto este jueves diligencias previas contra los que en el momento de los hechos eran el alcalde de Altea, Jaume Llinares, el concejal de Personal, Rafael Mompó, y contra el secretario accidental, y tras recibir los hechos, que podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, han sido citados como investigados para ser recibidos en declaración el próximo 8 de marzo de 2024.

Preguntado por este medio, el excalde de Altea, Jaume Llinares, no ha querido hacer declaraciones al respecto de la apertura de este procedimiento. El exprimer edil se encuentra "tranquilo" y confía en que el procedimiento se hizo bajo el amparo de los servicios jurídicos municipales y con todas las garantías.