Las plantas de la Comunidad triplican en una década el volumen de la desalación

La Comunidad Valenciana ha triplicado el volumen de agua desalinizada en la última década. Si en 2011 apenas se alcanzaba el hectómetro cúbico, en 2015 ya eran 30 y el salto cualitativo se dio en 2019, cuando se superaron los 100 hectómetros cúbicos. Pese a ello, los 99,83 h3 del ejercicio 2022 solo suponen un 47,42 % de la capacidad total del recurso marino que puede ser tratado en las ocho plantas desaladoras instaladas a lo largo de todo el litoral valenciano. Un total de 189,48 hm3.

Cinco de las instalaciones son de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de Mutxamel, Torrevieja, Oropesa, Moncofar y Sagunt. Las restantes, Alicante I, Alicante II y Xàbia, son gestionadas respectivamente por la Mancomunidad Canales del Taibilla y Aguas Municipales de Jávea, aunque está ultima la ha venido explotando Acciona a través de una concesión que finalizaba precisamente en 2024.

La de Torrevieja continúa siendo a día de hoy la que destaca por su mayor producción, con 55,39 hectómetros cúbicos derivados para el riego y otros 8,54 para el abastecimiento humano, según los datos de 2022 a los que ha tenido acceso este diario. El Gobierno ya proyectaba en 2022 una partida de 127,5 millones para aumentar un 25 % la capacidad de desalinización en todo el sureste con ampliaciones en cinco de las principales infraestructuras de Acuamed entre Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Así, Torrevieja pasaría de los 80 hectómetros cúbicos actuales a los 120 en un futuro.

La sobreexplotación de algunos acuíferos en la franja costera ha obligado a apostar por este tipo de alternativas para la obtención de recursos no convencionales. La valenciana se sitúa entre las autonomías punteras en este tipo de apuestas, al igual que con el uso de las aguas regeneradas en las estaciones depuradoras de la Epsar.

El impacto ambiental

La vía de la desalinización no está exenta de críticas por parte de los colectivos ambientalistas, que reclaman que la salmuera resultante de retirar la sal antes de ser eliminados en el medio marino. De cada cien litros extraídos del mar, solo cuarenta y cinco acaban siendo aptos para uso humano. El resto, que se devuelve al mar, pueden afectar a los ecosistemas litorales si no son tratados de forma adecuada como advierten periódicamente los grupos ambientalistas.

La salmuera puede ser especialmente perjudicial para la Posidonia mediterránea (Posidonia oceánica). Se trata de una especie vital, porque frena la erosión de las playas durante los temporales cada vez más extremos y ayuda a mantener el equilibrio biológico en las aguas. De ahí la insistencia del presidente Carlos Mazón de que desde el departamento de la ministra Teresa Ribera se le garantice por escrito la afección que puede tener en la costa. Todo ello con informes técnicos, tal como ha venido subrayando desde que trascendieran los planes del Gobierno para paliar la sequía que afecta a Cataluña a través del envío de agua desalada por barco desde la planta de Sagunto.

El riesgo del traslado en buques

El agua desalada es «excelente» pero su transporte por vía marítima puede entrañar «algunos riesgos» por los patógenos que pudieran proliferar en los depósitos, pese a la asepsia con que se manipulan. Algo que se puede resolver con la cloración en destino. Así lo advertía el subdirector del Instituto Universitario en Seguridad Industrial, Radiofísica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València, Jaime Lora García. Pese a ello, insistía en que se trata de «soluciones de emergencia» y lo que deben hacer las instituciones es llevar a cabo una planificación integral, donde la desalación se considere «como un seguro hídrico», como una red de infraestructuras para llevarla de un sitio a otro.

Dos puntos de la cuenca del Júcar, en emergencia

La Confederación Hidrográfica del Júcar decretó ayer la situación de emergencia para el sistema Sénia-Maestrat. Las escasas precipitaciones de finales de enero apenas han servido para paliar el déficit que arrastra esta unidad territorial, muy «vulnerable». Cuenta con un solo embalse, Ulldecona, que está a un 10 % de su capacidad. Se suma, pues, al Palancia-Los Valles, en emergencia también desde el mes pasado. La Marina Alta, mientras, continúa en alerta y Marina Baja, Mijares, Serpis y Vinalopó están en prealerta. El escenario de emergencia no se había vuelto a dar en el Sénia-Maestrat desde 2018, tras un período de sequía prolongada. En esta unidad territorial están Vinaròs y Benicarló con casi 30.000 habitantes cada una de ellas, mientras que el de la Marina Alta engloba a más de 175.000 habitantes con localidades como Dénia, Xàbia y Calp, con un elevado volumen de población. Las medidas a implementar por parte de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, usuarios o la propia Generalitat en caso de agravarse el tema pasan desde el aprovechamiento de los recursos de estaciones depuradoras, especialmente de Sagunto y Segorbe. También existe la posibilidad de activar planes de emergencia, así como acudir a la desalinización de la IDAM de Sagunto, como recoge el Plan de Sequía.