PP y Vox presentan una nueva ley para una reforma total de À Punt

Revolcón legislativo a À Punt. PP y Vox han registrado este jueves en las Corts la ley de creación de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, una enmienda a la totalidad al andamiaje normativo aprobado en 2016 con la que reabrir la radiotelevisión pública. De hecho, deroga la norma vigente y da un vuelco al marco jurídico al cambiar, entre otras cuestiones, el nombre de la corporación que rige el ente, el consejo que determina su gestión y, sobre todo, su forma de elección, lo que abre la puerta a los partidos con mayoría en las Cortes a tener el control de este.

La nueva norma de À Punt se une a otras cuatro proposiciones de ley en lo que supone “un nuevo impulso en la agenda reformista del nuevo gobierno”. Así, a la de la radiotelevisión pública, se añadirá una ley de “libertad educativa”, otra de “concordia” para “superar los muros de la memoria histórica”, otra de transparencia y compatibilidad para evitar la fuga de talento del sector público y una quinta para reforzar

Sobre la de la radiotelevisión pública, la propuesta presentada este jueves por PP y Vox es de tal calado que se pasa de la convivencia de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació como empresas que ejercían el servicio de radiotelevisión, y que ahora se dan por extinguidas, a una única: la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA. Pero más allá del nombre o de la unificación (algo debatido en los últimos años), lo mollar son los órganos encargados del control de esta empresa pública.

Así, del actual Consejo Rector de 10 miembros, al que se añadía un presidente, y un director general de À Punt (hoy Alfred Costa), se pasaría (en caso de salir adelante) a un consejo de administración con ocho integrantes y un director general al que se le añadirían más funciones. El objetivo, señala el texto en su exposición de motivos, es generar "un nuevo mecanismo, más ágil y transformador" respecto a los dos entes que venían funcionando hasta el momento.

Para ello, además, también se cambia la elección de sus representantes dando la decisión a los partidos en las Corts. De los ocho miembros, siete serán elegidos por el parlamento autonómico. Esta elección será por una primera mayoría reforzada de tres quintos y, en caso de que no prospere, será solo necesaria la mayoría absoluta. Esto permitiría a PP y Vox, con 53 de los 99 escaños, determinar la elección de estos consejeros. El octavo miembro sería elegido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, gobernada por los populares, algo que PP y Vox ya propusieron en la ley de Acompañamiento, pero tras las quejas de la oposición y para buscar un pacto, Mazón anunció su retirada.

De diez a ocho miembros

Este modelo, más centrado en un consejo de administración, es totalmente distinto al que está en vigor actualmente. De los diez miembros del órgano de control actual, cinco eran elegidos por el parlamento con una mayoría de tres quintos (ahora pasarán a siete); dos por parte del Consejo Audiosivual, uno por parte del Consell de la Ciutadania y uno era de los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos. Entre las labores del nuevo consejo de administración estará la elección del director general que hasta ahora era propuesto tras pasar un concurso y la votación en comisión de las Corts.

La puesta en marcha de un nuevo ente también implicará la subrogación del personal que actualmente se encuentra trabajando en À Punt así como la paralización del proceso de oposiciones que estaba en marcha. El texto señala que el nuevo consejo de administración "aprobará en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo" y que hasta que "en tanto en cuanto se apruebe esta nueva RPT se suspenden los procesos de selección de personal ofertadas a través de las distintas ofertas de empleo tanto de la CMCV como de la SAMC".

Suscríbete para seguir leyendo