PP y Vox agilizan en las Corts las reformas fiscales del Consell

Las rebajas de impuestos aterrizaron este miércoles en las Corts. El Consell avanza en su agenda fiscal gracias a la mayoría con la que cuentan PP y Vox en la cámara autonómica frente al rechazo de PSPV y Compromís. Las formaciones que componen el ejecutivo valenciano aprobarán este jueves el decreto ley que amplía el pago del canon de saneamiento del agua aplazado durante un año por el anterior gobierno y, por otra, tumbarán las enmiendas a la totalidad de la izquierda contra la ley que suprime el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"Este es el cambio, este es el gobierno que cumple", empezó la consellera de Hacienda, Ruth Merino, la sesión vespertina del pleno con los impuestos en el centro del debate. El botón de las votaciones lo pulsarán este jueves, pero su resultado quedó visto para sentencia tras el debate. Y en este, los portavoces tanto del PP como de Vox celebraron que supondrá el "fin del infierno fiscal" en la Comunitat Valenciana frente a PSPV y Compromís que reprocharon que el canon del agua supondrá un ahorro del 7,6 millones para dos millones de valencianos por los 364 millones que implica quitar Sucesiones a 18.000 personas.

El que tendrá un efecto inmediato tras su votación en el parlamento será el decreto ley sobre el canon de saneamiento de agua. Su aprobación amplía hasta los 36 meses (y no 18 como estaba fijado hasta ahora) el prorrateo para abonar las cuotas que se suspendieron hace un año y que comenzaban a incorporarse a las facturas e incluye una quita de esta deuda entre el 30 y el 50 % a las familias en situación más vulnerable, en total, cerca de 174.000 personas y que supondrá un coste para las arcas públicas de 7,6 millones el próximo año.

"Aumento de la deuda familiar"

"Esta es una medida real y directa frente al engaño del anterior gobierno del Botànic", justificó la consellera de Medio Ambiente y Agua, Salomé Pradas. En este sentido, incidió en que el Botànic no hizo una "exención" en estas cuotas, como dijo que se anunció en un principio, sino "un aumento de las deudas de las familias". Esta viene del decreto 6/2022 aprobado por el anterior Consell cuando se aplazó el pago de este canon entre enero de 2022 y 2023, y que posteriormente se amplió hasta el 31 de julio, volviendo a cobrarse en agosto.

Y mientras PP y Vox añadieron críticas sobre el anterior ejecutivo y, por ende, PSPV y Compromís con lamentos por los "regalitos" dejados o el "engaño" que supuso la medida; socialistas y valencianistas no anunciaron su voto en contra. De hecho, los del guiño y la sonrisa sí que confirmaron que apoyarán la medida porque el nuevo Consell "va a aprobar lo que el Botànic tenía previsto". "Bienvenida, consellera, a las políticas del Botànic", indicó el diputado Cesc Roig.

Más duro fue el parlamentario socialista José Muñoz, quien señaló que con la propuesta del Consell las familias tendrán "un ahorro de 3,6 euros al mes". Asimismo, recordó que su partido ha propuesto una Proposición de ley en la que se condona el pago de estas cuotas aplazadas a las rentas de menos de 30.000 euros y se ampliaba la prorrateo durante 60 meses. De hecho, el PSPV vinculó la medida sobre el canon con el otro debate de la tarde: la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"Preámbulo de justicia social"

Este tributo generó más choque entre los dos bloques. PSPV y Compromís habían presentado sendas enmiendas a la totalidad para que el proyecto del Consell decayera, sin embargo, los votos de la derecha permitirán tumbar estas y que se inicie su trámite parlamentario. Esta modificación legal pasará por comisión para debatir las enmiendas parciales y se espera que su aprobación definitiva llegue al próximo pleno a finales de noviembre. "Este es el preámbulo de la justicia tributaria, esta medida no solo va a beneficiar a los ricos", indicó Merino.

Su discurso fue un anticipo de las críticas que recibió de parte de la izquierda. Por parte del PSPV, Arcadi España le reprochó a Merino haber cambiado a "Stuart Mill por Milei (el candidato de ultraderecha en Argentina)", recordó que en 2022 solo pagaron el Impuesto de Sucesiones 18.000 personas, "el 0,4 % de los valencianos" y criticó que la bajada de impuestos a los más ricos de hoy "son recortes para la mayoría de valencianos del mañana".

Por Compromís, Joan Baldoví señaló que este era un impuesto para las rentas altas, rechazó que se renunciara a las herencias por pagar este impuesto (en Andalucía sin este impuesto, dijo, en 2021 se renunció al 21 % de las herencias y en la Comunitat Valenciana, con impuesto, la renuncia fue del 13,1 %) sino "por las deudas" que traían e indicó que con lo que se deja de recaudar, unos 250 millones de euros, se podrían construir 33 escuelas, 45 centros de salud o contratar 5.000 médicos de familia.

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