El TSJ condena al Ayuntamiento de Orxeta a pagar casi 600.000 euros a un promotor

Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Orxeta. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la condena contra el Consistorio del municipio de la Marina Baixa, que deberá afrontar el pago de casi 600.000 euros a un promotor con quien la entidad municipal llegó a un pacto en 2004, cuando el equipo de gobierno estaba formado por el PSOE. Ahora, veinte años después, el PP, que es la formación que dirige la localidad, se ha topado con un problema que puede poner en riesgo las arcas municipales.

Tal como indica el documento oficial del caso, en 2004 "se suscribió un Convenio Urbanístico por el cual el Ayuntamiento se comprometía a impulsar el correspondiente expediente administrativo para la inclusión de 400.000 metros cuadrados de una finca", propiedad del promotor, "con una edificabilidad subjetiva de 0,20m2/m2 de suelo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se encontraba en fase de redacción".

"Con este convenio la empresa tendría derecho a integrarse en las unidades de actuación resultantes del nuevo Plan General", precisa el escrito, que apunta que con ello "se le reconocería un aprovechamiento proporcional al suelo que aportase". La sentencia también especifica que la mercantil "asumiría el compromiso de urbanizar los terrenos objeto del convenio mediante el instrumento de planeamiento y gestión que estimara conveniente siendo de su cuenta todos los gastos que se generasen para la transformación urbanística del suelo que pasaría de parcela a solar".

El tiempo fue pasando y dos años más tarde se produjo un nuevo capítulo en este serial. Tal como se puede consultar en el documento, "en 2006, se firmó otro Convenio por el cual el Consistorio interesaba la realización de las obras de la 'Casa del Fester'", un nuevo elemento que acabaría teniendo un peso fundamental en esta trama. Mediante este nuevo Convenio, el Ayuntamiento "quedaba sometido a la condición de que se aprobase definitivamente el Plan General de Orxeta incluyendo como suelo urbanizable el terreno de propiedad de la empresa y con las condiciones urbanísticas que se estipularon en el Convenio de mayo de 2004".

Pero en 2020, "a la vista de que el PGOU no se aprobaba" (el nuevo plan fue denegado por Conselleria), la firma promotora presentó un escrito al Ayuntamiento en el cual solicitaba la resolución del Convenio de 2006 así como la devolución de la cantidad 597.429,45 euros más los intereses.

La Sentencia no es firme

El Ayuntamiento presentó recurso contra esta sentencia que ahora ha sido desestimado por el TSJCV. El órgano ha decretado que el Consistorio debe hacer frente al desembolso de 587.429,45 euros (cifra en la que se valora la responsabilidad patrimonial). En cualquier caso, tal como reza el escrito, "esta Sentencia no es firme" y contra ella cabe un recurso de casación que la máxima institución de Orxeta podrá presentar en un plazo de 30 días.

Tensión en un pleno multitudinario

El asunto fue abordado en un pleno que contó con decenas de asistentes a quienes el alcalde recordó que al pleno «se viene a escuchar». Fue precisamente el primer edil, Jaime Miguel Lloret, quien tomó la palabra para acusar al PSOE de «provocar una catástrofe presupuestaria» que ahora deberán pagar los vecinos del municipio. «La situación económica dejada en herencia es realmente grave y preocupante», aseveró el regidor que lamentó que la situación haya tenido que llegar hasta aquí: «Es increíble que en estos años no se consiguiera llegar a un acuerdo con la parte demandante».

Su discurso fue replicado por Jerónimo Nogueroles, concejal del PSOE, que defendió la gestión de su partido y cargó las culpas a una conselleria que ha ido cambiando las reglas del juego con la partida ya empezada: «Lo que eran informes favorables terminaron siendo pegas». El edil repitió en diversas ocasiones este argumento y animó al equipo e gobierno a recaudar lo que es debido para afrontar la condena: «Al Ayuntamiento se le debe dinero. Hay vecinos que no pagan sus impuestos».

Nogueroles también hizo mención directa a la condena y animó a recurrirla, «no para ganar tiempo, sino para ganar el caso», tal como expresó ante el alcalde y su compañero de gobierno, Nacho Díaz, que no escondieron sus dudas al respecto y que no creen «que merezca la pena recurrir». El edil socialista no se limitó a tratar de insuflar cierto optimismo a la sala, sino que incluso puso en duda las intenciones del promotor: «Este señor quiere aprovecharse y pide dinero desde que comenzó la obra»