Emergencias, ITV y las ferias, las empresas públicas en el punto de mira
Fuentes del Consell aseguran que muchas de las irregularidades denunciadas por Mazón son menores y ya están subsanadas y circunscriben las sospechas a Bravo y Climent
Gabriela Bravo y Carlos Mazón, entonces consellera de Justicia y presidente de la Diputación de Alicante, en el puesto de mando del incendio de Vall d'Ebo, en 2022. / EFE
Cuando Carlos Mazón organizó la pasada semana una comparecencia extraordinaria para anunciar a bombo y platillo una auditoría al sector público de la Generalitat durante la época del Botànic, el jefe del Consell habló de que los organismos fiscalizadores habían detectado "irregularidades" en 50 de las 54 empresas instrumentales. La ofensiva contra la gestión de la izquierda se completaba poco después con el anuncio de una comisión de investigación sobre este asunto en las Corts pactada por PP y Vox. Para entonces, fuentes populares ya admitían que estas pesquisas no indagarían en ese medio de centenar de entes cuestionados por los informes de la Intervención y por el propio president, sino que se buscaría priorizar aquellos sobre los que existen sospechas de mayor gravedad.
Una tesis que confirman ahora fuentes del Consell, que aseguran a este diario que las entidades donde se concentran las posibles irregularidades son la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval) y en las ferias de Valencia y Alicante. La primera era responsabilidad de la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo, mientras las ITV y las instituciones feriales dependían de Rafael Climent, titular de Economía Sostenible.
Otras fuentes de la administración autonómica amplían el espectro a otros entes como la empresa pública de saneamiento de aguas (Epsar) o la de gestión medioambiental (Vaersa).
A partir de ahí, admiten que las sombras deslizadas por el jefe del Consell sobre todo el entramado público de la Generalitat forman parte de una "estrategia política", ya que en muchos casos solo se han detectado fallos "menores" y en la mayoría han sido subsanados.
El PP no ha tardado en afinar sus acusaciones y señalar directamente a Bravo por la gestión en Emergencias, donde aseguran que la conselleria trató de contratar a 1.800 empleados a las puertas del 28M sin autorización de la dirección general de Presupuestos. A la exdirigente del Botànic apuntó Mazón primero, luego el síndic Miguel Barrachina y posteriormente, el partido con un comunicado remitido este fin de semana.
Choques con Mako Mira
Según las fuentes, Bravo mantuvo enfrentamientos con la secretaria autonómica responsable del sector público, Mako Mira, a quien precisamente Mazón ha mantenido en el cargo. Una tensión que también habría mantenido Mira con Climent a cuenta de la reversión de las ITV y las ferias de Valencia y Alicante.
Los choques entre Mira y el conseller de Compromís por las inspecciones técnicas guardan paralelismos con los mantenidos con Bravo, según las personas consultadas, que apuntan a que la secretaria autonómica habría puesto reparos a las "prisas" de Climent por devolver la gestión de este servicio a la administración autonómica. De hecho, Economía tuvo que ampliar el plazo de la concesión casi dos meses. En torno a 1.000 personas fueron integradas en la plantilla de la Generalitat.
En cuanto a las ferias, la de Valencia fue la que generó mayores quebraderos de cabeza al Botànic. Costó casi ocho años sellar un acuerdo para que la Generalitat asumiera la deuda de la institución, que llegó a los 1.000 millones de euros, gracias a un acuerdo para que el Ayuntamiento de València cediera el uso de los inmuebles. La administración asumió un centenar de trabajadores.
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