Los Cotino y dos colaboradores se desmarcan de la estrategia de Zaplana
Los empresarios, el exjefe el gabinete y un testaferro del exministro se ponen de perfil en la primera sesión del juicio lo que augura confesiones
El exjefe del Consell será el primero en declarar cuando se retome el juicio a partir del próximo 9 de abril
Trece de los quince acusados en el caso Erial, en otra imagen captada ayer en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València. / JOSÉ MANUEL LÓPEZ
La primera sesión del juicio del caso Erial, que juzga a los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, desveló las estrategias que van a seguir las quince personas físicas (junto a cuatro jurídicas) acusadas por la Fiscalía Anticorrupción. En algunos casos por acción y otras por omisión.
Las defensas de los empresarios Vicente y José Cotino, del amigo y presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló Pachano, y del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat de 1995 a 2002, Juan Francisco García, declinaron adherirse a las peticiones de nulidad o de trasladar el juicio a la Audiencia Nacional. Tampoco plantearon sus propias cuestiones previas. Las cuatro defensas se pusieron de perfil y evitaron entrar en el cuerpo a cuerpo contra el Fiscal Anticorrupción, que protagonizaron el resto de abogados.
Un silencio clamoroso que augura las posibles confesiones en el juicio a cambio de una rebaja considerable de las penas que solicita para ellos. Unas posibles conformidades con la Fiscalía Anticorrupción que evitaría a los Cotino, García y Barceló entrar en prisión, si llegaran a ser condenados.
Beneficios de 86.511.400 euros para los Cotino
Los hermanos Cotino y el exjefe de gabinete, Juan Francisco García son los procesados que más penas afrontan. Anticorrupción pide catorce años de cárcel para cada uno de ellos. El caso Erial ha desenredado el entramado empresarial de los Cotino y ha investigado nueve de sus empresas. Anticorrupción acusa a los Cotino de pagar mordidas a Zaplana, Olivas y García por valor de 10.521.351 euros a cambio de las adjudicaciones públicas relacionadas con la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Unas adjudicaciones que, al revenderlas años después, les supusieron beneficios por valor 86.511.400 euros.
El jefe de gabinete de Zaplana de 1995 a 2002, Juan Francisco García, también se enfrenta a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de catorce años de prisión. García presidió la Comisión Interdepartamental para la racionalización del sector publicó que privatizó las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Una intervención administrativa que podría causarle problemas frente a la estrategia exhibida ayer por Zaplana y Olivas de no haber firmado, ni intervenido en ningún expediente de adjudicación.
Los Cotino ingresaron 2,1 millones de euros en la mercantil luxemburguesa creada por ellos en 2001, Fénix Investments, que liquidó Juan Francisco García el 10 de julio de 2012, quedándose el dinero. Su empresa Dobles Figuras Consultores SL, creada en 2002 cuando abandonó la política, también cobro de otras empresas de Sedesa 1,3 millones entre 2003 y 2011 por servicios supuestamente inexistentes, según el escrito de acusación que ahora parece que aceptará.
El principal testaferro
Por último, Joaquín Barceló Pachano, amigo de juventud de Zaplana y miembro de la Peña Picarol de Benidorm, ocupó una dirección general en Turismo y fue directivo de Terra Mítica, el proyecto faraónico que inició la fiebre por los grandes proyectos y eventos, que también acogió una trama de facturas falsas. Y que se saldó con condenas de 305 años de cárcel para 22 condenados (entre ellos un cuñado de Zaplana) y multas de 71,2 millones de euros por fraude a la Hacienda Pública.
Barceló es administrador único y la parte esencial del entramado empresarial utilizado para evadir el dinero a Andorra (donde era propietario de cuatro empresas panameñas) y retornarlo a España desde Luxemburgo, país donde ingresaban las mordidas los Cotino, a través de mercantiles como Costera del Glorio, Medlevante o Gesdesarrollos Integrales, utilizadas para las inversiones inmobiliarias en la Marina, en la exclusiva urbanización La Finca de Madrid o en el exclusivo piso de la calle Núñez de Balboa en el barrio de Salamanca de Madrid y de los que se beneficiaba presuntamente Zaplana.
Con la casi certeza de estas confesiones, el juicio del caso Erial se retomará el próximo 9 de abril con las declaraciones de los quince acusados. Abrirá las sesiones el expresidente de la Generalitat y exministro que declarará por primera vez en la causa, ya que se acogió a su derecho a no declarar al ser detenido y después no ha solicitado comparecer. Y lo hará a ciegas, sin saber lo que sus antiguos colaboradores podrían declarar contra él.
El tribunal rechaza las nulidades y el intento de ir a la Audiencia Nacional
Las dos sesiones previstas para las cuestiones previas del juicio del caso Erial se finiquitaron ayer en una única vista de casi cinco horas celebradas sin descansos en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia. Las defensas de los principales atacaron por tierra, mar y aire los indicios que apuntalan la acusación contra ellos. El abogado de Zaplana, Daniel Campos (ya recuperado de su dolencia que obligó a demorar el juicio en febrero) solicitó trasladar a la Audiencia Nacional la causa para ser enjuiciada. Una petición que ya fracasó en instrucción. Y que ayer no prosperó ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de València. Otros abogados como Carmen Gallego (defiende a Mitsouko Henríquez, secretaria de Zaplana), Bosco García de Viedma (letrado de Francisco Grau, presunto testaferro de Zaplana y cerebro fiscal de la supuesta trama) o Saturnino Suanzes (que se defiende a sí mismo del presunto delito de blanqueo) o Francisco Javier González Espadas (que defiende a José Luis Olivas) solicitaron la nulidad del registro que inició el caso Erial. Se trata de la hoja de ruta de las mordidas conocida como los «papeles del sirio» que un ciudadano que vivió en un piso ocupado por Zaplana entregó al yonqui del dinero, Marcos Benavent. Y que la UCO de la Guardia Civil encontró durante un registro en el despacho del primer abogado del yonqui del dinero. También intentaron expulsar de la causa al presunto testaferro uruguayo de Zaplana que declarará como testigo tras entregar 6.734.026,1 euros a los investigadores del caso Erial que sólo entonces dejaron en libertad a Zaplana. O que se declarara la prescripción de los delitos. Sin éxito. El tribunal rechazó todas las peticiones y responderá en sentencia a las solicitudes.
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