PP y Vox aplazan en las Cortes Valencianas el debate sobre la prostitución a la espera de la ley estatal

La modificación de las leyes de Carreteras y de Espectáculos para poder multar a los clientes de prostitución así como aquellos que se benefician económicamente de esta actividad tendrá que esperar. Pese a que ambas proposiciones de ley fueron registradas en septiembre por el PSPV y superaron el primer escollo con unanimidad de todos los grupos, PP y Vox han acordado aplazar el periodo de enmiendas tres meses respecto a su fecha inicial (el 22 de marzo), hasta finales de junio. El motivo, según admiten fuentes del PP, es que el debate también se está dando a nivel estatal.

El Congreso y las Cortes Valencianas son dos cámaras parlamentarias con actividades independientes, autónomas la una de la otra pero hay veces que los debates en una acaban intercediendo en la otra. Y es lo que ha ocurrido con la prostitución y las posibilidades legales que están sobre la mesa para regular o sancionar su actividad. Tanto en el parlamento autonómico como en la Cámara Baja estatal hay sendas normas para castigar su consumo. En ambos casos, la promueve el Partido Socialista. Y aunque son complementarias porque afectan a dos ámbitos distintos, en el PP han preferido echar el freno y esperar cómo queda el asunto a nivel estatal para después abordarlo a nivel autonómico.

El pasado 19 de marzo el Grupo Socialista registró en el Congreso una Proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas". Entre las medidas que se proponen está la de castigar con multas de entre 12 y 24 meses a quienes paguen por sexo, un castigo que aumenta a una pena de prisión de entre 1 y 3 años si quien presta el acto sexual es menor de edad, así como una pena de prisión de dos a cuatro años para quien "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento o cualquier otro espacio a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona".

Este punto, el de sancionar a los establecimientos que se beneficien económicamente por la prostitución, es una de las acciones que contemplaría la modificación de la ley de Espectáculos si sale adelante tal y como la presentó el PSPV, una propuesta que lleva trabajándose desde la legislatura pasada en el seno de la Conselleria de Justicia que encabezaba Gabriela Bravo.

De hecho, esa modificación llegó al último pleno de las Cortes en lectura única, sin opción de cambios, y fue tumbada por el resto de grupos parlamentarios. El único que apoyó a los socialistas fue el PP, cuyos votos junto a los de los del puño y la rosa, fueron insuficientes frente a los de Ciudadanos, Compromís, Unides Podem y Vox. 

Futuros cambios

Ahora (en concreto, el pasado 23 de marzo) y después de la comparecencia de asociaciones afectadas y expertos en comisión, tocaba el turno de las enmiendas. Todos los partidos, excepto los socialistas, habían anunciado que presentarían modificaciones al texto. Sin embargo, PP y Vox reclamaron una prórroga de tres meses y la Mesa de las Cortes, con mayoría de ambas formaciones, ha aceptado. Esta podría ser ampliada y no es seguro que se pueda debatir antes de que acabe el periodo de sesiones, que finaliza en julio, aunque en el PSPV desconfían de la voluntad del PP de apoyarla.  

Para ello, habrá un ojo mirando al Congreso, no solo por la velocidad a la que pueda tramitarse la propuesta sobre el proxenetismo, sino qué posición toman los ‘populares’ al respecto. Con una parte del bloque de la investidura de sancionar la prostitución y de las normas que califican «punitivistas», el PP aparece como un socio necesario para sacar adelante la ley en el Congreso, algo que podría acabar por impulsar las de las Cortes. 

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